Alianza País y el PSP, juntos por los fondos partidistas
Ayer, María Paula Romo (Alianza País) aclaró que la reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia), pretendía “darle viabilidad” a la misma. Y no cambiar la lógica de asignación del Fondo Partidario Permanente.
Con 79 votos a favor, seis en contra, cinco blancos y 18 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto. Así, hasta que se desarrolle el siguiente proceso electoral pluripersonal en el 2013, la distribución del Fondo Partidario Permanente se hará entre las organizaciones políticas que participaron en las contiendas de abril y junio del 2009 y sobre la base de sus resultados.
La repartición no sería posible sin ese ajuste al Código, pues la Constitución establece que para recibir los recursos, los partidos deben haber sido reinscritos y además, los movimientos, haber obtenido el 5% de los votos válidos a escala nacional, en dos elecciones pluripersonales sucesivas.
Solo el MPD y el MAR han sido reinscritos en el Consejo Nacional Electoral y tendrían derecho a recibir la asignación estatal.
A pesar de eso, Fausto Cobo (PSP) defendió la reforma. Para ello usó sinónimos que acercaron a la oposición con Romo, la presidenta de la Comisión de Justicia, en el segundo debate.
“Hay que buscar mecanismos, hacer factible la implementación de lo que dice la Constitución”, indicó Cobo. Él, en buena parte de sus intervenciones, ha criticado “el modelo totalitario del oficialismo”. Esta vez no usó esa frase.
Recordó que en la Constitución de Montecristi (vigente desde octubre del 2008) se estableció la obligatoriedad del Estado de patrocinar el funcionamiento de las organizaciones políticas. Precisó que no se tomaron en cuenta elementos para implementarla. Pero apuntó que no se podía dejar que los partidos y los movimientos “reciban cuotas de grupos de presión interesados...”.
El discurso del coronel retirado provocó que César Montúfar (Concertación Nacional) discrepara. Ambos han trabajado en temas como la Ley de Comunicación y el rechazo a la versión gubernamental del 30- S.
A quienes llamó “amigos de Sociedad Patriótica” les preguntó “¿cuál es el menaje que darán?” Y contestó de inmediato: “Que para repartirse el dinero sí se unen el Gobierno y la oposición...”.
En esa misma línea crítica a la reforma, el socialista Tomás Zeballos advirtió al bloque oficialista que el Ejecutivo pudiera cometer un delito de peculado si sanciona la ley. “Le harán meter la pata... Se han juntado el hambre y la necesidad...”. Según calcula, hasta el 2013, las organizaciones se repartirían ilegalmente unos USD 40 millones. En el 2009 se repartieron USD 6 millones
Fausto Camacho, vocal del Consejo Nacional Electoral, anotó que se reparte el 0,3 por mil de los egresos del Presupuesto General del Estado. Cree que serían unos USD 7 millones por año.
Por su parte, Virgilio Hernández (A. País) basó su argumentación en la necesidad de evitar que las campañas electorales sean costeadas por financistas, que compran los partidos.“No olvidamos que se financiaron partidos con fondos de la banca, eso permitió que exista contubernio entre el sistema político y financiero para hacer y deshacer”.
Luis Almeida (PSP) coincidió con Hernández, coordinador de A. País . Para él, ninguna de las organizaciones intenta robarse nada. Pidió recordar que desde 1998, los partidos políticos son financiados por el Estado. “Y no por la chequera de la oligarquía, como decía Don Buca...”.
Vicente Taiano (Prian), como acostumbra, recurrió a las leyes para defender la tesis., aunque finalmente su partido se abstuvo en la votación. Precisó que en el Código Civil se habla de las funciones prorrogadas y que no había una disposición que indique que ya no existen los partidos. “Soy el director nacional del Prian. Iniciaremos un proceso de reafiliación”. Pero hay que viabilizar eso con recursos estatales, como indica la Constitución. Se sumó así el argumento de Romo y de los asambleístas del PSP.
Con 79 votos a favor, seis en contra, cinco blancos y 18 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto. Así, hasta que se desarrolle el siguiente proceso electoral pluripersonal en el 2013, la distribución del Fondo Partidario Permanente se hará entre las organizaciones políticas que participaron en las contiendas de abril y junio del 2009 y sobre la base de sus resultados.
La repartición no sería posible sin ese ajuste al Código, pues la Constitución establece que para recibir los recursos, los partidos deben haber sido reinscritos y además, los movimientos, haber obtenido el 5% de los votos válidos a escala nacional, en dos elecciones pluripersonales sucesivas.
Solo el MPD y el MAR han sido reinscritos en el Consejo Nacional Electoral y tendrían derecho a recibir la asignación estatal.
A pesar de eso, Fausto Cobo (PSP) defendió la reforma. Para ello usó sinónimos que acercaron a la oposición con Romo, la presidenta de la Comisión de Justicia, en el segundo debate.
“Hay que buscar mecanismos, hacer factible la implementación de lo que dice la Constitución”, indicó Cobo. Él, en buena parte de sus intervenciones, ha criticado “el modelo totalitario del oficialismo”. Esta vez no usó esa frase.
Recordó que en la Constitución de Montecristi (vigente desde octubre del 2008) se estableció la obligatoriedad del Estado de patrocinar el funcionamiento de las organizaciones políticas. Precisó que no se tomaron en cuenta elementos para implementarla. Pero apuntó que no se podía dejar que los partidos y los movimientos “reciban cuotas de grupos de presión interesados...”.
El discurso del coronel retirado provocó que César Montúfar (Concertación Nacional) discrepara. Ambos han trabajado en temas como la Ley de Comunicación y el rechazo a la versión gubernamental del 30- S.
A quienes llamó “amigos de Sociedad Patriótica” les preguntó “¿cuál es el menaje que darán?” Y contestó de inmediato: “Que para repartirse el dinero sí se unen el Gobierno y la oposición...”.
En esa misma línea crítica a la reforma, el socialista Tomás Zeballos advirtió al bloque oficialista que el Ejecutivo pudiera cometer un delito de peculado si sanciona la ley. “Le harán meter la pata... Se han juntado el hambre y la necesidad...”. Según calcula, hasta el 2013, las organizaciones se repartirían ilegalmente unos USD 40 millones. En el 2009 se repartieron USD 6 millones
Fausto Camacho, vocal del Consejo Nacional Electoral, anotó que se reparte el 0,3 por mil de los egresos del Presupuesto General del Estado. Cree que serían unos USD 7 millones por año.
Por su parte, Virgilio Hernández (A. País) basó su argumentación en la necesidad de evitar que las campañas electorales sean costeadas por financistas, que compran los partidos.“No olvidamos que se financiaron partidos con fondos de la banca, eso permitió que exista contubernio entre el sistema político y financiero para hacer y deshacer”.
Luis Almeida (PSP) coincidió con Hernández, coordinador de A. País . Para él, ninguna de las organizaciones intenta robarse nada. Pidió recordar que desde 1998, los partidos políticos son financiados por el Estado. “Y no por la chequera de la oligarquía, como decía Don Buca...”.
Vicente Taiano (Prian), como acostumbra, recurrió a las leyes para defender la tesis., aunque finalmente su partido se abstuvo en la votación. Precisó que en el Código Civil se habla de las funciones prorrogadas y que no había una disposición que indique que ya no existen los partidos. “Soy el director nacional del Prian. Iniciaremos un proceso de reafiliación”. Pero hay que viabilizar eso con recursos estatales, como indica la Constitución. Se sumó así el argumento de Romo y de los asambleístas del PSP.
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