Nueve comisiones creadas por Rafael costaron $ 4,7 millones
Cuatro y cinco años después de que el Gobierno empezara a crear comisiones de investigación para esclarecer delitos o técnicas para viabilizar cambios en la estructura del Estado –y cuando la mayoría ya no está funcionando– se conoce cuánto le costaron al país nueve de los once grupos integrados entre el 2007 y el 2010.
De la lectura de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado a esos grupos se concluye que ministerios y otras entidades estatales desembolsaron más de $ 4,7 millones.
Las comisiones auditadas por la Contraloría fueron la de la Verdad (creada el 3 de mayo del 2007), la Técnica Presidencial para la creación de los componentes de la nueva Arquitectura financiera Regional (18 de mayo del 2007), la de Investigación del asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez (23 de mayo del 2007); la creada para investigar el triple asesinato de Jaime Hurtado, Pablo Vicente Tapia y Wellington Borja (19 de junio del 2007); y la de Auditoría Integral del crédito Público (9 de julio del 2007).
También la de elaboración de proyectos de leyes para la reestructuración jurídica del Estado (18 de septiembre del 2007); la de Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales ecuatorianos (15 de mayo del 2008); y la de Auditoría de las concesiones de frecuencias de radio y televisión (20 de noviembre del 2008).
El organismo no efectuó esas acciones de control en otras tres comisiones conformadas en ese mismo periodo: la que investigó el salvataje bancario, la de juristas que ese encargó de redactar un borrador de nueva Constitución y la que indagó sobre los ataques del Ejército colombiano en Agostura.
Al consultar sobre por qué no hizo esas evaluaciones, fuentes de la Contraloría solo se refirieron a la de Angostura. En esta sí hubo una verificación preliminar que determinó que “en consideración al monto total de gastos, la significatividad de los mismos... no amerita la realización de un examen especial”. A esa comisión se le asignaron $ 360.050.
El monto del costo del funcionamiento de estas comisiones es parcial pues luego de los exámenes algunas siguieron funcionando; la de Arquitectura Financiera aún está activa.
La más costosa fue la que investigó los crímenes de lesa humanidad entre 1984 y el 2008.
Su presupuesto: $ 1’768.811. De ese fondo, el 56% correspondió al pago de personal técnico, el cual fue contratado sin relación de dependencia y bajo la modalidad de servicios ocasionales (unas 40 personas).
En contraste, la de Inteligencia empleó lo que le asignaron: $ 6.582, en la organización de un seminario con expertos argentinos. El Ministerio de Defensa no asignó a este grupo ningún fondo especial sino que los desembolsos se realizaron con cargo a su presupuesto institucional.
En cinco de las ocho comisiones en las que se realizaron exámenes especiales, el órgano de control determinó que el manejo de los recursos estuvo “apegado a las disposiciones legales y reglamentarias”. Esos informes no tienen más de seis páginas con carátula e índice.
Sí realizó observaciones en tres. En la de Auditoría de Frecuencias detectó que esta comisión aprobó un reglamento interno sin tener capacidad legal para hacerlo y además lo incumplió, porque sus integrantes no se reunían en los periodos que este establecía.
Además que pagó remuneraciones de dos comisionados nacionales y dos extranjeros suplentes “sin que exista evidencia de retiro o renuncia de los principales y su respectiva titularización”. En total, estos recibieron $ 39.330,65.
Y canceló los honorarios de los comisionados nacionales y foráneos sin que estos previamente presenten sus informes de actividades mensuales, requisito previsto en los contratos suscritos con el Ministerio de Sectores Estratégicos.
En la de Arquitectura Financiera, la Contraloría halló que algunos contratos con personal técnico fueron legalizados con fecha posterior a la de su vigencia; que los servidores registraban su ingreso y su salida en listas que no se enviaban a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas y que se pagaron vacaciones no gozadas pese a que las leyes especifican que los empleados tienen la obligación de tomar esos días.
Y en la comisión de Auditoría de la deuda externa se encontró que el Ministerio de Finanzas firmó los contratos de los comisionados sin observar todos los requisitos previstos en las normas laborales para los servidores públicos y que hizo convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG) que no tenían el perfil relacionado con el trabajo de ese grupo.
Si bien la Contraloría no realizó un examen especial a la comisión para los hechos de Angostura, en la verificación preliminar se concluyó que en sus gastos “se aplicaron razonablemente las disposiciones que rigen para el sector público”.
“Las actividades (de la Comisión) se financiaron con fondos públicos por $ 386.800,00 transferidos por el Ministerio de Finanzas, de los cuales se utilizaron $ 360.050”.
Los auditados o verificados: Grupos creados entre el 2007 y el 2010
De la Verdad para investigar crímenes de lesa humanidad
$ 1"768.811
Trabajó durante 25 meses. En su informe final, presentado en junio del 2010, identificó al menos 450 víctimas de violaciones a los derechos humanos en el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) y periodos posteriores.
De auditoría de Crédito Público
$ 1"097.515
La Comisión presentó su reporte final en noviembre del 2008. En este señaló que la deuda externa (pública y comercial) del país era “ilegal e ilegítima” y que el perjuicio para el Estado habría llegado a $ 64.000 millones entre 1976 y el 2006.
Para una Nueva Arquitectura Financiera Regional
$ 857.219,08
Aún está funcionando. Inicialmente estaba adscrita al banco Central, pero se convirtió en un ente autónomo. Está encargada de impulsar el Banco del Sur, el Sistema Único de Compensaciones (Sucre) y el Fondo Latinoamericano de Reservas.
Para la investigación del ataque colombiano en Angostura
$ 360.050
En diciembre del 2009, los comisionados concluyeron que no existían vínculos del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero sí posibles nexos de exfuncionarios; y sugirieron reforzar la seguridad fronteriza.
Para la auditoría de frecuencias creada por mandato constitucional
$ 290.286,69
No presentó una cifra total de las frecuencias de radio y televisión que debían revertirse, pero detalló cuáles fueron los mecanismos irregulares para concederlas, como el de devolución-concesión o el cambio de matriz a repetidora.
Para proyectos de leyes de reestructuración jurídica del Estado
$ 210.151,18
Tenía el encargo de elaborar diez leyes y tres códigos (Penal, de comercio y Procedimiento Civil), pero entregó los últimos. También preparó el proyecto para depurar la normativa legal obsoleta que sí fue aprobado por la Asamblea Nacional.
Para la investigación del crimen de Jaime Hurtado
$ 122.641
Se creó en 1999, durante el Gobierno de Jamil Mahuad y se cerró en el 2005, en el régimen de Alfredo Palacio. El presidente Rafael Correa la reactivó. Su investigación permitió descubrir a los autores materiales del crimen, que hoy están en la cárcel.
Para la investigación del asesinato de Soledad Rodríguez
$ 30.602
Aún está activa. Su informe final estará listo en noviembre; su investigación determinó que el asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral fue perpetrado por miembros de la denominada Banda del Cubano; algunos están encarcelados.
Para la investigación de los Servicios de Inteligencia
$ 6.582,79
Recomendó reestructurar los órganos de inteligencia policial y militar y promulgar una Ley de Inteligencia. El Gobierno dio paso a esos cambios y el ‘Congresillo’ aprobó una Ley de Seguridad del Estado que creó la Secretaría de Inteligencia.
De la lectura de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado a esos grupos se concluye que ministerios y otras entidades estatales desembolsaron más de $ 4,7 millones.
Las comisiones auditadas por la Contraloría fueron la de la Verdad (creada el 3 de mayo del 2007), la Técnica Presidencial para la creación de los componentes de la nueva Arquitectura financiera Regional (18 de mayo del 2007), la de Investigación del asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez (23 de mayo del 2007); la creada para investigar el triple asesinato de Jaime Hurtado, Pablo Vicente Tapia y Wellington Borja (19 de junio del 2007); y la de Auditoría Integral del crédito Público (9 de julio del 2007).
También la de elaboración de proyectos de leyes para la reestructuración jurídica del Estado (18 de septiembre del 2007); la de Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales ecuatorianos (15 de mayo del 2008); y la de Auditoría de las concesiones de frecuencias de radio y televisión (20 de noviembre del 2008).
El organismo no efectuó esas acciones de control en otras tres comisiones conformadas en ese mismo periodo: la que investigó el salvataje bancario, la de juristas que ese encargó de redactar un borrador de nueva Constitución y la que indagó sobre los ataques del Ejército colombiano en Agostura.
Al consultar sobre por qué no hizo esas evaluaciones, fuentes de la Contraloría solo se refirieron a la de Angostura. En esta sí hubo una verificación preliminar que determinó que “en consideración al monto total de gastos, la significatividad de los mismos... no amerita la realización de un examen especial”. A esa comisión se le asignaron $ 360.050.
El monto del costo del funcionamiento de estas comisiones es parcial pues luego de los exámenes algunas siguieron funcionando; la de Arquitectura Financiera aún está activa.
La más costosa fue la que investigó los crímenes de lesa humanidad entre 1984 y el 2008.
Su presupuesto: $ 1’768.811. De ese fondo, el 56% correspondió al pago de personal técnico, el cual fue contratado sin relación de dependencia y bajo la modalidad de servicios ocasionales (unas 40 personas).
En contraste, la de Inteligencia empleó lo que le asignaron: $ 6.582, en la organización de un seminario con expertos argentinos. El Ministerio de Defensa no asignó a este grupo ningún fondo especial sino que los desembolsos se realizaron con cargo a su presupuesto institucional.
En cinco de las ocho comisiones en las que se realizaron exámenes especiales, el órgano de control determinó que el manejo de los recursos estuvo “apegado a las disposiciones legales y reglamentarias”. Esos informes no tienen más de seis páginas con carátula e índice.
Sí realizó observaciones en tres. En la de Auditoría de Frecuencias detectó que esta comisión aprobó un reglamento interno sin tener capacidad legal para hacerlo y además lo incumplió, porque sus integrantes no se reunían en los periodos que este establecía.
Además que pagó remuneraciones de dos comisionados nacionales y dos extranjeros suplentes “sin que exista evidencia de retiro o renuncia de los principales y su respectiva titularización”. En total, estos recibieron $ 39.330,65.
Y canceló los honorarios de los comisionados nacionales y foráneos sin que estos previamente presenten sus informes de actividades mensuales, requisito previsto en los contratos suscritos con el Ministerio de Sectores Estratégicos.
En la de Arquitectura Financiera, la Contraloría halló que algunos contratos con personal técnico fueron legalizados con fecha posterior a la de su vigencia; que los servidores registraban su ingreso y su salida en listas que no se enviaban a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas y que se pagaron vacaciones no gozadas pese a que las leyes especifican que los empleados tienen la obligación de tomar esos días.
Y en la comisión de Auditoría de la deuda externa se encontró que el Ministerio de Finanzas firmó los contratos de los comisionados sin observar todos los requisitos previstos en las normas laborales para los servidores públicos y que hizo convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG) que no tenían el perfil relacionado con el trabajo de ese grupo.
Si bien la Contraloría no realizó un examen especial a la comisión para los hechos de Angostura, en la verificación preliminar se concluyó que en sus gastos “se aplicaron razonablemente las disposiciones que rigen para el sector público”.
“Las actividades (de la Comisión) se financiaron con fondos públicos por $ 386.800,00 transferidos por el Ministerio de Finanzas, de los cuales se utilizaron $ 360.050”.
Los auditados o verificados: Grupos creados entre el 2007 y el 2010
De la Verdad para investigar crímenes de lesa humanidad
$ 1"768.811
Trabajó durante 25 meses. En su informe final, presentado en junio del 2010, identificó al menos 450 víctimas de violaciones a los derechos humanos en el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) y periodos posteriores.
De auditoría de Crédito Público
$ 1"097.515
La Comisión presentó su reporte final en noviembre del 2008. En este señaló que la deuda externa (pública y comercial) del país era “ilegal e ilegítima” y que el perjuicio para el Estado habría llegado a $ 64.000 millones entre 1976 y el 2006.
Para una Nueva Arquitectura Financiera Regional
$ 857.219,08
Aún está funcionando. Inicialmente estaba adscrita al banco Central, pero se convirtió en un ente autónomo. Está encargada de impulsar el Banco del Sur, el Sistema Único de Compensaciones (Sucre) y el Fondo Latinoamericano de Reservas.
Para la investigación del ataque colombiano en Angostura
$ 360.050
En diciembre del 2009, los comisionados concluyeron que no existían vínculos del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero sí posibles nexos de exfuncionarios; y sugirieron reforzar la seguridad fronteriza.
Para la auditoría de frecuencias creada por mandato constitucional
$ 290.286,69
No presentó una cifra total de las frecuencias de radio y televisión que debían revertirse, pero detalló cuáles fueron los mecanismos irregulares para concederlas, como el de devolución-concesión o el cambio de matriz a repetidora.
Para proyectos de leyes de reestructuración jurídica del Estado
$ 210.151,18
Tenía el encargo de elaborar diez leyes y tres códigos (Penal, de comercio y Procedimiento Civil), pero entregó los últimos. También preparó el proyecto para depurar la normativa legal obsoleta que sí fue aprobado por la Asamblea Nacional.
Para la investigación del crimen de Jaime Hurtado
$ 122.641
Se creó en 1999, durante el Gobierno de Jamil Mahuad y se cerró en el 2005, en el régimen de Alfredo Palacio. El presidente Rafael Correa la reactivó. Su investigación permitió descubrir a los autores materiales del crimen, que hoy están en la cárcel.
Para la investigación del asesinato de Soledad Rodríguez
$ 30.602
Aún está activa. Su informe final estará listo en noviembre; su investigación determinó que el asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral fue perpetrado por miembros de la denominada Banda del Cubano; algunos están encarcelados.
Para la investigación de los Servicios de Inteligencia
$ 6.582,79
Recomendó reestructurar los órganos de inteligencia policial y militar y promulgar una Ley de Inteligencia. El Gobierno dio paso a esos cambios y el ‘Congresillo’ aprobó una Ley de Seguridad del Estado que creó la Secretaría de Inteligencia.
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