Montecristi: asesores españoles ganaban $6 mil mensuales
Mientras el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y los miembros de la Comisión de Comunicación que pertenecen al movimiento gobiernista Alianza País (AP) ponen reparos a la visita de la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, por considerar que no se necesita la asesoría extranjera para el análisis del proyecto de ley de Comunicación, el Gobierno ha contratado en varias ocasiones a expertos internacionales para varios proyectos.
Por ejemplo, se contrató a tres asesores españoles del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), con sede en Valencia, para que colaboren en la elaboración de la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente de Montecristi. En junio de 2008, HOY informó de la presencia de Roberto Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacios, integrantes del CEPS.
El 3 de enero de 2008, el exprocurador del Estado Xavier Garaicoa y el CEPS firmaron un contrato de asesoría constitucional por 12 mil euros mensuales ($18 494) para los tres expertos hasta el 31 de agosto de 2008.
Según la información publicada por este Diario, se podía ver a los españoles en reuniones con los asambleístas examinando las Constituciones de Venezuela, Bolivia y otros países, para establecer comparaciones.
Revisaban también la estructura de los artículos, el lenguaje constitucional, las figuras jurídicas. Su oficina funcionó frente a la Mesa 2, de Organización, Participación Social y Ciudadanía, y a pocos metros de la oficina de la Presidencia de la Constituyente.
¿Cuál fue en realidad el papel de los españoles? Rolando Panchana, exasambleísta constituyente y actual miembro de la Comisión de Comunicación, dijo que los consultores españoles apoyaron solo en aspectos conceptuales y de estructura jurídica durante las discusiones iniciales y aseguró que la redacción de la Constitución se efectuó en las Mesas Constituyentes.
"No hemos negado la participación de Botero", dijo, aunque sí cuestionó que se quiera traer gente del exterior (ver entrevista adjunta).
Sus coidearios Fernando Cordero, Jaime Abril y César Rodríguez negaron también que asesores extranjeros hayan intervenido en la redacción final de la Constitución y coincidieron en señalar que la relatora de la ONU no tendrá límites para dar su opiniones, pero no con la capacidad de colegislar.
Cordero señaló que ser legislador en el Ecuador significa ganar una elección popular. "No puede ser que una persona venga a darnos normas de cómo debemos redactar una ley", comentó. Jaime Abril dijo que no se puede comparar una asesoría extranjera como la que ofrecieron los expertos de la CEPS bajo una contratación y responsabilidades específicas, con una eventual participación de Botero, que no tiene un contrato de servicios prestados con los países miembros.
En contraste, Dalo Bucaram (PRE) y Vicente Taiano (Prian) acusan de falta de coherencia en el discurso del los oficialistas.
"Se debe permitir la participación de Botero, que no le cuesta nada al país, a diferencia de lo ocurrido en Montecristi, en el Congresillo y en el actual período legislativo. Solo cuando al oficialismo le conviene, permite la participación externa; otras veces, son tremendamente soberanos y supuestamente libres", dijo Taiano.
Bucaram agregó que la Asamblea no perderá nada con escuchar los criterios de la relatora, cuyo único interés es que la libertad de expresión no sea coartada.
Jimmy Pinoargote (municipalista) dijo que no debería haber temor de esa participación y que más bien contribuiría en el debate, pues quienes deciden con su voto son los asambleístas
Pinoargote advirtió además que la Asamblea afronta en esta etapa crucial del debate el reto de probar su independencia frente al anunciado veto del Ejecutivo. "Si logramos una ley aprobada mayoritariamente, veremos si somos capaces de ratificarla luego del veto presidencial", acotó. (SC)
Italiano colaboró en la ley del Deporte
Desde el 23 de septiembre y hasta el 10 de noviembre de 2009, la Asamblea Nacional contrató, bajo la modalidad de servicios profesionales a Salvatore Murú, de nacionalidad italiana, como consultor de la Comisión del Deporte, a pedido de Dalo Bucaram (PRE), quien representaba en ese entonces al bloque ADE. Al finalizar su trabajo, Murú recibió $9 660 por haber realizado una propuesta de agenda de la Comisión, redactar normas constitucionales sobre el deporte y educación física y por revisar 91 artículos del proyecto de ley.
Un español asesoró a la Cancillería
En 2009, el español Decio Machado (sociólogo y periodista de origen hispanobrasileño) asesoró en la Unidad de Análisis Político de la Cancillería. Junto a un equipo de seis personas, realizó estudios desde la perspectiva de política interna e internacional con temáticas que apuntaban al ámbito económico y la realidad Latinoamericana. Según fuentes diplomáticas, la opinión de Machado era discutida en los Gabinetes itinerantes, pero su opinión no siempre influía en las decisiones finales que adoptaba el presidente Rafael Correa.
Proyecto de Cultura con ideas chilenas
Con 24 años de residencia en el Ecuador, el chileno Pedro Artiga fue coordinador de la Consulta Ciudadana para la ley de Cultura. Es docente secundario y universitario, facilitador profesional de procesos sociorganizacionales e institucionales, especialista en planificación estratégica situacional y organizacional y en planificación del desarrollo local de sistemas, programas y metodologías de formación, capacitación en proyectos sociales, productivos y del ambiente, monitoreo y evaluación de proyectos.
Carabineros de Chile fueron requeridos para tema seguridad
En febrero de 2011, durante la visita a la Antártida chilena del presidente Rafael Correa junto a su par Sebastián Piñera, el mandatario ecuatoriano anunció la firma un convenio con un grupo de Carabineros de ese país para que apoyen al Ecuador en la implementación de un plan de seguridad ciudadana.
El objetivo del proyecto es la creación en el Ecuador de un cuerpo de detectives como parte los programas de reforzamiento de la institucionalidad y modernización de la Policía Nacional.
"La colaboración de ese país forma parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad ciudadana", dijo Correa en ese momento.
Por ejemplo, se contrató a tres asesores españoles del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), con sede en Valencia, para que colaboren en la elaboración de la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente de Montecristi. En junio de 2008, HOY informó de la presencia de Roberto Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacios, integrantes del CEPS.
El 3 de enero de 2008, el exprocurador del Estado Xavier Garaicoa y el CEPS firmaron un contrato de asesoría constitucional por 12 mil euros mensuales ($18 494) para los tres expertos hasta el 31 de agosto de 2008.
Según la información publicada por este Diario, se podía ver a los españoles en reuniones con los asambleístas examinando las Constituciones de Venezuela, Bolivia y otros países, para establecer comparaciones.
Revisaban también la estructura de los artículos, el lenguaje constitucional, las figuras jurídicas. Su oficina funcionó frente a la Mesa 2, de Organización, Participación Social y Ciudadanía, y a pocos metros de la oficina de la Presidencia de la Constituyente.
¿Cuál fue en realidad el papel de los españoles? Rolando Panchana, exasambleísta constituyente y actual miembro de la Comisión de Comunicación, dijo que los consultores españoles apoyaron solo en aspectos conceptuales y de estructura jurídica durante las discusiones iniciales y aseguró que la redacción de la Constitución se efectuó en las Mesas Constituyentes.
"No hemos negado la participación de Botero", dijo, aunque sí cuestionó que se quiera traer gente del exterior (ver entrevista adjunta).
Sus coidearios Fernando Cordero, Jaime Abril y César Rodríguez negaron también que asesores extranjeros hayan intervenido en la redacción final de la Constitución y coincidieron en señalar que la relatora de la ONU no tendrá límites para dar su opiniones, pero no con la capacidad de colegislar.
Cordero señaló que ser legislador en el Ecuador significa ganar una elección popular. "No puede ser que una persona venga a darnos normas de cómo debemos redactar una ley", comentó. Jaime Abril dijo que no se puede comparar una asesoría extranjera como la que ofrecieron los expertos de la CEPS bajo una contratación y responsabilidades específicas, con una eventual participación de Botero, que no tiene un contrato de servicios prestados con los países miembros.
En contraste, Dalo Bucaram (PRE) y Vicente Taiano (Prian) acusan de falta de coherencia en el discurso del los oficialistas.
"Se debe permitir la participación de Botero, que no le cuesta nada al país, a diferencia de lo ocurrido en Montecristi, en el Congresillo y en el actual período legislativo. Solo cuando al oficialismo le conviene, permite la participación externa; otras veces, son tremendamente soberanos y supuestamente libres", dijo Taiano.
Bucaram agregó que la Asamblea no perderá nada con escuchar los criterios de la relatora, cuyo único interés es que la libertad de expresión no sea coartada.
Jimmy Pinoargote (municipalista) dijo que no debería haber temor de esa participación y que más bien contribuiría en el debate, pues quienes deciden con su voto son los asambleístas
Pinoargote advirtió además que la Asamblea afronta en esta etapa crucial del debate el reto de probar su independencia frente al anunciado veto del Ejecutivo. "Si logramos una ley aprobada mayoritariamente, veremos si somos capaces de ratificarla luego del veto presidencial", acotó. (SC)
Italiano colaboró en la ley del Deporte
Desde el 23 de septiembre y hasta el 10 de noviembre de 2009, la Asamblea Nacional contrató, bajo la modalidad de servicios profesionales a Salvatore Murú, de nacionalidad italiana, como consultor de la Comisión del Deporte, a pedido de Dalo Bucaram (PRE), quien representaba en ese entonces al bloque ADE. Al finalizar su trabajo, Murú recibió $9 660 por haber realizado una propuesta de agenda de la Comisión, redactar normas constitucionales sobre el deporte y educación física y por revisar 91 artículos del proyecto de ley.
Un español asesoró a la Cancillería
En 2009, el español Decio Machado (sociólogo y periodista de origen hispanobrasileño) asesoró en la Unidad de Análisis Político de la Cancillería. Junto a un equipo de seis personas, realizó estudios desde la perspectiva de política interna e internacional con temáticas que apuntaban al ámbito económico y la realidad Latinoamericana. Según fuentes diplomáticas, la opinión de Machado era discutida en los Gabinetes itinerantes, pero su opinión no siempre influía en las decisiones finales que adoptaba el presidente Rafael Correa.
Proyecto de Cultura con ideas chilenas
Con 24 años de residencia en el Ecuador, el chileno Pedro Artiga fue coordinador de la Consulta Ciudadana para la ley de Cultura. Es docente secundario y universitario, facilitador profesional de procesos sociorganizacionales e institucionales, especialista en planificación estratégica situacional y organizacional y en planificación del desarrollo local de sistemas, programas y metodologías de formación, capacitación en proyectos sociales, productivos y del ambiente, monitoreo y evaluación de proyectos.
Carabineros de Chile fueron requeridos para tema seguridad
En febrero de 2011, durante la visita a la Antártida chilena del presidente Rafael Correa junto a su par Sebastián Piñera, el mandatario ecuatoriano anunció la firma un convenio con un grupo de Carabineros de ese país para que apoyen al Ecuador en la implementación de un plan de seguridad ciudadana.
El objetivo del proyecto es la creación en el Ecuador de un cuerpo de detectives como parte los programas de reforzamiento de la institucionalidad y modernización de la Policía Nacional.
"La colaboración de ese país forma parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad ciudadana", dijo Correa en ese momento.
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