Juez ordena reactivar juicios políticos a funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso
En el corazón de esta disputa se encuentran los juicios políticos archivados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Estos juicios estaban dirigidos contra tres figuras clave del gobierno de Lasso: Sebastián Corral Bustamante, exsecretario General de Administración Pública y Gabinete; Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas; y Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
La raíz del conflicto se origina cuando varios legisladores retiraron sus firmas de apoyo a estos juicios, lo que resultó en su archivo. Sin embargo, la asambleísta oficialista Inés Alarcón (ADN) presentó una acción de protección ante el juez Édgar Romero, argumentando que el retiro de firmas no debió haber detenido el proceso de fiscalización.
El juez Romero emitió su fallo, argumentando que la Comisión de Fiscalización había vulnerado los derechos constitucionales al no permitir que se presentaran nuevas firmas en reemplazo de las retiradas. Esto, según el juez, creó una situación de desigualdad en el proceso.
Romero, basándose en jurisprudencia previa, afirmó que "la Comisión de Fiscalización tenía la obligación de permitir la adhesión de nuevas firmas de respaldo, y de igual manera, no debería haber permitido el retiro de las firmas sin una normativa clara que lo regule".
El fallo de Romero no solo reactiva los juicios políticos archivados, sino que también establece varias medidas de reparación. Entre ellas se incluyen:
Dejar sin efecto las resoluciones de la Comisión de Fiscalización que archivaron los juicios y retomar el proceso desde el punto en que se retiraron las firmas.
Permitir la adhesión de nuevas firmas para que los juicios puedan seguir adelante, siempre que se cumpla con el número mínimo de apoyos requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Notificar a los legisladores proponentes de los juicios sobre el retiro de las firmas y atender cualquier solicitud de adhesión de nuevas firmas.
Supervisión de la Defensoría del Pueblo, que deberá vigilar el cumplimiento de esta sentencia y asegurar que se respeten los derechos involucrados.
Además, la sentencia establece que el cumplimiento de estas disposiciones deberá ser reportado a la judicatura en un plazo no mayor a 48 horas desde la notificación.
La Comisión de Fiscalización deberá actuar con rapidez para cumplir con las medidas ordenadas por el juez, mientras que el recurso de apelación interpuesto por la Asamblea y los abogados de los exfuncionarios sugiere que el caso no ha llegado a su fin.
El proceso de apelación llevará el caso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, lo que podría extender el conflicto y mantener el ambiente de incertidumbre en la política ecuatoriana. Sin embargo, la sentencia ya ha sentado un precedente en cuanto a la interpretación de los derechos constitucionales dentro del marco de los juicios políticos.
Foto: Inés Alarcón. Asamblea Nacional
La raíz del conflicto se origina cuando varios legisladores retiraron sus firmas de apoyo a estos juicios, lo que resultó en su archivo. Sin embargo, la asambleísta oficialista Inés Alarcón (ADN) presentó una acción de protección ante el juez Édgar Romero, argumentando que el retiro de firmas no debió haber detenido el proceso de fiscalización.
El juez Romero emitió su fallo, argumentando que la Comisión de Fiscalización había vulnerado los derechos constitucionales al no permitir que se presentaran nuevas firmas en reemplazo de las retiradas. Esto, según el juez, creó una situación de desigualdad en el proceso.
Romero, basándose en jurisprudencia previa, afirmó que "la Comisión de Fiscalización tenía la obligación de permitir la adhesión de nuevas firmas de respaldo, y de igual manera, no debería haber permitido el retiro de las firmas sin una normativa clara que lo regule".
El fallo de Romero no solo reactiva los juicios políticos archivados, sino que también establece varias medidas de reparación. Entre ellas se incluyen:
Dejar sin efecto las resoluciones de la Comisión de Fiscalización que archivaron los juicios y retomar el proceso desde el punto en que se retiraron las firmas.
Permitir la adhesión de nuevas firmas para que los juicios puedan seguir adelante, siempre que se cumpla con el número mínimo de apoyos requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Notificar a los legisladores proponentes de los juicios sobre el retiro de las firmas y atender cualquier solicitud de adhesión de nuevas firmas.
Supervisión de la Defensoría del Pueblo, que deberá vigilar el cumplimiento de esta sentencia y asegurar que se respeten los derechos involucrados.
Además, la sentencia establece que el cumplimiento de estas disposiciones deberá ser reportado a la judicatura en un plazo no mayor a 48 horas desde la notificación.
La Comisión de Fiscalización deberá actuar con rapidez para cumplir con las medidas ordenadas por el juez, mientras que el recurso de apelación interpuesto por la Asamblea y los abogados de los exfuncionarios sugiere que el caso no ha llegado a su fin.
El proceso de apelación llevará el caso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, lo que podría extender el conflicto y mantener el ambiente de incertidumbre en la política ecuatoriana. Sin embargo, la sentencia ya ha sentado un precedente en cuanto a la interpretación de los derechos constitucionales dentro del marco de los juicios políticos.
Foto: Inés Alarcón. Asamblea Nacional
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