Él exige a burócratas ir a marchas de A. País

Lo hizo con su carta dirigida al presidente Rafael Correa, en la que solicitó que se destituyera a 23 funcionarios públicos de la provincia. Él argumentó que la separación de ese grupo de empleados debe ser impostergable, por no haber asistido a la concentración que Alianza País organizara el 22 de marzo en Quito. Ese día llegó a la ciudad la Marcha por la Vida de los movimientos sociales liderados por la Conaie.

En esa misiva, el gobernador Juan Rafael Arcos reveló los detalles sobre la forma en que la lista 35 y las autoridades gubernamentales conminan a burócratas a participar de actos políticos.

Su comunicación –que se filtró a la opinión pública esta semana- dejó al descubierto cómo el 20 de marzo se realizó en Morona un gabinete provincial, para coordinar acciones para el 22.

En el salón de convenciones ‘Doña Carlota’ se dieron las directrices para que 31 funcionarios de libre remoción asistan a la concentración oficialista en la capital; ocho cumplieron esa disposición. Según el propio Arcos, esas instrucciones fueron similares a las que se impartieron en otras jurisdicciones provinciales.

Por eso, el representante del Ejecutivo en Morona solicitó al presidente Correa que destituyera a los 23 directores que no estuvieron en la contramarcha oficialista en Quito, el 22 de marzo.

Entre otras razones, porque se acercan las elecciones generales de febrero del 2013, en las que se pondrá en juego el control político que Alianza País ejerce en el Palacio de Carondelet y en la Asamblea Nacional.

Arcos señala que la ausencia de esas 23 personas evidencia su falta de compromiso con el proyecto político de Correa. “Lo que demuestra una vez más que no son verdaderos revolucionarios”, dice su carta, que acompaña los nombres de los 23 burócratas.

La misiva generó una andanada de críticas desde sectores de oposición, pues consideran que el Gobierno -en la práctica- obliga a los empleados públicos a ser parte de sus movilizaciones, so pena de ser cesados.

La Conaie, que lideró la Marcha por la Vida del 22 de marzo, fue la primera en reaccionar frente al contenido la esquela de Arcos. Su titular, Humberto Cholango, sostuvo que la actuación del Gobernador amazónico encarna la falta de tolerancia del oficialismo frente a funcionarios públicos que no se unen a sus líneas partidistas. Y que se ejerce una suerte de “persecución” a aquellos servidores públicos que se mantiene alejados de las actividades de corte proselitista.

Al salir a la luz el contenido de su carta, el representante provincial de Correa no explicó cómo se organizan las manifestaciones de Alianza País y si en verdad se puede hablar de que esas concentraciones son “voluntarias” para los funcionarios públicos.

Su principal preocupación fue indagar sobre cómo se filtró a los medios de comunicación el contenido del documento enviado a la Casa de Gobierno.

Ante la polémica, el Régimen optó por salir en defensa del Gobernador. Primero fue Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, quien en su cuenta de Twitter aplaudió la postura de Arcos.

A su juicio, el Gobernador demuestra su compromiso con la “defensa de la democracia”, pues supuestamente las organizaciones sociales buscaban el 22 de marzo “desestabilizar” al Ejecutivo. Sus palabras se refieren a la caminata de la Conaie y de otras agrupaciones de izquierda, que a través de la movilización social expresaron sus desacuerdo ante la política minera y ambiental.

Luego fue el presidente Correa en persona quien le dio la razón a su delegado provincial. Incluso fue más allá, al subrayar que los funcionarios públicos de alto nivel o libre remoción deben privilegiar en sus funciones una visión política antes que técnica.

“Todos deben tener esta visión política. El que no esté comprometido sí debe ser separado de su cargo”, dijo el Presidente.

Para Miguel García, de la Federación Nacional de Servidores, las expresiones del Gobernador y del Presidente demuestran que quienes están al frente de cargos públicos claves no fueron escogidos por méritos, sino por afinidades políticas. Lo que aún no está claro es si el Presidente concederá al Gobernador su solicitud de destitución a los 23 burócratas.