Denuncian represalia por no asistir a marcha a favor del gobierno
Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) denuncian que el Gobierno les ha iniciado un proceso administrativo para destituirles del cargo por el hecho de no haber participado en la marcha de apoyo al presidente Rafael Correa, luego de la insurrección policial del 30 de septiembre.
Máximo Rivera, presidente de la Asociación de Empleados y de la Federación Nacional de los Servidores Públicos, le dijo hoy a El Comercio que las inculpaciones que les hace el Gobierno en el sentido de que quemaron llantas y que atentaron en contra de los bienes del Estado el 30-S son forjadas y que en realidad se los persigue por no haber acatado la orden de la titular del MIES, Ximena Ponce, de ir hasta la Plaza Grande para apoyar al Gobierno. Según Rivera, ese día los empleados del MIES se habían reunido en asamblea para conocer qué había ocurrido en la Asamblea Nacional el día anterior, es decir el 29, cuando se aprobó la Ley de Servicio Público que, a la postre, fue lo que desencadenó la protesta policial y militar del 30-S.
Esta versión, sin embargo, es negada por Pavel Muñoz, viceministro de MIES, quien asegura que los trabajadores en cuestión están siendo investigados con todas las garantías procesales por haber interrumpido el fluido eléctrico del edificio, haber quemado dos llantas en las afueras de la institución y de haber movido las cámaras del sistema de seguridad.
Según Rivera, hay 27 funcionarios que han sido notificados y que la denuncia se basa en las declaraciones de subalternos de la ministra Ponce. Estas personas son, según Rivera, Guillermo Arroba asesor jurídico y asesor personal de la Ministra; Fernando Martínez, principal asesor de la ministra, y, la directora financiera del MIES. Rivera sostiene que Arroba dijo que vio a él sacar la llanta de un vehículo y quemar en la calle Robles. Además, que la directora financiera declaró que asimismo sostiene haberlo visto gritando en contra del Gobierno y que ha visto conversando con Pablo Guerrero, periodista del canal 29.
Cuando se le pregunta sobre por qué los trabajadores del MIES no fueron hasta la Plaza Grande como les había dicho la ministra Ponce, Rivera dice que los empleados del organismo decidieron que se quedarían ahí porque ese era su lugar de trabajo y que salieron a las afueras del Mies para manifestarse a favor de la democracia. Pavel Muñoz ha negado que la ministra Ponce hubiera ordenado ir hasta la Plaza Grande.
“Nos sentimos perseguidos. Se forjan documentos, se consiguen voceros que nos acusan falsamente y se violan derechos constitucionales”, sostiene Rivera quien afirma que si todo lo que dice el Gobierno fuera cierto no hubiera necesidad de hacer declarar a subalternos de la Ministra.
Máximo Rivera, presidente de la Asociación de Empleados y de la Federación Nacional de los Servidores Públicos, le dijo hoy a El Comercio que las inculpaciones que les hace el Gobierno en el sentido de que quemaron llantas y que atentaron en contra de los bienes del Estado el 30-S son forjadas y que en realidad se los persigue por no haber acatado la orden de la titular del MIES, Ximena Ponce, de ir hasta la Plaza Grande para apoyar al Gobierno. Según Rivera, ese día los empleados del MIES se habían reunido en asamblea para conocer qué había ocurrido en la Asamblea Nacional el día anterior, es decir el 29, cuando se aprobó la Ley de Servicio Público que, a la postre, fue lo que desencadenó la protesta policial y militar del 30-S.
Esta versión, sin embargo, es negada por Pavel Muñoz, viceministro de MIES, quien asegura que los trabajadores en cuestión están siendo investigados con todas las garantías procesales por haber interrumpido el fluido eléctrico del edificio, haber quemado dos llantas en las afueras de la institución y de haber movido las cámaras del sistema de seguridad.
Según Rivera, hay 27 funcionarios que han sido notificados y que la denuncia se basa en las declaraciones de subalternos de la ministra Ponce. Estas personas son, según Rivera, Guillermo Arroba asesor jurídico y asesor personal de la Ministra; Fernando Martínez, principal asesor de la ministra, y, la directora financiera del MIES. Rivera sostiene que Arroba dijo que vio a él sacar la llanta de un vehículo y quemar en la calle Robles. Además, que la directora financiera declaró que asimismo sostiene haberlo visto gritando en contra del Gobierno y que ha visto conversando con Pablo Guerrero, periodista del canal 29.
Cuando se le pregunta sobre por qué los trabajadores del MIES no fueron hasta la Plaza Grande como les había dicho la ministra Ponce, Rivera dice que los empleados del organismo decidieron que se quedarían ahí porque ese era su lugar de trabajo y que salieron a las afueras del Mies para manifestarse a favor de la democracia. Pavel Muñoz ha negado que la ministra Ponce hubiera ordenado ir hasta la Plaza Grande.
“Nos sentimos perseguidos. Se forjan documentos, se consiguen voceros que nos acusan falsamente y se violan derechos constitucionales”, sostiene Rivera quien afirma que si todo lo que dice el Gobierno fuera cierto no hubiera necesidad de hacer declarar a subalternos de la Ministra.
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