C. Jiménez denuncia una presunta extorsión
Asegurando que como legislador tiene que fiscalizar no solo dineros públicos sino también los actos de funcionarios públicos, el asambleísta Cléver Jiménez Cabrera presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del secretario ejecutivo del Ecorae, Carlos Viteri Gualinga; a Dayana Jaramillo, secretaria; y a Mariuxi Flores, secretaria técnica del Ecorae de Zamora Chinchipe. La denuncia en contra de estos funcionarios es por el presunto delito de extorsión.
Este delito está tipificado en el artículo 557 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar, o poner a su disposición o a la orden de un tercero, cosas, dinero, o documentos que puedan producir efectos jurídicos”.
El legislador avala su denuncia al presentar documentos como nóminas y copias de papeletas de depósitos, en la que se pediría el 5% a personal contratado para financiar marchas del movimiento PAIS, entre ellas la del 22 de marzo.
El asambleísta manifiesta que “se está extorsionando al funcionario público, con el temor de que se les acabaría el contrato o no les renovarían los contratos, cuando de ello dan educación y alimentación a sus hijos”.
Además Jiménez sostiene que será la Fiscalía la que determine este supuesto delito en contra de funcionarios humildes que lo que hacen es cumplir la orden para poder seguir manteniéndose en el cargo.
En un documento presentado por el asambleísta Jiménez, consta que en el caso puntual del Ecorae de Zamora Chinchipe, según el comprobante de depósito del banco del Pichincha, de fecha 20 de marzo del 2012, se realizó un depósito de 560 dólares a una cuenta perteneciente a Dayana Jaramillo; el documento de respaldo está firmado por Mariuxi Flores, secretaria técnica del Ecorae de Zamora Chinchipe, al que se adjunta un cuadro con los nombres de 10 funcionarios aportantes y los respectivos valores.
Jiménez pide la destitución de los tres funcionarios del Ecorae, para lo cual dijo que continuará con las investigaciones respectivas.
Por su parte, Mariuxi Flores dijo que es una denuncia falsa la del asambleísta Jiménez, en función política partidista para realzar su presencia mediática, por el tema de campaña. Sobre los recursos, la funcionaria dijo que no son dineros públicos descontados de rol de pagos, sino de cada uno de los militantes y simpatizantes que apoyan a la “Revolución ciudadana” de forma voluntaria sin presionar a ningún funcionario. “El asambleísta Jiménez, en algún momento, mediante un proceso legal, tendrá que dar respuesta por el mal uso de esos documentos”, sostuvo la funcionaria.
Flores dijo que los aportes son voluntarios y que igualmente lo harán para la próxima marcha del 22 de septiembre, además sostuvo que son aportes voluntarios que se establecen en los estatutos del movimiento PAIS.
José Cajilima, funcionario de la institución y quién está dentro de la lista de quienes aportan con recursos, sostuvo: “estoy indignado porque el tema es netamente particular y no institucional y el asambleísta se atribuye una defensa que no hemos pedido su intervención, el aporte es voluntario y desmiento categóricamente que nos hayan descontado recurso alguno”.
Este delito está tipificado en el artículo 557 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar, o poner a su disposición o a la orden de un tercero, cosas, dinero, o documentos que puedan producir efectos jurídicos”.
El legislador avala su denuncia al presentar documentos como nóminas y copias de papeletas de depósitos, en la que se pediría el 5% a personal contratado para financiar marchas del movimiento PAIS, entre ellas la del 22 de marzo.
El asambleísta manifiesta que “se está extorsionando al funcionario público, con el temor de que se les acabaría el contrato o no les renovarían los contratos, cuando de ello dan educación y alimentación a sus hijos”.
Además Jiménez sostiene que será la Fiscalía la que determine este supuesto delito en contra de funcionarios humildes que lo que hacen es cumplir la orden para poder seguir manteniéndose en el cargo.
En un documento presentado por el asambleísta Jiménez, consta que en el caso puntual del Ecorae de Zamora Chinchipe, según el comprobante de depósito del banco del Pichincha, de fecha 20 de marzo del 2012, se realizó un depósito de 560 dólares a una cuenta perteneciente a Dayana Jaramillo; el documento de respaldo está firmado por Mariuxi Flores, secretaria técnica del Ecorae de Zamora Chinchipe, al que se adjunta un cuadro con los nombres de 10 funcionarios aportantes y los respectivos valores.
Jiménez pide la destitución de los tres funcionarios del Ecorae, para lo cual dijo que continuará con las investigaciones respectivas.
Por su parte, Mariuxi Flores dijo que es una denuncia falsa la del asambleísta Jiménez, en función política partidista para realzar su presencia mediática, por el tema de campaña. Sobre los recursos, la funcionaria dijo que no son dineros públicos descontados de rol de pagos, sino de cada uno de los militantes y simpatizantes que apoyan a la “Revolución ciudadana” de forma voluntaria sin presionar a ningún funcionario. “El asambleísta Jiménez, en algún momento, mediante un proceso legal, tendrá que dar respuesta por el mal uso de esos documentos”, sostuvo la funcionaria.
Flores dijo que los aportes son voluntarios y que igualmente lo harán para la próxima marcha del 22 de septiembre, además sostuvo que son aportes voluntarios que se establecen en los estatutos del movimiento PAIS.
José Cajilima, funcionario de la institución y quién está dentro de la lista de quienes aportan con recursos, sostuvo: “estoy indignado porque el tema es netamente particular y no institucional y el asambleísta se atribuye una defensa que no hemos pedido su intervención, el aporte es voluntario y desmiento categóricamente que nos hayan descontado recurso alguno”.
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