Audios de Verduga revelan plan del correísmo para controlar el Tribunal Contencioso Electoral
Audios grabados por el exconsejero electoral Augusto Verduga mostrados por la Fiscalía dentro del cado "Ligados", revelan que Andrés Arauz, excandidato presidencial y actual secretario de la Revolución Ciudadana, lideró un plan estructurado para interferir en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con el fin de evitar la destitución de miembros de la autodenominada "Liga Azul".
La reunión clave se celebró el 17 de septiembre de 2024 y contó con la presencia de Arauz, la consejera Yadira Saltos y otros miembros cercanos al correísmo. En la grabación, Arauz menciona a varios operadores políticos involucrados: Luisa González, Santiago Díaz, Sonia Vera, y David Carrillo —este último exsecretario del TCE y asesor actual de la asambleísta Viviana Veloz— como parte de un entramado que tenía acceso privilegiado a información confidencial del tribunal.
Según los audios, el grupo contaba con la complicidad de la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, quien habría designado como secretario del tribunal a un "compañero" del correísmo. Esta figura clave facilitaba detalles internos sobre decisiones judiciales antes de ser oficializadas. Arauz señala que esta información anticipada fue utilizada estratégicamente para “cocinar” resoluciones a su favor.
Durante la conversación también se identifican jueces alineados con el proyecto correísta. El juez Richard González es descrito como un "voto seguro" y vinculado al colectivo Acción Jurídica Popular, cercano a la asambleísta Priscila Schettini. También se habrían asegurado los votos de los jueces Guillermo Ortega —excompañero de Arauz en el Banco Central— y Joaquín Viteri.
A pesar de estas maniobras, el plan solo logró demorar el desenlace. El 31 de enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió la destitución de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga con cuatro votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue, como se había previsto, el del juez Richard González.
Los audios dejan en evidencia la intención del correísmo de prolongar el mandato de sus operadores en el TCE como estrategia de defensa frente a decisiones desfavorables.
Este nuevo escándalo devela una red de influencia política dentro del sistema judicial electoral del país y pone en entredicho la independencia de las instituciones democráticas en Ecuador.
La reunión clave se celebró el 17 de septiembre de 2024 y contó con la presencia de Arauz, la consejera Yadira Saltos y otros miembros cercanos al correísmo. En la grabación, Arauz menciona a varios operadores políticos involucrados: Luisa González, Santiago Díaz, Sonia Vera, y David Carrillo —este último exsecretario del TCE y asesor actual de la asambleísta Viviana Veloz— como parte de un entramado que tenía acceso privilegiado a información confidencial del tribunal.
Según los audios, el grupo contaba con la complicidad de la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, quien habría designado como secretario del tribunal a un "compañero" del correísmo. Esta figura clave facilitaba detalles internos sobre decisiones judiciales antes de ser oficializadas. Arauz señala que esta información anticipada fue utilizada estratégicamente para “cocinar” resoluciones a su favor.
Durante la conversación también se identifican jueces alineados con el proyecto correísta. El juez Richard González es descrito como un "voto seguro" y vinculado al colectivo Acción Jurídica Popular, cercano a la asambleísta Priscila Schettini. También se habrían asegurado los votos de los jueces Guillermo Ortega —excompañero de Arauz en el Banco Central— y Joaquín Viteri.
A pesar de estas maniobras, el plan solo logró demorar el desenlace. El 31 de enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió la destitución de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga con cuatro votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue, como se había previsto, el del juez Richard González.
Los audios dejan en evidencia la intención del correísmo de prolongar el mandato de sus operadores en el TCE como estrategia de defensa frente a decisiones desfavorables.
Este nuevo escándalo devela una red de influencia política dentro del sistema judicial electoral del país y pone en entredicho la independencia de las instituciones democráticas en Ecuador.
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