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Publicado el: 27/08/2011

Penalizan las protestas sociales

La criminalización de la protesta social ha sido uno de los temas más frecuentes y “difíciles” que le ha tocado tratar a la Defensoría del Pueblo (DP), en los últimos tres años de gestión de Fernando Gutiérrez al frente de esta institución.

Gutiérrez aseguró ayer que ha recibido más de 200 casos de personas que han cometido infracciones como cierre de vías, lo cual es una forma de protesta no violenta, pero que se la denuncia con mucha fuerza.

El principal consideró que la protesta debe ser tolerada “porque la mayoría de estas no han sido violentas”.

Tras un breve balance de su gestión, estimó que aún hay mucho por hacer en torno a la defensa de los derechos de las personas, por lo que “el país necesita que la gente se empodere de sus derechos. Hemos avanzando, pero no lo suficiente", remarcó.

Contexto

Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realiza el concurso para elegir a su sucesor. Sobre el tema, Gutiérrez añadió que la Defensoría del Pueblo debe estar lejos de los poderes del Estado, pues así lo dice uno de los Principios de París, para ejercer control sobre los funcionarios.

Ratificó que uno de los casos más complicados, porque “se nada contracorriente y ocasiona problemas”, es la criminalización de la protesta social. "Todos estos casos son de personas que, aunque hubieran cometido infracciones, esas eran pequeñas, menores, que deben ser toleradas por el Estado, sin ocasionar sanción".

Citó, como ejemplo, el caso de los derechos de los pueblos indígenas. “Tiene varios matices, porque todos conocen las tensiones que hay entre la dirigencia y el Gobierno, con excesos de parte y parte. La protección de sus derechos colectivos ha subido, excepto en lo que tiene que ver con explotación petrolera y minera".

Gutiérrez indicó que a la DP este caso le es complicado porque no ha podido desarrollar sus planes de mediador.

Una reforma

Francisco Zambrano, representante del Comité de Derechos Humanos de los Trabajadores (Cedhus), sostuvo que la criminalización de la protesta social no solo existe en Ecuador. “Está en otros países de América y el mundo donde los gobiernos de turno han encarcelado a quienes exigen respeto a sus derechos, desde sus diversos ámbitos. Esto es pan de todos los días en el Ecuador actual y en otros estados", remarcó el activista.

De ahí que mencionó que el primer violador de los derechos de las personas es el Estado, “porque no reparte la riqueza y no imparte justicia con equidad”.

Zambrano sostuvo que las 200 denuncias de las que habla el defensor Gutiérrez, son la muestra “más clara de que en el país se busca criminalizar a quien exige respeto a sus derechos”.


Piden mejoras

El representante del Cedhus, Francisco Zambrano, demandó una reforma a la Ley de la Defensoría, que le dé facultades para sancionar y destituir al funcionario que cayera en un acto de violación de derechos humanos o corrupción. "Cuando una denuncia contra un juez o un fiscal va a la Defensoría, ahí muere, hay que mirar el ejemplo de países como México y Argentina.


EL DATO
Un funcionario del Ministerio de Interior, señaló que esta cartera de Estado no puede emitir un criterio sobre este tema.
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