Medios públicos tienen ventajas en plan oficial de Telecomunicaciones

El proyecto de Telecomunicaciones y Servicios Postales del Ejecutivo otorga preferencia a las empresas públicas para la obtención de autorizaciones de uso y explotación del espectro radioeléctrico.

Según el artículo 42 del texto, solo en este caso la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberán gestionar, de forma prioritaria, las necesidades de este tipo de organizaciones “en atención al interés publico y los requerimientos de los servicios prestados por tales empresas”.

Posteriormente se evaluarán las asignaciones de frecuencias al resto de interesados (privados y comunitarios).

Las estaciones públicas de radio y televisión, a las que se define como las destinadas al servicio de la comunidad y que no tienen fines de lucro, estarán exoneradas del pago de derechos de concesión y tarifas por el uso del espectro (por donde fluyen esas ondas).

Asimismo están autorizados a realizar acciones de autogestión como donaciones, mensajes pagados y publicidad de producto comercial.

El proyecto establece que la Agencia realizará el respectivo seguimiento para garantizar que los recursos obtenidos sean destinados al mejoramiento, mantenimiento y operaciones de las instalaciones y los fines que la propia ley establecen.

Sin embargo, el proyecto dispone que los actuales medios públicos, como EcuadorTV, Radio Pública, y El Telégrafo, pasen a la rectoría, coordinación y responsabilidad de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), entidad adscrita a la Presidencia de la República, lo que les convertiría en gubernamentales.

También, pese a que desde el régimen siempre se habló de dar mayor espacio y soporte a los medios de comunicación comunitarios, en este proyecto solo se les da el acceso a donaciones y publicidad comercial, pero no les da ninguna ventaja para obtener una concesión.

Al contrario deben cumplir los mismos requisitos, derechos, condiciones, obligaciones y oportunidades que tienen las estaciones privadas.

Además tampoco se incluyó la demanda de varias organizaciones sociales y académicas que exigen la distribución de las frecuencias, sea de manera igualitaria: 33% públicos, 33% comunitarias y 33% privadas.

El asambleísta Ángel Vilema (AP) señaló que la intención es fortalecer e impulsar los medios públicos para democratizar el derecho a la comunicación, con una programación dirigida a la ciudadanía.

Aseguró que bajo ese precepto sí se debe permitir a estas estaciones recibir dinero de la publicidad comercial para poder competir en el mercado y pueda ser autosuficiente en el aspecto económico.

“Depender del Presupuesto del Estado significa, de cierta manera, mantener la dependencia con el Ejecutivo”, dijo.

Vilema justificó que exista preferencia porque los medios públicos no tienen fin de lucro y su interés es para la gente.

Para el legislador Jimmy Pinoargote (IND) el proyecto entrega amplia ventaja a las estaciones públicas, en desmedro de las del sector privado.

Precisó que a las empresas públicas, que operarán sus estaciones, solo requieren una autorización, mientras que a los privados se les impone un cuadro de sanciones que hasta podría quebrarlos.

Pinoargote añadió que la posibilidad de que este tipo de medios reciban publicidad, cuando sus gastos operativos son cancelados por el Estado, producirá que sus espacios sean más ventajosos que los de los medios comerciales.

Enfatizó que al entregar todas las atribuciones a la Agencia, que será controlada por el Ejecutivo, sobre el espectro radioeléctrico y al establecer que el tiempo de una concesión será hasta 15 años, significará que los operadores privados deberán tener un certificado de “buena conducta” para su funcionamiento y estar bajo el arbitrio de la subjetividad de este nuevo organismo.