Los choferes son los mimados de Correa
Gobierno-choferes: una alianza sobre ruedas. Un transportista recibe del Estado $1 400 por mes en subsidios
Las ayudas que recibe el transportista suben, a la par con los accidentes de tránsito
El Gobierno mantiene un acuerdo político-gremial con el sector de la transportación " que, al parecer, marcha sobre ruedas" hasta ahora. La alianza se ha manejado a base de entregar beneficios a los choferes, a cambio de evitar paralizaciones del servicio público.
Entre 2007 y 2011, las relaciones se mantuvieron intermitentes, entre amenazas de paro y subsidios entregados a cambio. Pero la alianza fue visible en octubre de 2012, a raíz de las últimas elecciones, cuando el movimiento Conduce (Construyendo el Desarrollo y la Unidad Clasista Ecuatoriana), formado por choferes, integró el movimiento progubernamental AP.
Producto de ese acuerdo fueron incluidos en las listas de candidatos a asambleístas de AP y resultaron electos Alberto Arias, director nacional de Conduce, y José Zapata, titulares de la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, Federación de Transportistas Urbanos del Ecuador, y Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros Interprovinciales, respectivamente.
Esa relación política-gremial ha permitido a los transportistas alcanzar varios beneficios. Entre ellos están el pago del subsidio para no elevar el precio de los pasajes; la eliminación de puntos en la licencia de conducir, para lo cual se dan facilidades para el pago de las multas; la chatarrización de los vehículos a cambio de bonificaciones; la colocación de chips en buses y taxis; la exoneración de impuestos a los vehículos importados.
Estos beneficios contrastan con las altas cifras de accidentes de tránsito, que, según Guillermo Abad, de Justicia Vial, llegan a 15 muertos y 150 heridos por día en el Ecuador.
Abad dice que esas cifras significan 32,4 muertos por cada 100 mil habitantes. En otros países de América Latina, esa tasa está entre 19 y 23 muertos por cada 100 mil habitantes. En tanto que en los países de altos ingresos se registran 10,1 muertos por cada 100 mil habitantes.
En Ecuador circulan 1,9 millones de vehículos, de los cuales el 12% pertenece al transporte público, algo más de 150 mil. Esta cantidad de carros está involucrada en el 48% de los accidentes de tránsito. (AM)
Ramos cree que servicio debe ser concesionado
Guillermo Ramos, ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito, cree que siendo el traslado masivo de personas un servicio público, el Gobierno no lo asume como actividad económica estratégica, sino que delega esta responsabilidad al sector privado a través de un permiso de operación.
Insistió en que el servicio se lo preste a través de una concesión. " Así lo determina la ley, pero no se la cumple precisamente por el contubernio que existe entre el transportista y el Gobierno" .
A su vez, Ricardo Onofre, expresidente de la Federación Nacional de Choferes, denunció que, cuando ejerció ese cargo, las escuelas de conducción de la institución entregaron 13 mil títulos de choferes, pero cuando Alberto Arias asumió ese gremio aquellos subieron a 60 mil.
"Ese número de brevetados se entregó al margen de la ley" , dijo Onofre.
Queremos que transportistas sean empresarios
La ministra de Transporte y Obras Públicas, María Duarte, manifestó que el objetivo del Gobierno " es que los transportistas se conviertan en empresarios" .
Queremos dejar a un lado la historia del viejo país de que los transportistas eran gremios, que hacían huelga y se iban a los paros. hoy se trabaja con ellos, se busca cuáles son los motivos de sus problemas económicos" , manifestó Duarte.
Respecto a que los dirigentes Zapata y Arias son, a la vez, dirigentes del transporte y asambleístas de AP, una suerte de jueces y partes, Duarte manifestó: " Si pensamos que son jueces y parte es porque estamos pensando en el viejo país. Ellos son empresarios y representan a un sector productivo del país" .
El gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Abel Gómez, dijo que ellos no son gobiernistas sino gremiales.
Ping-pong
Guillermo Abad, director ejecutivo del movimiento cívico Justicia Vial
Existe un compromiso político y gremial
¿Por qué los choferes no cumplen la Ley de Tránsito?
Porque el Gobierno ha sido complaciente con los transportistas, porque estos tienen un capital político importante.
¿En qué se nota?
En que las sanciones fueron mínimas luego de ocurrir los accidentes con decenas de muertos y heridos. Esos son los casos de las cooperativas Reina del Camino, Coactur, Pelileo, Espejo y Amazonas.
¿Qué otros beneficios recibe la transportación en general de este Gobierno?
Hace 15 días, la Agencia Nacional de Tránsito resolvió que vehículos de más de 40 años, en el caso del transporte pesado, puedan circular. Este es un atentado contra la seguridad del país.
Cronología
Diciembre de 2001
Se venció el plazo para la revisión de rutas y frecuencias sin que se cumpla esta disposición.
Agosto de 2008
Se cumplió un paro de trasportistas. Pidieron un aumento de la tarifa. El Gobierno la negó.
Octubre de 2010
Se suspendió un paro de transportistas para dar lugar al debate de la Ley de Tránsito.
Agosto de 2010
Choferes anunciaron un paro en rechazo a la transportación ilegal.
Diciembre de 2011
Transportistas urbanos exigieron un alza del pasaje de ¢25 a ¢41. El Gobierno ofrece un subsidio a cambio.
Abril de 2012
El Gobierno frenó otro paro de transportistas que se oponían a las reformas a la Ley de Tránsito.
Las ayudas que recibe el transportista suben, a la par con los accidentes de tránsito
El Gobierno mantiene un acuerdo político-gremial con el sector de la transportación " que, al parecer, marcha sobre ruedas" hasta ahora. La alianza se ha manejado a base de entregar beneficios a los choferes, a cambio de evitar paralizaciones del servicio público.
Entre 2007 y 2011, las relaciones se mantuvieron intermitentes, entre amenazas de paro y subsidios entregados a cambio. Pero la alianza fue visible en octubre de 2012, a raíz de las últimas elecciones, cuando el movimiento Conduce (Construyendo el Desarrollo y la Unidad Clasista Ecuatoriana), formado por choferes, integró el movimiento progubernamental AP.
Producto de ese acuerdo fueron incluidos en las listas de candidatos a asambleístas de AP y resultaron electos Alberto Arias, director nacional de Conduce, y José Zapata, titulares de la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, Federación de Transportistas Urbanos del Ecuador, y Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros Interprovinciales, respectivamente.
Esa relación política-gremial ha permitido a los transportistas alcanzar varios beneficios. Entre ellos están el pago del subsidio para no elevar el precio de los pasajes; la eliminación de puntos en la licencia de conducir, para lo cual se dan facilidades para el pago de las multas; la chatarrización de los vehículos a cambio de bonificaciones; la colocación de chips en buses y taxis; la exoneración de impuestos a los vehículos importados.
Estos beneficios contrastan con las altas cifras de accidentes de tránsito, que, según Guillermo Abad, de Justicia Vial, llegan a 15 muertos y 150 heridos por día en el Ecuador.
Abad dice que esas cifras significan 32,4 muertos por cada 100 mil habitantes. En otros países de América Latina, esa tasa está entre 19 y 23 muertos por cada 100 mil habitantes. En tanto que en los países de altos ingresos se registran 10,1 muertos por cada 100 mil habitantes.
En Ecuador circulan 1,9 millones de vehículos, de los cuales el 12% pertenece al transporte público, algo más de 150 mil. Esta cantidad de carros está involucrada en el 48% de los accidentes de tránsito. (AM)
Ramos cree que servicio debe ser concesionado
Guillermo Ramos, ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito, cree que siendo el traslado masivo de personas un servicio público, el Gobierno no lo asume como actividad económica estratégica, sino que delega esta responsabilidad al sector privado a través de un permiso de operación.
Insistió en que el servicio se lo preste a través de una concesión. " Así lo determina la ley, pero no se la cumple precisamente por el contubernio que existe entre el transportista y el Gobierno" .
A su vez, Ricardo Onofre, expresidente de la Federación Nacional de Choferes, denunció que, cuando ejerció ese cargo, las escuelas de conducción de la institución entregaron 13 mil títulos de choferes, pero cuando Alberto Arias asumió ese gremio aquellos subieron a 60 mil.
"Ese número de brevetados se entregó al margen de la ley" , dijo Onofre.
Queremos que transportistas sean empresarios
La ministra de Transporte y Obras Públicas, María Duarte, manifestó que el objetivo del Gobierno " es que los transportistas se conviertan en empresarios" .
Queremos dejar a un lado la historia del viejo país de que los transportistas eran gremios, que hacían huelga y se iban a los paros. hoy se trabaja con ellos, se busca cuáles son los motivos de sus problemas económicos" , manifestó Duarte.
Respecto a que los dirigentes Zapata y Arias son, a la vez, dirigentes del transporte y asambleístas de AP, una suerte de jueces y partes, Duarte manifestó: " Si pensamos que son jueces y parte es porque estamos pensando en el viejo país. Ellos son empresarios y representan a un sector productivo del país" .
El gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Abel Gómez, dijo que ellos no son gobiernistas sino gremiales.
Ping-pong
Guillermo Abad, director ejecutivo del movimiento cívico Justicia Vial
Existe un compromiso político y gremial
¿Por qué los choferes no cumplen la Ley de Tránsito?
Porque el Gobierno ha sido complaciente con los transportistas, porque estos tienen un capital político importante.
¿En qué se nota?
En que las sanciones fueron mínimas luego de ocurrir los accidentes con decenas de muertos y heridos. Esos son los casos de las cooperativas Reina del Camino, Coactur, Pelileo, Espejo y Amazonas.
¿Qué otros beneficios recibe la transportación en general de este Gobierno?
Hace 15 días, la Agencia Nacional de Tránsito resolvió que vehículos de más de 40 años, en el caso del transporte pesado, puedan circular. Este es un atentado contra la seguridad del país.
Cronología
Diciembre de 2001
Se venció el plazo para la revisión de rutas y frecuencias sin que se cumpla esta disposición.
Agosto de 2008
Se cumplió un paro de trasportistas. Pidieron un aumento de la tarifa. El Gobierno la negó.
Octubre de 2010
Se suspendió un paro de transportistas para dar lugar al debate de la Ley de Tránsito.
Agosto de 2010
Choferes anunciaron un paro en rechazo a la transportación ilegal.
Diciembre de 2011
Transportistas urbanos exigieron un alza del pasaje de ¢25 a ¢41. El Gobierno ofrece un subsidio a cambio.
Abril de 2012
El Gobierno frenó otro paro de transportistas que se oponían a las reformas a la Ley de Tránsito.
Comparte esta noticia en tu:
Este artículo se ha leído: 2275 veces.