Gobierno contrata a Santiago Pérez para investigar a la prensa

La fijación del Gobierno con la prensa ahora se traslada a las encuestas, con el objetivo de obtener más información sobre los medios.

El 9 de marzo, el Régimen suscribió un contrato con la empresa SP Estudios, del encuestador Santiago Pérez, para investigar las condiciones de trabajo de periodistas de Quito y Guayaquil.

El monto del contrato de la investigación fue de USD 16 000 y, entre otros objetivos, busca determinar la supuesta influencia de los medios en las noticias que se difunden y la “poca” credibilidad en los gremios periodísticos.

Pérez explica que fue contratado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, para conocer sobre la realidad de la prensa. El estudio, según consta en el contrato publicado en el portal de Compras Públicas, debía durar 45 días. El jueves pasado, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se difundieron los resultados preliminares de este sondeo de Pérez.

Este trabajo fue hecho con el apoyo de Paúl Bonilla, catedrático de la Flacso. Incluso algunos estudiantes de esa universidad colaboraron con las encuestas.

Según algunos periodistas que fueron entrevistados, quienes hicieron el sondeo explicaron que las encuestas eran para un estudio de la Flacso. No se les advirtió que la encuesta había sido contratada por el Gobierno.

Las encuestas fueron realizadas a 292 periodistas en Quito y a 200 en Guayaquil, distribuidos en 214 medios privados, 70 públicos y cinco incautados.

“Al inicio el tema surgió como un tema académico. Luego se hizo algo mucho más amplio”, dice Pérez, aunque sin explicar cómo se hizo la encuesta entre el catedrático Bonilla y SP Estudios.

En la encuesta se planteó a los periodistas al menos 23 preguntas temáticas, que van desde el nivel de estudios hasta los riesgos del trabajo (ver cuadro adjunto).

En el informe también se afirma que ciertos medios, públicos y privados no pagan las horas extras y que los periodistas trabajan más de ocho horas diarias.

Por ello, el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) anunció que realizará una auditoría a los medios, para conocer cómo manejan la situación laboral de los comunicadores. Las inspecciones empezarán este mes. Entre los temas a verificar están los salarios, la afiliación al Seguro Social , el pago de horas extras...

Para Pérez, este tipo de encuestas permite conocer el ambiente en el que se desenvuelven los reporteros. Aunque para algunos periodistas y políticos, esta indagación busca intimidar a las empresas de comunicación, para que no sean críticos con el poder.

Para el asambleísta Enrique Herrería, este tipo de inspecciones “se agrega al permanente propósito del Gobierno de fastidiar, intimidar y chantajear a los medios para que se autocensuren y no cumplan con su obligación de informar a la colectividad.

En la encuesta de Pérez también se consultó sobre la autocensura en los medios. Según el sondeo, 23 de 28 de periodistas entrevistados consideraron que “sí existe autocensura en los medios, atribuyendo este fenómeno a presiones de los propietarios del medio y del Gobierno, al temor de los mismos periodistas y la falta de preparación académica”.

La autocensura ha sido uno de los temas que más preocupación ha levantado de organizaciones internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la ONU.

Precisamente, estas organizaciones consideraron que el juicio contra diario El Universo evidenció el poder estatal para enjuiciar a periodistas y medios, por emitir una opinión contraria.

“La autocensura que surge como efecto de este tipo de decisiones (judiciales) no solo afecta a los periodistas y a las propias autoridades, sino a toda la sociedad ecuatoriana”, señaló la CIDH, en septiembre pasado.

Asimismo, el Gobierno de EE.UU. se pronunció sobre las supuestas violaciones a las libertades en el Ecuador. “Pedimos al Gobierno de Ecuador que garantice la libertad de prensa como un componente vital de una sociedad democrática y se asegure de que los periodistas pueden operar sin temor a amenazas o castigos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

El Régimen reaccionó ante estas declaraciones por un doble andarivel. Por un lado, la Cancillería deslegitimó el pronunciamiento de Washington.

Por otro lado, durante tres días. la Secretaría de Comunicación difundió una serie de spots en los que se asegura que si no existiera libertad de expresión, la prensa no hubiese publicado todo lo que ha difundido. Y se acusa a los periodistas y medios de no cumplir con las normas éticas de la comunicación. Las cifras del estudio dePérez sirvieron de sustento.

El titular de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, considera que las condiciones laborales en el país son “difíciles”, no por las horas de trabajo, sino por “las amenazas constantes del poder, que busca la judicialización de la actividad”.

Otro tema que preocupa internacionalmente es la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación que, según las organizaciones sociales y de derechos humanos del continente, coartará la libertad de expresión.

Ataque a los gremios

En la encuesta de Pérez también se analizó el papel de los gremios de la comunicación. La encuesta señaló que un 65% de los reporteros consultados en Quito, y 42% en Guayaquil, no están afiliados a sindicatos.
 
De estos datos el periódico oficial El Ciudadano dedujo que “este fenómeno revela que no hay confianza en gremios como la UNP, cuyo presidente, Vicente Ordóñez, tiende a velar por los intereses corporativos...”.

Ordóñez insistió en que, a pesar de los ataques, “los periodistas no hemos renunciado al derecho a seguir contando historias y reflejar los hechos que el poder quiere ocultar”.