Fiscalía investiga a Yaku Pérez por asociación ilícita
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal contra el dirigente indígena Yaku Pérez y otros autodenominados líderes sociales, generando fuertes reacciones por parte de organizaciones comunitarias que denuncian una criminalización de la protesta social y la defensa del agua.
Según la notificación fiscal, los señalados deberán comparecer el próximo 10 de noviembre para rendir su versión dentro de una indagación previa por el presunto delito de asociación ilícita.
- Yaku Pérez, abogado, activista ambiental y coordinador de la FOA
- Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA)
- Oscar Reinoso, líder sindical
- Sebastián Cevallos, activista
- Edison Deleg, dirigente social
La organización, que mantiene una firme oposición al proyecto minero Loma Larga, asegura que esta investigación vulnera el derecho constitucional a la protesta y a la resistencia de las comunidades.
> “Se trata de una acusación para criminalizar la protesta social y la defensa de los territorios y la vida”, afirmó la FOA en un comunicado.
La investigación fiscal llega en un contexto de tensión entre el Estado, empresas mineras y comunidades campesinas, donde activistas aseguran que las autoridades buscan silenciar la resistencia mediante procesos judiciales.
- Archivar la causa por falta de pruebas
- Formular cargos y abrir un proceso penal
- Extender la investigación a más dirigentes o comunidades
Mientras tanto, organizaciones indígenas ya preparan acciones de respaldo y movilización para acompañar a los citados.
Foto: Asamblea Ecuador.
Según la notificación fiscal, los señalados deberán comparecer el próximo 10 de noviembre para rendir su versión dentro de una indagación previa por el presunto delito de asociación ilícita.
¿Quiénes son los investigados?
Entre los convocados por la Fiscalía se encuentran cinco dirigentes del movimiento indígena y sindical:- Yaku Pérez, abogado, activista ambiental y coordinador de la FOA
- Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA)
- Oscar Reinoso, líder sindical
- Sebastián Cevallos, activista
- Edison Deleg, dirigente social
FOA denuncia persecución política
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) rechazó de manera contundente la acción fiscal y la calificó como una “nueva escalada de persecución política y judicial” contra sus representantes y defensores del agua.La organización, que mantiene una firme oposición al proyecto minero Loma Larga, asegura que esta investigación vulnera el derecho constitucional a la protesta y a la resistencia de las comunidades.
> “Se trata de una acusación para criminalizar la protesta social y la defensa de los territorios y la vida”, afirmó la FOA en un comunicado.
El trasfondo: lucha ambiental vs. intereses extractivistas
La mayoría de los investigados han liderado movilizaciones contra proyectos mineros en zonas de páramos y fuentes hídricas. El caso de Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, ha sido uno de los más polémicos por el impacto ambiental que organizaciones advierten puede generar en ecosistemas clave para el abastecimiento de agua.La investigación fiscal llega en un contexto de tensión entre el Estado, empresas mineras y comunidades campesinas, donde activistas aseguran que las autoridades buscan silenciar la resistencia mediante procesos judiciales.
¿Qué puede pasar ahora?
El llamado a rendir versión el 10 de noviembre marcará un nuevo capítulo en este conflicto socioambiental. Dependiendo de las declaraciones y los elementos presentados, la Fiscalía podría:- Archivar la causa por falta de pruebas
- Formular cargos y abrir un proceso penal
- Extender la investigación a más dirigentes o comunidades
Mientras tanto, organizaciones indígenas ya preparan acciones de respaldo y movilización para acompañar a los citados.
Foto: Asamblea Ecuador.
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