Ecuador impulsa cooperación latinoamericana contra el crimen organizado

Una iniciativa impulsada por la asambleísta ecuatoriana Valentina Centeno reunió a parlamentarios de ocho países de América Latina y el Caribe en torno a una declaración conjunta que aborda el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo como amenazas prioritarias a la gobernabilidad democrática. El documento, suscrito en el marco de la 153ava Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en Tanzania entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, busca fortalecer la cooperación regional, el intercambio de información y el combate a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

El Ejecutivo ecuatoriano informó que la propuesta de Centeno logró el respaldo de legisladores de Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Este acuerdo parlamentario se produce en un momento en el que la región enfrenta cifras alarmantes de violencia, producción de drogas y costos económicos asociados al crimen.

Contexto de la firma y alcance de la declaración

La declaración se firmó durante la asamblea de la UIP en Tanzania, un espacio que reúne a parlamentarios de todo el mundo y facilita la diplomacia parlamentaria. Según el texto, el crimen organizado y el narcoterrorismo ya no pueden considerarse únicamente problemas de seguridad interna de determinados países; se han convertido en un desafío estructural a la estabilidad democrática y al Estado de derecho en la región.

Los firmantes argumentan que “el crimen organizado es, ante todo, una empresa económica”. Por ello, las respuestas limitadas a la prevención y la sanción resultan insuficientes. Es necesario debilitar su poder financiero, sus recursos y su capacidad de control territorial. Esta visión económica del fenómeno criminal orienta las dos propuestas centrales del documento.

Cifras que respaldan la urgencia de la acción regional

El documento incluye datos que ilustran la magnitud del problema en América:

- En 2025 se registraron más de 108.000 homicidios y más de 1,5 millones de desplazamientos internos por conflicto y violencia.
- América Latina y el Caribe concentran casi un tercio de los homicidios del mundo, a pesar de representar apenas el 8 % de la población mundial.
- En 2024 la producción de cocaína alcanzó un récord de 4.100 toneladas, más de cuatro veces el volumen registrado en 2014.
- El crimen y la violencia cuestan a la región aproximadamente el 3,4 % de su PIB.
- El lavado de activos se estima entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial.

Estas estadísticas subrayan que el impacto del crimen organizado trasciende la seguridad y afecta directamente el desarrollo económico, la inversión y la cohesión social. Ecuador, que ha enfrentado en los últimos años un incremento significativo de la violencia vinculada al narcotráfico, encuentra en este tipo de iniciativas un mecanismo para articular respuestas que superen las fronteras nacionales.

Firmantes y papel de Ecuador

El documento fue suscrito por nueve parlamentarios. Por Ecuador firmó la asambleísta Valentina Centeno. Los demás signatarios son:

- Sergio Bastián Giesse Rougcher (Bolivia)
- Claudio Cajado Sampaio (Brasil)
- Sofía González Cortés y Jorge Brito Hasbún (Chile)
- María Rocío Abed de Zacarías (Paraguay)
- Karla Schaefer Cuculiza (Perú)
- Julio Beltré Méndez (República Dominicana)
- Olga Zulimar Ferreira Rodríguez (Uruguay)

La participación ecuatoriana adquiere relevancia en el contexto de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha priorizado el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales. La iniciativa de Centeno se alinea con esa línea de acción al trasladar la discusión al ámbito parlamentario multilateral.

Propuestas concretas de la declaración

Los legisladores plantean dos líneas de acción principales:

1. Fortalecimiento de la cooperación internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos que alimentan a las organizaciones criminales y narcoterroristas. Esto incluye el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.
2. Incorporación del combate al crimen organizado como prioridad dentro de la iniciativa de reforma ONU80, específicamente en el ámbito de la prevención de conflictos. Las Naciones Unidas deberían estar en condiciones de brindar asistencia técnica, fortalecimiento institucional y cooperación operativa a los Estados que lo soliciten, siempre con pleno respeto a su soberanía.

Además, el texto asigna un rol activo a los parlamentos nacionales: armonizar las legislaciones internas y garantizar la aplicación plena de la Convención de Palermo (contra la delincuencia organizada transnacional) y de la Convención de Mérida (contra la corrupción). La diplomacia parlamentaria, según los firmantes, puede generar los consensos políticos necesarios para que los acuerdos intergubernamentales perduren en el tiempo.

Relevancia para la cooperación regional y el caso ecuatoriano

La declaración concluye con un llamado a los parlamentos de la región a respaldar estas propuestas y a trabajar de manera conjunta para cortar las fuentes de financiamiento de las mafias. Valentina Centeno reforzó este mensaje en una publicación en su cuenta de Facebook, donde señaló que se necesitan este tipo de iniciativas para compartir información y debilitar el poder económico de las organizaciones criminales. “Si el crimen no conoce de fronteras, nuestra cooperación tampoco”, expresó.

Para Ecuador, el acuerdo representa una oportunidad de posicionar sus prioridades de seguridad en foros multilaterales y de articular esfuerzos con países que enfrentan desafíos similares, como los vinculados a las rutas de la cocaína o al lavado de activos. La capacidad de rastrear flujos financieros ilícitos y de intercambiar inteligencia en tiempo real puede complementar las acciones nacionales de interdicción y judicialización.

Foto: Valentinca Centeno. Asamblea Ecuador. Referencial.