Cuando la impunidad internacional quiere dar lecciones de legalidad
OPINIÓN | Por: Crnl. Mario Pazmiño.
La ruptura de relaciones entre México y Ecuador nos deben hacer reflexionar sobre la importancia del respeto a los acuerdos internacionales y no sobre la posición de un actor ideológico en un conflicto que tiene su inicio mucho tiempo atrás.
Para nadie es extraño que entre los diferentes socios del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla (creado y asentado en México) quieran imponer en América Latina una doctrina apartada de las libertades y derechos de la sociedad regional. La protección que buscan estos funcionarios lleva inmerso un acuerdo de impunidad, en el cual cualquier mandatario socialista deberá extender su protección, sin importarle que sea un delincuente, porque la ideología de izquierda está por encima del derecho y cualquier acuerdo internacional.
México, un país hermano, ofendió por varias ocasiones al pueblo ecuatoriano dando protección y supuestamente asilo político a delincuentes que ante las acciones legales en su contra buscaron en ese país el amparo a sus fechorías, dejando burlada la justicia y apareciendo ante la comunidad internacional como adalides de los derechos humanos. Con ese accionar, el actual Gobierno de México ha dicho, a través del asilo político a siete fugitivos del correísmo que las resoluciones jurídicas del país no importan, porque por encima de la justicia está la fraternidad de la impunidad socialista.
El término “asilo político” es una figura del derecho internacional que adoptan los diferentes estados “para proteger a aquellas personas que en su país de origen sufren algún tipo de persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos”. De igual forma, esta figura establece que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Concretamente la Convención sobre Asilo Diplomático, firmado en Caracas de 1954 y ratificado por los países establece lo siguiente:
Artículo 3 “[…] No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas...”
La Convención sobre Asilo, ratificada en La Habana, en 1928 señala:
Artículo 1 “[...] Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local…”
El exvicepresidente Jorge Glas, por quien se genera este impasse diplomático, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita por el caso Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Además, fue procesado por peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí en enero del 2024, por lo que un juez dictaminó prisión preventiva. Como cereza del pastel, hay que recordar que Glas tiene un caso abierto por acoso sexual interpuesto por su asistente y otro por irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue. Pese a estos antecedentes el sindicado buscó la protección del presidente mexicano en su embajada.
Durante el proceso de solicitud de asilo, el Gobierno de Ecuador informó al de México de este historial, lo que no importó, pues lo mantuvieron en su embajada para evitar su arresto.
A esto se debe agregar que el incidente comienza cuando el presidente Manuel López Obrador, en un discurso improvisado y carente de sentido común, realizó una intromisión burda en la política ecuatoriana, lo que llevó a la reacción del Gobierno ecuatoriano con la expulsión de la embajadora mexicana, al calificarla de persona non grata. Las autoridades mexicanas, acto seguido y escalando el conflicto, decidieron dar asilo político al delincuente atrincherado en su embajada, para sacarlo del país y que evada la justicia. El presidente Daniel Noboa entonces decidió hacer respetar la dignidad del pueblo ecuatoriano y evitar que siga imperando la impunidad en el país, por lo que ordena la incursión en la Embajada de México, para capturar al sentenciado y ponerlo a órdenes de la justica, para que cumpla su condena y no se burle de toda una sociedad con la complicidad de un estado que protege a delincuentes.
La impunidad no puede amparase en convenios ni acuerdos internacionales, porque sobre estos instrumentos tiene que estar la legalidad y evitar la burla de todo un Estado y su sistema judicial.
La ruptura de relaciones entre México y Ecuador nos deben hacer reflexionar sobre la importancia del respeto a los acuerdos internacionales y no sobre la posición de un actor ideológico en un conflicto que tiene su inicio mucho tiempo atrás.
Para nadie es extraño que entre los diferentes socios del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla (creado y asentado en México) quieran imponer en América Latina una doctrina apartada de las libertades y derechos de la sociedad regional. La protección que buscan estos funcionarios lleva inmerso un acuerdo de impunidad, en el cual cualquier mandatario socialista deberá extender su protección, sin importarle que sea un delincuente, porque la ideología de izquierda está por encima del derecho y cualquier acuerdo internacional.
México, un país hermano, ofendió por varias ocasiones al pueblo ecuatoriano dando protección y supuestamente asilo político a delincuentes que ante las acciones legales en su contra buscaron en ese país el amparo a sus fechorías, dejando burlada la justicia y apareciendo ante la comunidad internacional como adalides de los derechos humanos. Con ese accionar, el actual Gobierno de México ha dicho, a través del asilo político a siete fugitivos del correísmo que las resoluciones jurídicas del país no importan, porque por encima de la justicia está la fraternidad de la impunidad socialista.
El término “asilo político” es una figura del derecho internacional que adoptan los diferentes estados “para proteger a aquellas personas que en su país de origen sufren algún tipo de persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos”. De igual forma, esta figura establece que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Concretamente la Convención sobre Asilo Diplomático, firmado en Caracas de 1954 y ratificado por los países establece lo siguiente:
Artículo 3 “[…] No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas...”
La Convención sobre Asilo, ratificada en La Habana, en 1928 señala:
Artículo 1 “[...] Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local…”
El exvicepresidente Jorge Glas, por quien se genera este impasse diplomático, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita por el caso Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Además, fue procesado por peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí en enero del 2024, por lo que un juez dictaminó prisión preventiva. Como cereza del pastel, hay que recordar que Glas tiene un caso abierto por acoso sexual interpuesto por su asistente y otro por irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue. Pese a estos antecedentes el sindicado buscó la protección del presidente mexicano en su embajada.
Durante el proceso de solicitud de asilo, el Gobierno de Ecuador informó al de México de este historial, lo que no importó, pues lo mantuvieron en su embajada para evitar su arresto.
A esto se debe agregar que el incidente comienza cuando el presidente Manuel López Obrador, en un discurso improvisado y carente de sentido común, realizó una intromisión burda en la política ecuatoriana, lo que llevó a la reacción del Gobierno ecuatoriano con la expulsión de la embajadora mexicana, al calificarla de persona non grata. Las autoridades mexicanas, acto seguido y escalando el conflicto, decidieron dar asilo político al delincuente atrincherado en su embajada, para sacarlo del país y que evada la justicia. El presidente Daniel Noboa entonces decidió hacer respetar la dignidad del pueblo ecuatoriano y evitar que siga imperando la impunidad en el país, por lo que ordena la incursión en la Embajada de México, para capturar al sentenciado y ponerlo a órdenes de la justica, para que cumpla su condena y no se burle de toda una sociedad con la complicidad de un estado que protege a delincuentes.
La impunidad no puede amparase en convenios ni acuerdos internacionales, porque sobre estos instrumentos tiene que estar la legalidad y evitar la burla de todo un Estado y su sistema judicial.
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