Carrión libre y sin rencores. El gobierno apelará.
El exdirector del Hospital de la Policía está dispuesto a someterse al polígrafo como pidió el presidente Rafael Correa, pero para eso esperará que sus acusadores pasen primero por esas mismas pruebas.
Vestido con un impecable traje gris y una corbata azul, con los ojos al borde de las lágrimas y abrazado a sus dos pequeños hijos, caminó el coronel César Carrión los casi 30 metros que separan la puerta interna del expenal García Moreno con la que da a la calle que desde hace siete meses no había podido pisar en libertad.
Diez minutos antes de las 16:00 todo estaba listo y el tío del oficial, Guillermo Carrión, con bastón en mano, estaba casi colgado de la puerta interior saludando a su sobrino.
La misión de este general de policía en servicio pasivo era recibirlo y darle fuerzas para enfrentar la libertad. Y así lo hizo y le dejó luego el camino libre hacia ella.
Eran las 16:00 cuando llegó a la puerta, sin separarse de sus hijos. Bajo su brazo izquierdo Denisse y al otro, Andrés, a quienes casi no se los veía en medio de periodistas, policías y familiares que rodearon al oficial para atestiguar su salida.
En ese punto una muy breve parada obligada. Una policía se le acercó y le extendió la mano: “mi coronel, que tenga suerte”, le dijo y en su gesto le siguieron otros policías que estaban en ese sitio, quienes no dudaron en mostrarle su aprecio ya entre los gritos de los amigos y familiares del oficial que unos metros más adelante esperaban ansiosos su salida.
“No guardo rencor a nadie -dijo Carrión-, no le guardo rencor al capitán Piedra, ni al sargento Casierra, no le guardo rencor a Hólger Guerrero. Me voy con la conciencia muy tranquila a descansar y a integrarme al trabajo normalmente”.
Esa fue la única intervención del oficial ante la prensa. Horas antes, su abogado Stalin López y su esposa, Janeth Orbe, habían conversado y acordado que el coronel evite la exposición ante los medios.
No es el momento, le dijeron, sobre todo porque sigue perteneciendo a la policía y no podrá hablar sin autorización del mando institucional.
Por eso fue López quien, vestido con un traje blanco y camisa celeste, se dio tiempo para hacer dos anuncios: que no se iba a enjuiciar a nadie y que el coronel aceptará someterse al polígrafo, como pidió el presidente Correa, pero solo si antes lo hacen sus acusadores.
Sin más, y abrazado a sus hijos, Carrión caminó entre la gente. Eso sí, resguardado por un piquete de policías a órdenes de la Comandancia.
Así logró ingresar al vehículo Toyota Land Cruiser de propiedad de su cuñado William, quien ya estaba al volante.
Primero sus hijos se acomodaron en la parte trasera. A un lado su esposa y él entró al final y en medio de los dos el pequeño chiguagua de sus hijos. La misión de William, quien durante todo el día acompañó a su hermana en los trámites por hacer, era seguir a un Volkswagen blanco que adelante serviría para abrir camino en medio del tráfico quiteño.
La jornada inició minutos antes de las 09:00. A esa hora empezaron a llegar familiares y amigos a las afueras del expenal García Moreno, en el centro de Quito. La mayoría llevaba pequeños carteles en los que primaba la foto con el rostro del oficial. Las leyendas casi siempre las mismas: “libertad” o “inocente”, se leía.
Otro, el más grande de todos, recordaba que al cabo Luis Bahamonde lo esperaban sus hijos. También ese policía debía ser liberado, al igual que Jaime Paucar y Luis Martínez, quienes fueron absueltos de la acusación de autores de intento de magnicidio.
También a las 09:00, en el norte, abría a la atención al público el Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, de donde debía salir la boleta de excarcelación de los policías.
Ese es el tribunal que la víspera declaró inocentes a Carrión y los otros policías, quienes fueron acusados por el Ministerio de Justicia, como consecuencia de los sucesos del pasado 30 de septiembre.
A ese sitio llegó primero Janeth Orbe. Vestida con un jean azul muy oscuro, una camisa y una chompa negra, tenía un semblante diferente al de días pasados.
A su ingreso mostraba una sonrisa y de la mano de su hermano William y dos acompañantes subió al segundo piso.
A esa hora el abogado López se encargaba de otros trámites telefónicos, por eso la esposa del coronel Carrión fue quien se encargó de los trámites. Asidua visitante de esa dependencia, así como su hermano, no tuvo problemas para iniciar el proceso.
Cuando el abogado López llegó, media hora después, ya todo estaba en marcha y los ofrecimientos de los funcionarios del tribunal hablaban de que el trámite sería ágil y sin complicaciones.
Pero el tiempo comenzó a pasar sin respuesta y en las afueras del expenal el sol también empezó a inquietar a quienes esperaban sin conocer cómo se desarrollaba el trámite. Entre ellos destacaba Marina Carrión, tía abuela del oficial, quien a sus 92 años no dejó la impaciencia por ver a su sobrino.
A las 10:30 las cosas no habían cambiado, lo que obligó a López a ingresar al despacho del juez Luis Fernández, quien, faltando cinco minutos para las 11, salió junto al abogado para averiguar el estado del trámite.
La preocupación era que al mediodía todos los trámites se suspenderían, pues a esa hora concluía la atención al público.
Pero a las 11:30, con las papeletas firmadas, un total de 15 personas empezó a correr. Eran los abogados, familiares y amigos del oficial, quienes con una copia de la boleta de libertad bajaban a la carrera las gradas para llegar lo más pronto al expenal y empezar el trámite de excarcelación. Sabían que ahí empezaba la tarde que debía terminar con Carrión libre.
Correa dice que apelará y pide detector de mentiras
El presidente de la República, Rafael Correa, anunció ayer que apelará la decisión judicial que declaró inocentes al coronel César Carrión y a otros tres policías involucrados en los hechos del 30 de septiembre de 2010. Dijo que el exdirector del Hospital de la Policía estuvo disfrazado de médico con un mandil aquel día, “entrando y saliendo de la habitación del presidente, hasta que nos dimos cuenta de que estaba pasando información a los manifestantes y se le prohibió la entrada”. Insistió en que ha denunciado varias veces que “este señor no era médico”, en alusión a su título de doctor en Jurisprudencia. Pidió a Carrión someterse a un detector de mentiras y decirle al país que no tuvo nada que ver con el intento del magnicidio. “Yo haré lo mismo y responderé sobre el supuesto financiamiento de las FARC a mi campaña y ahí se acaba la discusión”. (MAR)
Datos
Servicio.
Mañana el coronel Carrión se presentará nuevamente ante la comandancia de la policía para reasumir funciones en esa institución por ser coronel activo.
Investigación.
Pese a que fue declarado inocente en el proceso penal, en la institución policial aún existe una indagación abierta contra varios uniformados.
Insistencia.
Varias ocasiones la familia le ha pedido que se retire de la policía, pero él se niega porque cree que aún puede seguir su carrera en la institución.
Persecución.
La familia del oficial cree que hay persecución en su contra. Han recibido amenazas y creen que la vida del oficial puede estar en peligro.
Debate por advertencia de ministro
Aunque legalmente un ciudadano puede iniciar acciones penales contra un juez, dos profesores de Derecho Constitucional critican que el ministro del Interior, José Serrano, haya advertido con hacerlo si había una sentencia a favor de César Carrión, exdirector del Hospital de Policía.
Los catedráticos Enrique Tamariz y Oswaldo Rossi coinciden en que con la amenaza hubo una intervención en el Poder Judicial.
Horas antes de la sentencia a favor de Carrión, el ministro del Interior, José Serrano, advirtió que el Gobierno iniciaría acciones penales contra Hugo Sierra, presidente del Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, si ordena la libertad del acusado por el régimen por tentativa de asesinato.
Tamariz calificó a las declaraciones de “inconvenientes” y “desafortunadas”, mientras que Rossi dijo que el secretario de Estado es un “irresponsable” por emitir ese tipo de comentarios.
Sin embargo, Alfredo Ruiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, expresó que no es una situación “extraña y anormal” y que siempre se da en la Función Judicial.
Incluso recordó que en la demanda de extrabajadores de Ecapag hubo una situación similar. En ese entonces el alcalde Jaime Nebot demandó por prevaricato a los dos jueces que acogieron la acción de protección.
Rossi, en cambio, señala que una persona con altas funciones en el Poder Ejecutivo debe abstenerse de esos comentarios porque “implica una clara intervención en la justicia”. (VHC)
Ellos opinan
Enrique Tamariz
Profesor de derecho constitucional en U. Católica
“Las declaraciones del ministro José Serrano son inconvenientes y desafortunadas, porque mientras se desarrolla un juicio es necesario respetar absolutamente la independencia de los jueces. Todos los ciudadanos, funcionarios o no, tenemos la obligación de respetar absolutamente la independencia de los jueces. En este caso está violando la independencia del juez. Y lógicamente si quien hace las declaraciones pertenece a la Función Ejecutiva, se está inmiscuyendo en tareas que le corresponden a la Función Judicial, lo cual es nocivo para el correcto equilibrio que deben guardar las funciones del Estado.
Las declaraciones no caben porque adicionalmente la ley franquea el camino en que si no está de acuerdo con el pronunciamiento del juez apele la sentencia. La ley también permite presentar una denuncia, pero la acción penal cabe si es que efectivamente existe algún indicio claro que se está cometiendo algún delito”. (VHC)
Alfredo Ruiz
Decano de la facultad de jurisprudencia de la u. de Guayaquil
“Si un juez o un tribunal en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales incurre en una violación a la Consitución y a la ley, la parte que se siente afectada tiene derecho a plantear las acciones que la misma ley determina para esos casos. De tal forma que si el afectado es el Gobierno o el presidente de la República, puede intentar las acciones que considere pertinentes. Desde el punto de vista jurídico, no es una situación extraña y anormal; se da permanentemente en la Función Judicial. Es como en el caso de una acción de protección contra Ecapag; el alcalde Jaime Nebot anunció que iba a iniciar acciones contra uno de los jueces si fallaba en contra de los intereses municipales. Las declaraciones del ministro se enmarcan dentro de las posibilidades que da la ley. Si el juez ha cometido alguna infracción penal, será lo que se demostrará en el proceso correspondiente, porque le asiste el derecho de la presunción de inocencia”. (VHC)
Oswaldo Rossi
Profesor de derecho constitucional en la UEES
“Que un funcionario de Estado haga ese tipo de declaraciones son atentatorias contra los derechos de los jueces que representan una función que debería ser absolutamente independiente. Solo en este gobierno se han dado entre el presidente y algunos de sus acólitos declaraciones contra los jueces que están en una importante mayoría cumpliendo su responsabilidad, contra viento y marea y amenazas del Ejecutivo. La sentencia en favor de Carrión es un monumento a la justicia, porque para condenar a una persona tiene que haber plena prueba y absoluta convicción en la culpabilidad. El ministro es un irresponsable que no sabe lo que tiene entre manos cuando toca el tema de la justicia. Un ciudadano sí puede decir que va a demandar a un juez por prevaricato, pero no una persona que está cumpliendo altísimas funciones en el Poder Ejecutivo, porque ese tipo de expresiones implica una clara intervención en la justicia”. (VHC)
Vestido con un impecable traje gris y una corbata azul, con los ojos al borde de las lágrimas y abrazado a sus dos pequeños hijos, caminó el coronel César Carrión los casi 30 metros que separan la puerta interna del expenal García Moreno con la que da a la calle que desde hace siete meses no había podido pisar en libertad.
Diez minutos antes de las 16:00 todo estaba listo y el tío del oficial, Guillermo Carrión, con bastón en mano, estaba casi colgado de la puerta interior saludando a su sobrino.
La misión de este general de policía en servicio pasivo era recibirlo y darle fuerzas para enfrentar la libertad. Y así lo hizo y le dejó luego el camino libre hacia ella.
Eran las 16:00 cuando llegó a la puerta, sin separarse de sus hijos. Bajo su brazo izquierdo Denisse y al otro, Andrés, a quienes casi no se los veía en medio de periodistas, policías y familiares que rodearon al oficial para atestiguar su salida.
En ese punto una muy breve parada obligada. Una policía se le acercó y le extendió la mano: “mi coronel, que tenga suerte”, le dijo y en su gesto le siguieron otros policías que estaban en ese sitio, quienes no dudaron en mostrarle su aprecio ya entre los gritos de los amigos y familiares del oficial que unos metros más adelante esperaban ansiosos su salida.
“No guardo rencor a nadie -dijo Carrión-, no le guardo rencor al capitán Piedra, ni al sargento Casierra, no le guardo rencor a Hólger Guerrero. Me voy con la conciencia muy tranquila a descansar y a integrarme al trabajo normalmente”.
Esa fue la única intervención del oficial ante la prensa. Horas antes, su abogado Stalin López y su esposa, Janeth Orbe, habían conversado y acordado que el coronel evite la exposición ante los medios.
No es el momento, le dijeron, sobre todo porque sigue perteneciendo a la policía y no podrá hablar sin autorización del mando institucional.
Por eso fue López quien, vestido con un traje blanco y camisa celeste, se dio tiempo para hacer dos anuncios: que no se iba a enjuiciar a nadie y que el coronel aceptará someterse al polígrafo, como pidió el presidente Correa, pero solo si antes lo hacen sus acusadores.
Sin más, y abrazado a sus hijos, Carrión caminó entre la gente. Eso sí, resguardado por un piquete de policías a órdenes de la Comandancia.
Así logró ingresar al vehículo Toyota Land Cruiser de propiedad de su cuñado William, quien ya estaba al volante.
Primero sus hijos se acomodaron en la parte trasera. A un lado su esposa y él entró al final y en medio de los dos el pequeño chiguagua de sus hijos. La misión de William, quien durante todo el día acompañó a su hermana en los trámites por hacer, era seguir a un Volkswagen blanco que adelante serviría para abrir camino en medio del tráfico quiteño.
La jornada inició minutos antes de las 09:00. A esa hora empezaron a llegar familiares y amigos a las afueras del expenal García Moreno, en el centro de Quito. La mayoría llevaba pequeños carteles en los que primaba la foto con el rostro del oficial. Las leyendas casi siempre las mismas: “libertad” o “inocente”, se leía.
Otro, el más grande de todos, recordaba que al cabo Luis Bahamonde lo esperaban sus hijos. También ese policía debía ser liberado, al igual que Jaime Paucar y Luis Martínez, quienes fueron absueltos de la acusación de autores de intento de magnicidio.
También a las 09:00, en el norte, abría a la atención al público el Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, de donde debía salir la boleta de excarcelación de los policías.
Ese es el tribunal que la víspera declaró inocentes a Carrión y los otros policías, quienes fueron acusados por el Ministerio de Justicia, como consecuencia de los sucesos del pasado 30 de septiembre.
A ese sitio llegó primero Janeth Orbe. Vestida con un jean azul muy oscuro, una camisa y una chompa negra, tenía un semblante diferente al de días pasados.
A su ingreso mostraba una sonrisa y de la mano de su hermano William y dos acompañantes subió al segundo piso.
A esa hora el abogado López se encargaba de otros trámites telefónicos, por eso la esposa del coronel Carrión fue quien se encargó de los trámites. Asidua visitante de esa dependencia, así como su hermano, no tuvo problemas para iniciar el proceso.
Cuando el abogado López llegó, media hora después, ya todo estaba en marcha y los ofrecimientos de los funcionarios del tribunal hablaban de que el trámite sería ágil y sin complicaciones.
Pero el tiempo comenzó a pasar sin respuesta y en las afueras del expenal el sol también empezó a inquietar a quienes esperaban sin conocer cómo se desarrollaba el trámite. Entre ellos destacaba Marina Carrión, tía abuela del oficial, quien a sus 92 años no dejó la impaciencia por ver a su sobrino.
A las 10:30 las cosas no habían cambiado, lo que obligó a López a ingresar al despacho del juez Luis Fernández, quien, faltando cinco minutos para las 11, salió junto al abogado para averiguar el estado del trámite.
La preocupación era que al mediodía todos los trámites se suspenderían, pues a esa hora concluía la atención al público.
Pero a las 11:30, con las papeletas firmadas, un total de 15 personas empezó a correr. Eran los abogados, familiares y amigos del oficial, quienes con una copia de la boleta de libertad bajaban a la carrera las gradas para llegar lo más pronto al expenal y empezar el trámite de excarcelación. Sabían que ahí empezaba la tarde que debía terminar con Carrión libre.
Correa dice que apelará y pide detector de mentiras
El presidente de la República, Rafael Correa, anunció ayer que apelará la decisión judicial que declaró inocentes al coronel César Carrión y a otros tres policías involucrados en los hechos del 30 de septiembre de 2010. Dijo que el exdirector del Hospital de la Policía estuvo disfrazado de médico con un mandil aquel día, “entrando y saliendo de la habitación del presidente, hasta que nos dimos cuenta de que estaba pasando información a los manifestantes y se le prohibió la entrada”. Insistió en que ha denunciado varias veces que “este señor no era médico”, en alusión a su título de doctor en Jurisprudencia. Pidió a Carrión someterse a un detector de mentiras y decirle al país que no tuvo nada que ver con el intento del magnicidio. “Yo haré lo mismo y responderé sobre el supuesto financiamiento de las FARC a mi campaña y ahí se acaba la discusión”. (MAR)
Datos
Servicio.
Mañana el coronel Carrión se presentará nuevamente ante la comandancia de la policía para reasumir funciones en esa institución por ser coronel activo.
Investigación.
Pese a que fue declarado inocente en el proceso penal, en la institución policial aún existe una indagación abierta contra varios uniformados.
Insistencia.
Varias ocasiones la familia le ha pedido que se retire de la policía, pero él se niega porque cree que aún puede seguir su carrera en la institución.
Persecución.
La familia del oficial cree que hay persecución en su contra. Han recibido amenazas y creen que la vida del oficial puede estar en peligro.
Debate por advertencia de ministro
Aunque legalmente un ciudadano puede iniciar acciones penales contra un juez, dos profesores de Derecho Constitucional critican que el ministro del Interior, José Serrano, haya advertido con hacerlo si había una sentencia a favor de César Carrión, exdirector del Hospital de Policía.
Los catedráticos Enrique Tamariz y Oswaldo Rossi coinciden en que con la amenaza hubo una intervención en el Poder Judicial.
Horas antes de la sentencia a favor de Carrión, el ministro del Interior, José Serrano, advirtió que el Gobierno iniciaría acciones penales contra Hugo Sierra, presidente del Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, si ordena la libertad del acusado por el régimen por tentativa de asesinato.
Tamariz calificó a las declaraciones de “inconvenientes” y “desafortunadas”, mientras que Rossi dijo que el secretario de Estado es un “irresponsable” por emitir ese tipo de comentarios.
Sin embargo, Alfredo Ruiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, expresó que no es una situación “extraña y anormal” y que siempre se da en la Función Judicial.
Incluso recordó que en la demanda de extrabajadores de Ecapag hubo una situación similar. En ese entonces el alcalde Jaime Nebot demandó por prevaricato a los dos jueces que acogieron la acción de protección.
Rossi, en cambio, señala que una persona con altas funciones en el Poder Ejecutivo debe abstenerse de esos comentarios porque “implica una clara intervención en la justicia”. (VHC)
Ellos opinan
Enrique Tamariz
Profesor de derecho constitucional en U. Católica
“Las declaraciones del ministro José Serrano son inconvenientes y desafortunadas, porque mientras se desarrolla un juicio es necesario respetar absolutamente la independencia de los jueces. Todos los ciudadanos, funcionarios o no, tenemos la obligación de respetar absolutamente la independencia de los jueces. En este caso está violando la independencia del juez. Y lógicamente si quien hace las declaraciones pertenece a la Función Ejecutiva, se está inmiscuyendo en tareas que le corresponden a la Función Judicial, lo cual es nocivo para el correcto equilibrio que deben guardar las funciones del Estado.
Las declaraciones no caben porque adicionalmente la ley franquea el camino en que si no está de acuerdo con el pronunciamiento del juez apele la sentencia. La ley también permite presentar una denuncia, pero la acción penal cabe si es que efectivamente existe algún indicio claro que se está cometiendo algún delito”. (VHC)
Alfredo Ruiz
Decano de la facultad de jurisprudencia de la u. de Guayaquil
“Si un juez o un tribunal en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales incurre en una violación a la Consitución y a la ley, la parte que se siente afectada tiene derecho a plantear las acciones que la misma ley determina para esos casos. De tal forma que si el afectado es el Gobierno o el presidente de la República, puede intentar las acciones que considere pertinentes. Desde el punto de vista jurídico, no es una situación extraña y anormal; se da permanentemente en la Función Judicial. Es como en el caso de una acción de protección contra Ecapag; el alcalde Jaime Nebot anunció que iba a iniciar acciones contra uno de los jueces si fallaba en contra de los intereses municipales. Las declaraciones del ministro se enmarcan dentro de las posibilidades que da la ley. Si el juez ha cometido alguna infracción penal, será lo que se demostrará en el proceso correspondiente, porque le asiste el derecho de la presunción de inocencia”. (VHC)
Oswaldo Rossi
Profesor de derecho constitucional en la UEES
“Que un funcionario de Estado haga ese tipo de declaraciones son atentatorias contra los derechos de los jueces que representan una función que debería ser absolutamente independiente. Solo en este gobierno se han dado entre el presidente y algunos de sus acólitos declaraciones contra los jueces que están en una importante mayoría cumpliendo su responsabilidad, contra viento y marea y amenazas del Ejecutivo. La sentencia en favor de Carrión es un monumento a la justicia, porque para condenar a una persona tiene que haber plena prueba y absoluta convicción en la culpabilidad. El ministro es un irresponsable que no sabe lo que tiene entre manos cuando toca el tema de la justicia. Un ciudadano sí puede decir que va a demandar a un juez por prevaricato, pero no una persona que está cumpliendo altísimas funciones en el Poder Ejecutivo, porque ese tipo de expresiones implica una clara intervención en la justicia”. (VHC)
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