Nuevas perspectivas de la justicia

Nuevas perspectivas de la justicia
Publicado el: 19/06/2018
La cesación de los vocales del Consejo de la Judicatura, con Gustavo Jalkh a la cabeza, sin duda marca un antes y un después en la administración de justicia del país. El asfixiante control político sobre jueces y fiscales terminó defenestrado por un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que entendió claramente el mandato ciudadano de febrero de este año. Los cambios son necesarios y el sector justicia, sin duda alguna, debe considerarse como prioridad. A la par, el nombramiento de un nuevo Consejo, que aunque transitorio, se encuentra integrado por cinco juristas de primer nivel, nos hace prever mejores días para una Función Judicial que poco a poco va recomponiendo su desgastada imagen.

Los retos son muchos y la esperanza de una justicia independiente se encuentra sobradamente justificada. Los cambios no pueden dirigirse simplemente a reemplazar unos jueces por otros y mantener el sistema tal cual se encuentra actualmente. Los problemas son sistémicos y es ahí donde debe enfocarse cualquier estrategia. El primer reto es no permitir que los partidos y movimientos, vengan de donde vengan, metan sus manos en la designación de jueces y fiscales y menos aún en la elaboración de fallos judiciales. ¿Cómo lograr eso? A veces los temas complejos tienen soluciones relativamente sencillas. Para comenzar, es fundamental que los fallos judiciales no puedan ser controlados en sus contenidos por órganos administrativos. Algo tan básico como esto, que para cualquier jurista del primer mundo constituiría una obviedad, en nuestra Latinoamérica todavía es tema de debate. La determinación de la existencia del error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura es claramente una intromisión en la actividad jurisdiccional, inadmisible en cualquier Estado constitucional de derecho. Solo un juez puede controlar los contenidos de un fallo judicial de otro juez, dentro de un proceso y en el sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Mediante la aplicación inconstitucional del error inexcusable se generó un esquema de persecución y terror judicial tal, que permitió al Consejo de la Judicatura cesado convertir a los jueces en peones del ajedrez gubernamental.

¿Cómo lo permitieron los jueces? Pues sencillo, estaban más preocupados en conservar el cargo que en aplicar el derecho y, con seguridad, eso mismo habría hecho la mayor parte de ecuatorianos de encontrarse en la misma situación. Aunque esto enoje a algunos operadores de justicia, nuestros jueces son nada más ni nada menos que un producto social promedio. La expresión de los valores de la clase media, de donde proviene la mayoría. Sin ideología definida y siempre dispuestos a besar la bota que les patea. Cuando sienten un poco floja la rienda se vuelven supergarantistas, pero cuando el control es férreo, no tienen problema de adscribirse al proyecto político de turno, sea de izquierdas o de derechas. ¿Hay que condenar a alguien por solo aplaudir, como Francisco Endara? No hay lío, los nuestros lo hacen. ¿Se puede condenar sin pruebas como en el caso de Galo Lara? Tranquilos, siempre habrá algunos de nuestros togados dispuesto a poner la firma en semejante miseria. En estos años han actuado con la lógica del sastre, las sentencias a la medida han sido el pan de cada día. Solo revisen las decisiones de la Sala de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia de los últimos cuatro años y van a ver cómo se puede llevar la palabra “servilismo” a niveles de paroxismo. ¿Quién va a invertir en un país cuyos jueces tienen como misión legitimar las actuaciones arbitrarias de la administración tributaria? Gracias a nuestros jueces hemos cuadriplicado el número de presos en el Ecuador y los índices de inseguridad ciudadana siguen intactos.

¿Qué cambiar? Algo, mucho, todo; empiecen por capacitar a los jueces. Si la impregnación política molesta, los niveles de ignorancia rampante son insoportables. En su descargo debemos decir que, así como los jueces deben ser considerados como un producto estándar de nuestra clase media, también son la fiel representación del nivel de nuestras facultades de derecho, especialmente de la universidad pública. Luego de algunos años de ejercicio profesional precario, optan por un cargo en la Función Judicial, que les permita un nivel de vida medianamente digno. Obviamente, la mera posibilidad de dejar el puesto es simplemente impensable. Saben que las durezas del ejercicio libre de la profesión no son para ellos y que afuera, sin la protección del cargo, son uno más. Que existen excepciones, sin duda, pero no se puede construir con esa base un modelo aplicable a la mayoría.

Las tareas que le esperan al nuevo Consejo de la Judicatura son enormes y estaremos pendientes de su actuación, con la convicción de que lo que viene será mucho mejor de lo que se fue. (O)

Fuente: eluniverso.com



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