No se equivoque de circo

No piense en mañana, tampoco en una semana, ni en tres meses, piense en un par de años más, cuando la vorágine de todo este escandaloso juicio a Diario EL UNIVERSO haya pasado al baúl de los recuerdos. Cuando las puertas de este circo mediático (que intenta venderse como jurídico) hayan cerrado la posibilidad de que usted pueda leer diarios que reflejen sus ideas o que sus hijos vivan rodeados de televisión pública, con contenidos de mala calidad. Por un momento imagine eso.

Pues bien, déjeme decirle que aquello que usted imaginó no va a estar dado por el circo al cual fuimos invitados, cuyo gran acto central era mostrarnos cómo enjuician a una compañía, sentencian a sus directivos o ponen tras las rejas a supuestos responsables. Me pregunto cuántos aplaudieron desde la galería cuando salió la sentencia embelesados por lo que sucedía en la pista central. Y es que en el intermedio muchos pudimos observar que el verdadero plato de fondo no se cocinaba aquí sino algunos kilómetros más lejos de esta carpa, en la Asamblea, en donde en medio de tanta agitación y conmoción algunos olvidaron que esta semana se discute la nueva ley de medios, que recogerá sistemáticamente todas estas trampas y mañas que el circo oficialista nos intenta hacer creer que son justas y en el correcto camino hacia la verdadera libertad de expresión.

La nueva ley de medios tiene un eje central basado en el control y no enfatiza la libre circulación de ideas. Es contraria a las corrientes internacionales (a pesar de que muy atentamente los asambleístas escucharon a los expertos que deambularon por la comisión). Por ejemplo, la Declaración de Chapultepec del 94 señala que “una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa”. Es contraria también al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La de Ecuador es una ley que poco recoge esto, está centrada en el consejo regulador, en asegurar la censura previa (o como le dicen ahora “responsabilidad ulterior”), pero además, ni por casualidad intenta exigirles a los gobiernos mayor transparencia. No veo por ningún lado que institucionalmente esta ley intente avanzar hacia lo que países más libres han optado, en donde las autoridades están legalmente obligadas a entregar en forma oportuna y equitativa la información del sector público a los medios (transparentar la información que se les pide y no solo la que quieren dar en las cadenas). Va en contra de la tendencia a que no solo periodistas de título escriban (ya que eso no garantiza profesionalismo) y en contra también de despenalizar los delitos de la prensa. Pero como el verdadero circo tiene un dueño que decide qué se vota y qué no, mientras sus payasos levantan la mano, lo más probable es que terminemos sin risas en este triste proceso de institucionalizar la censura.