Las megabandas de los centros carcelarios
Por: Crnl. Mario Pazmiño Silva
El fenómeno venezolano de las megabandas dentro de los centros carcelarios se ha irradiado hacia la región, como una suerte de cáncer que carcome las estructuras penitenciarias y de control estatal, sin que los gobiernos puedan solucionar este problema de inseguridad.
Las megabandas se constituyen a través de los contactos que mantienen las organizaciones delictivas y las pandillas pequeñas, a quienes ofrecen protección y trabajo a cambio de lealtad, información y control territorial. Esta relación delictiva no solo se establece al interior de los centros carcelarios, fuera de ellos, especialmente en las ciudades pequeñas, que son presa fácil de una estructura criminal que se especializó, organizó y comienza a planificar acciones de mayor envergadura criminal.
Este fenómeno ha comenzado a estar presente en el Ecuador, de manera soterrada y clandestina, en los 55 recintos de rehabilitación social existentes en el país. Las autoridades gubernamentales no han hecho este diagnóstico, por la ineficiencia burocrática, el desconocimiento de la amenaza y la corrupción imperante al interior de las cárceles.
En lo que va del 2019 se han reportado 23 muertes violentas en los centros carcelarios, la mayoría de ellas por ajustes de cuentas entre bandas rivales, que quieren establecer un control territorial al interior de los diferentes pabellones. Las autoridades de control y la Policía Nacional han ejecutado 317 operativos, que han dejado al descubierto el ingreso de droga, armas, celulares, alcohol y todo lo que puedan requerir los detenidos, a cambio de dinero o favores en el exterior de las cárceles.
Un diagnóstico actual de la crisis penitenciaria permite establecer los siguientes problemas estructurales:
Hacinamiento superior al 100% en 33 de los 55 centros de detención.
Existencia de aproximadamente 34 bandas delictivas que tratan de realizar una o varias fusiones, con miras a formar megabandas.
Control de espacios territoriales al interior de los centros carcelarios y/o pabellones, lo que genera ajusticiamientos.
Corrupción de funcionarios administrativos, guías penitenciarios y policías, que colaboran con las mafias internas y constituyen una de las principales causas de la inseguridad carcelaria.
Sistemas de seguridad electrónicas (cámaras de seguridad, escaner, arcos de acceso, puertas, etc) inservibles o desactivados, que facilitan la actividad delictiva interna en las cárceles.
Un presupuesto irrisorio, que demuestra la falta de interés gubernamental en tratar de solucionar este problema.
Sistema de salud sin profesionales o la inexistencia de los mismos para atender las necesidades de los detenidos.
Falta de un sistema de reinserción social en la casi totalidad de los centros penitenciarios.
Guías penitenciarios sin formación ni entrenamiento, para enfrentar este tipo de amenazas.
¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir la violencia y la delincuencia dentro de los centros de detención? Lo primero es poner en funcionamiento, de inmediato, los sistemas de vigilancia electrónicos, (cámaras de seguridad, escáner, arcos de acceso, puertas, etc) y, de no existir estos sistemas, garantizar el equipamiento inmediato en todos los centros carcelarios. Luego se debe realizar pruebas de confianza a los administradores, guías y policías que custodian los centros de detención. Un tercer paso es que los administradores de justicia eviten dictar la detención preventiva –se pueden dictar otras medidas-, ya que esto incrementa el hacinamiento.
Las medidas parche, como el decreto de emergencia carcelario, no van a solucionar la inseguridad penitenciaria, porque el problema está al interior de las cárceles. La falta de visión gubernamental no les permite ver el nacimiento de las megabandas.
El fenómeno venezolano de las megabandas dentro de los centros carcelarios se ha irradiado hacia la región, como una suerte de cáncer que carcome las estructuras penitenciarias y de control estatal, sin que los gobiernos puedan solucionar este problema de inseguridad.
Las megabandas se constituyen a través de los contactos que mantienen las organizaciones delictivas y las pandillas pequeñas, a quienes ofrecen protección y trabajo a cambio de lealtad, información y control territorial. Esta relación delictiva no solo se establece al interior de los centros carcelarios, fuera de ellos, especialmente en las ciudades pequeñas, que son presa fácil de una estructura criminal que se especializó, organizó y comienza a planificar acciones de mayor envergadura criminal.
Este fenómeno ha comenzado a estar presente en el Ecuador, de manera soterrada y clandestina, en los 55 recintos de rehabilitación social existentes en el país. Las autoridades gubernamentales no han hecho este diagnóstico, por la ineficiencia burocrática, el desconocimiento de la amenaza y la corrupción imperante al interior de las cárceles.
En lo que va del 2019 se han reportado 23 muertes violentas en los centros carcelarios, la mayoría de ellas por ajustes de cuentas entre bandas rivales, que quieren establecer un control territorial al interior de los diferentes pabellones. Las autoridades de control y la Policía Nacional han ejecutado 317 operativos, que han dejado al descubierto el ingreso de droga, armas, celulares, alcohol y todo lo que puedan requerir los detenidos, a cambio de dinero o favores en el exterior de las cárceles.
Un diagnóstico actual de la crisis penitenciaria permite establecer los siguientes problemas estructurales:
Hacinamiento superior al 100% en 33 de los 55 centros de detención.
Existencia de aproximadamente 34 bandas delictivas que tratan de realizar una o varias fusiones, con miras a formar megabandas.
Control de espacios territoriales al interior de los centros carcelarios y/o pabellones, lo que genera ajusticiamientos.
Corrupción de funcionarios administrativos, guías penitenciarios y policías, que colaboran con las mafias internas y constituyen una de las principales causas de la inseguridad carcelaria.
Sistemas de seguridad electrónicas (cámaras de seguridad, escaner, arcos de acceso, puertas, etc) inservibles o desactivados, que facilitan la actividad delictiva interna en las cárceles.
Un presupuesto irrisorio, que demuestra la falta de interés gubernamental en tratar de solucionar este problema.
Sistema de salud sin profesionales o la inexistencia de los mismos para atender las necesidades de los detenidos.
Falta de un sistema de reinserción social en la casi totalidad de los centros penitenciarios.
Guías penitenciarios sin formación ni entrenamiento, para enfrentar este tipo de amenazas.
¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir la violencia y la delincuencia dentro de los centros de detención? Lo primero es poner en funcionamiento, de inmediato, los sistemas de vigilancia electrónicos, (cámaras de seguridad, escáner, arcos de acceso, puertas, etc) y, de no existir estos sistemas, garantizar el equipamiento inmediato en todos los centros carcelarios. Luego se debe realizar pruebas de confianza a los administradores, guías y policías que custodian los centros de detención. Un tercer paso es que los administradores de justicia eviten dictar la detención preventiva –se pueden dictar otras medidas-, ya que esto incrementa el hacinamiento.
Las medidas parche, como el decreto de emergencia carcelario, no van a solucionar la inseguridad penitenciaria, porque el problema está al interior de las cárceles. La falta de visión gubernamental no les permite ver el nacimiento de las megabandas.
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