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Publicado el: 31/05/2013

La ley mordaza española fue como flor de un día

El Gobierno retira la propuesta en 24 horas por la oposición de los medios a la censura
El riesgo era que se acabara con la información judicial tal y como la conocemos. Que casos de máxima actualidad y que tocan al partido en el Gobierno español, como Gürtel y su derivada Bárcenas, o Nóos, que ha dado de lleno en la casa del Rey, dejaran de aparecer en los periódicos si así lo decidían los jueces.

Justicia retiró, a última hora del miércoles, de la propuesta de borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal la posibilidad de que los tribunales ordenen a los medios que dejen de publicar noticias sobre investigaciones judiciales. La propuesta puso en pie de guerra a todos los colectivos profesionales de periodistas, que aseguraron que amenazaba la libertad de información e instauraba la censura.

La iniciativa cambiaba radicalmente el régimen de publicidad de las actuaciones procesales al no imponer el secreto o el deber de reserva sobre la investigación de los delitos a las partes y los funcionarios, sino también a los medios. Con la propuesta, ahora retirada, el juez o tribunal, por propia iniciativa o a petición del fiscal, podría acordar "el cese de la difusión" a los medios que estuvieran publicando información sobre un caso. Esa prohibición de publicar podría ordenarse en cualquier asunto -esté declarado secreto o no- siempre que las noticias puedan "comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".

La propuesta de Código Procesal Penal, además, quita la dirección de las investigaciones penales a los jueces para entregárselas a los fiscales y estos, en última instancia dependen jerárquicamente del Gobierno que nombra a su máximo superior, el fiscal general. Así que, en teoría, mediante su influencia en la institución, el Ejecutivo podría conseguir que se vetaran informaciones de casos que perjudicaran al Ejecutivo.

Fuentes de Justicia aseguraron a última hora que la facultad judicial de censurar a los medios quedaba aparcada y que las únicas medidas para limitar los juicios paralelos serían la limitación de la duración del secreto de sumario para que los jueces no lo hagan o prorroguen sin limitación.

"No se puede exigir la renuncia al derecho fundamental a informar", explicó el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, Víctor Moreno Catena, con anterioridad a conocerse la retirada de la propuesta. "Las limitaciones a la posibilidad de dar información sobre las investigaciones deben ir dirigidas a las personas que pueden trasladar esas informaciones. Al juez, al fiscal, a los funcionarios del juzgado, a la policía... A los que tienen la custodia de la información. Pero no a los medios", añadió el catedrático. "Más allá de eso, los periodistas pueden indagar lo que quieran".

La ley actual no dice nada de los medios de comunicación ni establece posibilidad alguna de que se prohíba a estos la publicación de informaciones sobre casos declarados secretos. El Tribunal Constitucional, además, ha rechazado en varias ocasiones los intentos de los jueces de prohibir a los periodistas la difusión de noticias -lo que pretendía permitir el Gobierno- amparándose en el secreto.

La propuesta de Gallardón permitía, además, que el Ministerio Público impidiese a todas esas personas que den información a los periodistas bajo amenaza de responsabilidades penales.

Los medios de comunicación son los titulares del derecho a fiscalizar la actuación de sus gobernantes a través de los medios de comunicación. Y limitar ese derecho, limita la democracia.

Manuel altozano, el país, especial para expreso - España
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