El sistema carcelario, el holding de la delincuencia organizada
OPINIÓN | Por: Crnl. Mario Pazmiño Silva.
La inseguridad en el sistema carcelario es un reflejo de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. La falta de conducción adecuada en la política pública, desinformación, desconocimiento e improvisación ha generado un efecto devastador en el sistema carcelario, donde los niveles de violencia y corrupción han sido el detonante permanente de la influencia e injerencia de mega bandas o mafias delictivas que tomaron el control de las cárceles en el país.
La Constitución en su Art. 201 determina la responsabilidad del Estado a través del Sistema de Rehabilitación Social para precautelar la vida y seguridad de los privados de la libertad y también su reinserción en la sociedad, disposición constitucional que ha sido inobservada por el Gobierno, el Ministerio del Interior la Función Judicial y la Asamblea Nacional, organismos que deberían velar por el cumplimiento de las normas y la fiscalización de los infractores de las mismas.
El sistema carcelario se ha convertido en el holding de la delincuencia organizada donde se integran las estructuras delictivas para la administración y control de los mal llamados “centros de rehabilitación social”. Esta organización criminal ha penetrado todos los sistemas penitenciarios, incluyendo los funcionarios que dirigen los centros carcelarios, los guías, los sistemas de control etc., todo está interrelacionado en una sola mafia de corrupción delictiva amparada en la impunidad.
Los niveles de violencia y barbarie han sido el detonante de una realidad de inseguridad que se vive en las 55 recintos penitenciarios, donde se refugian y conviven 26 mega bandas que tratan de ejercer un dominio territorial, situación que ya se salió hace mucho tiempo de control y que las autoridades no quieren ver o evitan enfrentarlas por incapacidad o complicidad.
El ultimo acontecimiento de la muerte de un israelita investigado por las autoridades en los negociados hospitalarios, donde están posiblemente relacionados un sinnúmero de actores políticos y funcionarios públicos, es una muestra clara de la penetración de esta delincuencia organizada, donde el Director, los guías, abogados e implicados son parte de un sinnúmero de delitos que terminan con la muerte de un detenido y la amenaza por su vida a otro, ante la inacción de funcionarios judiciales que prefieren mirar para otro lado por temor o complicidad.
El Estado supuestamente preocupado por los niveles de violencia en las cárceles a nivel nacional decreta un estado de excepción para los recintos penitenciarios disponiendo la intervención de las FF.AA., sin darse cuenta que el problema no está en el los anillos de control externos, la amenaza está al interior y se llaman mega bandas.
La crisis carcelaria requiere una decisión política y una reingeniería total del sistema penitenciario, que incluya una selección adecuada de personal, mejores sistemas tecnológicos de seguridad, incremento de presupuesto, pruebas de confianza, fortalecimiento de las unidades de inteligencia penitenciaria entre algunos aspectos a considerar, si se quiere reducir la violencia y el accionar de la delincuencia organizada enquistada en los centros de rehabilitación social.
La inseguridad en el sistema carcelario es un reflejo de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. La falta de conducción adecuada en la política pública, desinformación, desconocimiento e improvisación ha generado un efecto devastador en el sistema carcelario, donde los niveles de violencia y corrupción han sido el detonante permanente de la influencia e injerencia de mega bandas o mafias delictivas que tomaron el control de las cárceles en el país.
La Constitución en su Art. 201 determina la responsabilidad del Estado a través del Sistema de Rehabilitación Social para precautelar la vida y seguridad de los privados de la libertad y también su reinserción en la sociedad, disposición constitucional que ha sido inobservada por el Gobierno, el Ministerio del Interior la Función Judicial y la Asamblea Nacional, organismos que deberían velar por el cumplimiento de las normas y la fiscalización de los infractores de las mismas.
El sistema carcelario se ha convertido en el holding de la delincuencia organizada donde se integran las estructuras delictivas para la administración y control de los mal llamados “centros de rehabilitación social”. Esta organización criminal ha penetrado todos los sistemas penitenciarios, incluyendo los funcionarios que dirigen los centros carcelarios, los guías, los sistemas de control etc., todo está interrelacionado en una sola mafia de corrupción delictiva amparada en la impunidad.
Los niveles de violencia y barbarie han sido el detonante de una realidad de inseguridad que se vive en las 55 recintos penitenciarios, donde se refugian y conviven 26 mega bandas que tratan de ejercer un dominio territorial, situación que ya se salió hace mucho tiempo de control y que las autoridades no quieren ver o evitan enfrentarlas por incapacidad o complicidad.
El ultimo acontecimiento de la muerte de un israelita investigado por las autoridades en los negociados hospitalarios, donde están posiblemente relacionados un sinnúmero de actores políticos y funcionarios públicos, es una muestra clara de la penetración de esta delincuencia organizada, donde el Director, los guías, abogados e implicados son parte de un sinnúmero de delitos que terminan con la muerte de un detenido y la amenaza por su vida a otro, ante la inacción de funcionarios judiciales que prefieren mirar para otro lado por temor o complicidad.
El Estado supuestamente preocupado por los niveles de violencia en las cárceles a nivel nacional decreta un estado de excepción para los recintos penitenciarios disponiendo la intervención de las FF.AA., sin darse cuenta que el problema no está en el los anillos de control externos, la amenaza está al interior y se llaman mega bandas.
La crisis carcelaria requiere una decisión política y una reingeniería total del sistema penitenciario, que incluya una selección adecuada de personal, mejores sistemas tecnológicos de seguridad, incremento de presupuesto, pruebas de confianza, fortalecimiento de las unidades de inteligencia penitenciaria entre algunos aspectos a considerar, si se quiere reducir la violencia y el accionar de la delincuencia organizada enquistada en los centros de rehabilitación social.
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