Tres condenados por delitos de trata de personas
El tribunal penal de Pichincha ha dictado sentencia a tres investigados por trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. La sentencia se ha producido después de la presentación de pruebas por parte de las defensas y los alegatos de cierre de las partes. Tres personas han sido condenadas por el delito: Omar Campoverde a 16 años de prisión en el grado de autor, Carlos Carguachi, 13 años como coautor y Gabriela Gallardo a cinco años con cuatro meses como cómplice. Mientras que la inocencia de dos sospechosos ha sido ratificada y cuatro han sido declarados inocentes debido a la insuficiencia de pruebas. Las víctimas del posible delito recibirán una indemnización de 10.000 dólares, y los condenados deberán pagar una suma adicional en salarios básicos.
Entre las pruebas presentadas en contra de los sospechosos se encuentran la asistencia penal internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, que incluye información sobre el grupo Segunda Marquetalia y el sector en el que opera, así como vigilancias y seguimientos que sugieren que se habían mantenido reuniones con los jefes de ese grupo en Colombia. Además, se ha tomado en cuenta los movimientos migratorios, el análisis de los teléfonos, informes telefónicos, pericias de entornos social, pericias psicológicas, cotejamiento de voces y resultados de allanamientos.
Los procesados han sido señalados como parte del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), que hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía para captar personas de forma irregular y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana. Los líderes del MGTL habrían mantenido reuniones con dirigencia de facciones disidentes de las FARC en la frontera colombo-venezolana, y habrían organizado capacitaciones en varias provincias.
Las capacitaciones abarcaban temas como la lucha callejera, introducción a la guerrilla urbana, ideología leninista, marxista, guevarista, defensa personal y disciplina paramilitar. Los espacios habrían sido aprovechados con jóvenes indígenas a los que les ofrecían becas de estudio en una universidad de Argentina con todos los gastos pagados. Los beneficiarios eran trasladados a la Casa Rebelde en San Roque, en la calle Chimborazo. Desde allí, eran llevados a campamentos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC vinculada con actividades de narcotráfico.
Al momento de la detención de los sospechosos, los familiares argumentaron que se los perseguía por ser luchadores sociales. La sentencia del tribunal penal de Pichincha, sin embargo, demuestra la existencia de un delito grave de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.
Foto: Fiscalía Ecuador.
Entre las pruebas presentadas en contra de los sospechosos se encuentran la asistencia penal internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, que incluye información sobre el grupo Segunda Marquetalia y el sector en el que opera, así como vigilancias y seguimientos que sugieren que se habían mantenido reuniones con los jefes de ese grupo en Colombia. Además, se ha tomado en cuenta los movimientos migratorios, el análisis de los teléfonos, informes telefónicos, pericias de entornos social, pericias psicológicas, cotejamiento de voces y resultados de allanamientos.
Los procesados han sido señalados como parte del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), que hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía para captar personas de forma irregular y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana. Los líderes del MGTL habrían mantenido reuniones con dirigencia de facciones disidentes de las FARC en la frontera colombo-venezolana, y habrían organizado capacitaciones en varias provincias.
Las capacitaciones abarcaban temas como la lucha callejera, introducción a la guerrilla urbana, ideología leninista, marxista, guevarista, defensa personal y disciplina paramilitar. Los espacios habrían sido aprovechados con jóvenes indígenas a los que les ofrecían becas de estudio en una universidad de Argentina con todos los gastos pagados. Los beneficiarios eran trasladados a la Casa Rebelde en San Roque, en la calle Chimborazo. Desde allí, eran llevados a campamentos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC vinculada con actividades de narcotráfico.
Al momento de la detención de los sospechosos, los familiares argumentaron que se los perseguía por ser luchadores sociales. La sentencia del tribunal penal de Pichincha, sin embargo, demuestra la existencia de un delito grave de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.
Foto: Fiscalía Ecuador.
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