Sin ninguna prueba, correa acusa a la prensa de las muertes del 30s
La acusación que el presidente Rafael Correa lanzó el sábado anterior contra la prensa, a la que responsabilizó por las víctimas del 30-S, carece de sustento jurídico.
Aunque en su último enlace en Guayaquil Correa dijo que la prensa fue culpable de las muertes de ese día, en la práctica no ha presentado ninguna evidencia que pruebe sus afirmaciones.
En los registros de la Fiscalía General no hay pedido alguno patrocinado por el Gobierno para que se investigue a algún periodista o medio de comunicación.
En los tribunales del país tampoco hay un proceso judicial en marcha por esa acusación, a excepción de la querella a El Universo. Esta última es una demanda por daño moral por USD 80 millones contra diario El Universo, por un artículo de Emilio Palacio del 6 de febrero. En esa columna sostuvo que el Presidente ordenó abrir fuego contra el Hospital de la Policía, el 30-S.
Tras siete días de la acusación contra la prensa, el Gobierno no ha sido claro en explicar si tiene pruebas que avalen las palabras de Correa o si tiene en agenda presentar una demanda particular contra algún medio masivo.
Fernando Alvarado, vocero de Carondelet, señala que los medios que actuaron en contra de la verdad, la democracia y el libre ejercicio de la justicia, tienen “un alto grado de responsabilidad”.
“No me he enterado que haya acción alguna desde el Ejecutivo. Es decir, algunos responsables quedarían cobijados bajo el manto de la impunidad”.
En ese marco, Alvarado ratifica el argumento de la acusación que Correa ensayó el sábado en Guayaquil. Por entonces, dijo que la responsabilidad de la prensa por las víctimas del 30-S se debe a que, supuestamente, manipularon la forma de informar sobre la Ley de Servicio Público, aprobada la víspera de la asonada de la Policía. “No investigaron adecuadamente la Ley de Servicio Público propuesta, exacerbaron a la Policía (...), amplificaron sin medida las mentiras desorientadoras de políticos irresponsables y ocultaron hechos fundamentales de la intentona golpista”.
Sin embargo, en el bloque de Alianza País no se coincide del todo con la acusación del Mandatario. El asambleísta César Rodríguez sostiene que las palabras del Presidente deben ser interpretadas en el contexto de un “constante acecho mediático” a las labores y acciones que hace el Gobierno. Y si bien concuerda con el Ejecutivo en sostener que -supuestamente- la prensa no hizo una cobertura adecuada de la Ley del Servicio Público, anticipa que él no puede afirmar que algún medio o periodista sea responsable de las víctimas de esa asonada.
“No me atrevería a decir que la prensa es responsable directa de las muertes del 30-S. Desde fuerzas policiales se propició un atentado a la democracia: ellos son los responsables directos”.
Desde la esfera jurídica tampoco se visualiza que el Presidente tenga evidencias suficientes que puedan llevar a probar su acusación. Al contrario, juristas consultados coinciden en que más bien son declaraciones políticas basadas en generalizaciones.
Según Ramiro Aguilar, la acusación de Correa se mueve dentro de la vulgaridad y agresividad en el que tradicionalmente se mueve la política criolla. En ese punto enfatiza que se trata de una ofensa generalizada, pero que no puede ser el argumento para que alguien emprenda una acción de injurias contra el Mandatario, ya que no hay precisiones.
Esa es una de las diferencias con relación a la demanda presentada contra Emilio Palacio, que en su artículo habla de Correa.
Del mismo modo opina el ex procurador Gustavo Medina, quien explica que son expresiones generales, que no se concretan en personas ni hechos. Por eso apunta que la acusación del Presidente cae en la esfera política.
Representantes de la prensa también consideran que detrás de esa acusación del Presidente hay un objetivo político: minar la credibilidad de los medios independientes que son críticos con los excesos que comete el poder.
“Ese tipo de manifestaciones verbales del Presidente responde a su interés de lo que él llama un clima de opinión desfavorable hacia los medios”. Ese es el criterio de Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), quien agrega que la acusación se da en el marco de la aprobación de una Ley de Comunicación de carácter punitivo.
"Son uno de los autores, la prensa corrupta, del 30-S (...), culpables de las muertes y de los heridos, porque cuánta cizaña metieron por hacerle daño al Gobierno".
Rafael Correa / Presidente de la República
"Un nuevo Presidente podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".
Emilio Palacio / El Universo
Aunque en su último enlace en Guayaquil Correa dijo que la prensa fue culpable de las muertes de ese día, en la práctica no ha presentado ninguna evidencia que pruebe sus afirmaciones.
En los registros de la Fiscalía General no hay pedido alguno patrocinado por el Gobierno para que se investigue a algún periodista o medio de comunicación.
En los tribunales del país tampoco hay un proceso judicial en marcha por esa acusación, a excepción de la querella a El Universo. Esta última es una demanda por daño moral por USD 80 millones contra diario El Universo, por un artículo de Emilio Palacio del 6 de febrero. En esa columna sostuvo que el Presidente ordenó abrir fuego contra el Hospital de la Policía, el 30-S.
Tras siete días de la acusación contra la prensa, el Gobierno no ha sido claro en explicar si tiene pruebas que avalen las palabras de Correa o si tiene en agenda presentar una demanda particular contra algún medio masivo.
Fernando Alvarado, vocero de Carondelet, señala que los medios que actuaron en contra de la verdad, la democracia y el libre ejercicio de la justicia, tienen “un alto grado de responsabilidad”.
“No me he enterado que haya acción alguna desde el Ejecutivo. Es decir, algunos responsables quedarían cobijados bajo el manto de la impunidad”.
En ese marco, Alvarado ratifica el argumento de la acusación que Correa ensayó el sábado en Guayaquil. Por entonces, dijo que la responsabilidad de la prensa por las víctimas del 30-S se debe a que, supuestamente, manipularon la forma de informar sobre la Ley de Servicio Público, aprobada la víspera de la asonada de la Policía. “No investigaron adecuadamente la Ley de Servicio Público propuesta, exacerbaron a la Policía (...), amplificaron sin medida las mentiras desorientadoras de políticos irresponsables y ocultaron hechos fundamentales de la intentona golpista”.
Sin embargo, en el bloque de Alianza País no se coincide del todo con la acusación del Mandatario. El asambleísta César Rodríguez sostiene que las palabras del Presidente deben ser interpretadas en el contexto de un “constante acecho mediático” a las labores y acciones que hace el Gobierno. Y si bien concuerda con el Ejecutivo en sostener que -supuestamente- la prensa no hizo una cobertura adecuada de la Ley del Servicio Público, anticipa que él no puede afirmar que algún medio o periodista sea responsable de las víctimas de esa asonada.
“No me atrevería a decir que la prensa es responsable directa de las muertes del 30-S. Desde fuerzas policiales se propició un atentado a la democracia: ellos son los responsables directos”.
Desde la esfera jurídica tampoco se visualiza que el Presidente tenga evidencias suficientes que puedan llevar a probar su acusación. Al contrario, juristas consultados coinciden en que más bien son declaraciones políticas basadas en generalizaciones.
Según Ramiro Aguilar, la acusación de Correa se mueve dentro de la vulgaridad y agresividad en el que tradicionalmente se mueve la política criolla. En ese punto enfatiza que se trata de una ofensa generalizada, pero que no puede ser el argumento para que alguien emprenda una acción de injurias contra el Mandatario, ya que no hay precisiones.
Esa es una de las diferencias con relación a la demanda presentada contra Emilio Palacio, que en su artículo habla de Correa.
Del mismo modo opina el ex procurador Gustavo Medina, quien explica que son expresiones generales, que no se concretan en personas ni hechos. Por eso apunta que la acusación del Presidente cae en la esfera política.
Representantes de la prensa también consideran que detrás de esa acusación del Presidente hay un objetivo político: minar la credibilidad de los medios independientes que son críticos con los excesos que comete el poder.
“Ese tipo de manifestaciones verbales del Presidente responde a su interés de lo que él llama un clima de opinión desfavorable hacia los medios”. Ese es el criterio de Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), quien agrega que la acusación se da en el marco de la aprobación de una Ley de Comunicación de carácter punitivo.
"Son uno de los autores, la prensa corrupta, del 30-S (...), culpables de las muertes y de los heridos, porque cuánta cizaña metieron por hacerle daño al Gobierno".
Rafael Correa / Presidente de la República
"Un nuevo Presidente podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".
Emilio Palacio / El Universo
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Tags: Guayaquil Emilio Palacio guayaquil 30s Fernando Alvarado emilio palacio El universo