Prisión preventiva por casos tributarios
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que tres ciudadanos acusados por defraudación tributaria tienen órdenes de prisión. Uno de ellos es el capitán Guido Gualberto Saltos Martínez (de la empresa Ícaro). En este caso la empresa había presentado de forma extemporánea sus declaraciones mensuales, sin registrar el pago total de los impuestos percibidos.
En marzo de este año se dictaron medidas cautelares contra Saltos Martínez, sin embargo, estas no se cumplieron por parte del acusado. Previa solicitud del SRI, el 2 de mayo, se cambiaron las medidas cautelares por prisión preventiva.
Otro caso es el de Jaime Eduardo Brito Aguirre, quien habría percibido impuestos por concepto de IVA sin que dichos valores hayan sido pagados ni entregados al SRI.
El acusado habría empleado comprobantes de venta no autorizados por la administración tributaria. El 10 de mayo, un tribunal de Loja y Zamora dictó sentencia condenatoria imponiendo un mes de prisión.
El tercer caso es el de Alfredo Isidro Toral Mena, representante legal de la empresa Importferal, quien también fue acusado por el tribunal de Loja de falta de entrega deliberada de los impuestos retenidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma.
El SRI inició instrucción fiscal por 90 días y se ordenó la prisión preventiva.
Fuente: El Universo
En marzo de este año se dictaron medidas cautelares contra Saltos Martínez, sin embargo, estas no se cumplieron por parte del acusado. Previa solicitud del SRI, el 2 de mayo, se cambiaron las medidas cautelares por prisión preventiva.
Otro caso es el de Jaime Eduardo Brito Aguirre, quien habría percibido impuestos por concepto de IVA sin que dichos valores hayan sido pagados ni entregados al SRI.
El acusado habría empleado comprobantes de venta no autorizados por la administración tributaria. El 10 de mayo, un tribunal de Loja y Zamora dictó sentencia condenatoria imponiendo un mes de prisión.
El tercer caso es el de Alfredo Isidro Toral Mena, representante legal de la empresa Importferal, quien también fue acusado por el tribunal de Loja de falta de entrega deliberada de los impuestos retenidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma.
El SRI inició instrucción fiscal por 90 días y se ordenó la prisión preventiva.
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