Libertad de 4 veedores del caso Gran Hermano pende de un hilo

Los cuatro ciudadanos que investigaron los presuntos contratos de Fabricio Correa con el Estado temen por el desenlace de la denuncia del Presidente. Hoy, a las 14:20, enfrentarán una audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía los acusa de perjurio. Ellos se ratifican y denuncian una persecución política.

‘Dirigí la veeduría y jamás me arrepentiré’
Pablo Chambers. Ingeniero comercial y Presidente de la veeduría.

Para Pablo Chambers, titular de la veeduría, la acusación en su contra es como un deporte extremo. Esa es la respuesta que da a sus hijos, de 23 y 24 años, cuando le demuestran su preocupación. Los jóvenes practican escalada de montañas.

“Les digo, ustedes hacen deportes extremos, déjenme, yo tengo el mío, sabemos que en cualquier momento nos podemos caer o nos pueden cortar la cuerda”, contó el hombre de 54 años.

Sus hijos, Juan Francisco y Pablo Emilio, estudiaban en Alemania y Canadá; en diciembre pasado regresaron al país. Tras la acusación del Presidente, el 31 de marzo del 2011, las finanzas de Chambers decayeron hasta no poder costear esos gastos.

Dirige su propia empresa de consultoría. Tras la denuncia de Correa, tuvo que cambiar la razón social. “Al escuchar mi apellido las puertas se cerraban”.

Sin embargo, dijo que jamás se arrepiente de haber dirigido la veeduría que concluyó que el Presidente conocía sobre los supuestos contratos de Fabricio Correa con el Estado.

También teme por la salud de sus padres, que superan los 80 años. “Mi madre comenzó a perder el pelo por la tensión”.

Aparte de sus preocupaciones, Chambers contó que supuestos oficiales de la seguridad del Estado lo siguen “a todo lado”.

Por sentirse perseguido solicitó medidas cautelares a la CIDH.

Para él, las acusaciones en su contra también le significaron la pérdida de algunos amigos. Hace días -recordó- coincidió en una cena con Paulo Rodríguez, titular del Consejo Transitorio y ex compañero en la Academia Militar Ecuador. “Le dije que mejor me iba a sentar en otra mesa, porque después le hacía daño. Él me respondió que tenía razón”.

‘Nunca seré ingrato con el presidente Correa’
Víctor Hugo Hidalgo. Contador, jubilado del Seguro Social.

Víctor Hugo Hidalgo recuerda que Rafael Correa Icaza, padre del Presidente de la República, fue su tutor cuando trabajaba como inspector del Seguro Social. También recuerda que en la campaña del 2006 fue un militante activo del movimiento Alianza País. Atrás quedaron esos recuerdos, ahora, a sus 65 años, un juicio impulsado por quien una vez apoyó, le ha quitado la tranquilidad.

En 1999 se jubiló. Diez años después decidió participar en la veeduría que fue convocada por Rafael Correa, para vigilar la cancelación de contratos de Fabricio Correa con el Estado. Pero cuando presentaron el informe, en donde ratificaron que el Presidente sí conocía los contratos de su hermano con el Estado, tuvo una reacción que le sorprendió.

“Yo tengo aprecio al Presidente, pero no me esperaba esta reacción, la forma cómo él hace la denuncia me indigna. Nos trata como si fuéramos criminales”.

Dice que durante este año, que ha durado la investigación por parte de la Fiscalía, sus problemas de salud han aumentado. “Soy responsable de mis actos y dije lo que tenía que decir de acuerdo con mi conciencia; se inició un vía crucis para mí, he pasado etapas de zozobra, de insultos y amenazas”, recuerda.

Una de las principales afectaciones ha sido por el estrés, por lo cual debe tomar, cada día, medicamentos. Sin embargo, ahora él teme por su libertad, pues mantiene a su esposa y a su madre de 94 años. “El momento en que me priven de la libertad prefiero que me den un tiro”.

Pese a todo lo que ha pasado, dice que “jamás será ingrato con el Presidente”. Aunque ratifica que no está en esta situación por haber cometido delito alguno.

“Estoy acá por decir la verdad”.

‘Que sepa que el poder no dura para siempre’
Gerardo Portilla. Ex empleado público de Petroecuador

Hace dos meses Gerardo Portilla otorgó una entrevista a una radio local sobre el informe de la veeduría.

De regreso a su casa, por la venida Simón Bolívar, un automóvil le cerró el paso. Su auto quedó destrozado, dio dos vueltas. “Me salvé de Milagro”, dice.

Este ex funcionario público asegura que desde hace mucho tiempo no se siente en libertad. Desde hace dos meses vive junto a su hermana Rocío, pues ya no tiene para pagar un arriendo.

Portilla se ha caracterizado por hacer públicas irregularidades. En el 2009, cuando era funcionario de Petroecuador, denunció unos contratos de la Armada. El 31 de octubre fue despedido. Se decidió a participar como veedor porque le interesaba conocer cuál fue el fin de los contratos, pero nunca esperó que por un trabajo cívico recibiera este pago.

Él también fue trabajador de la Contraloría, pero recuerda que el informe de la veeduría fue presentado al titular de esa dependencia, Carlos Pólit, el 4 de febrero del 2011. “El 16 de ese mes un asesor de Pólit me notificó que ya no podía trabajar en la Contraloría, pues había problemas con el Gobierno”. A este se sumó que todas las instituciones públicas y privadas le cerraron las puertas.

Esto desencadenó que Portilla perdiera su casa, ya que no tenía cómo pagar el préstamo al banco en espera de aclarar la situación: “Nosotros queríamos hablar con el Presidente”. Recuerda que le solicitaron una reunión, en cuatro ocasiones, pues el informe podía haber sido direccionado.
Además de las complicaciones laborales, él ha tenido problemas de salud y emocionales.

“Vivimos una angustia, nos sentimos como delincuentes por buscar verdad y transparencia”.
Redacción Guayaquil

‘Solo me motivó a actuar un civismo ciudadano’
José Quishpe. Profesor, ingeniero en Sistemas e Informática

José Quishpe siente desazón. Rodeado de computadoras, en su oficina, en un conocido colegio quiteño, Quishpe dice que su vida ha sido limpia. “Motivada por forjar un país digno, sin corrupción, donde imperen la verdad y la transparencia”.

“Yo creí -como la mayoría- que la Constitución garantista de Montecristi era la puerta de la participación ciudadana; hoy los ciudadanos, sus mandantes que llama el Presidente, somos perseguidos”. Valiéndose de una ‘laptop’ Dell, en la que tiene documentos, videos, etc., Quishpe sostiene que atendió al llamado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -Cpccs- para ser comisionado. Fue escogido. “Pronto -recuerda- comenzamos el trabajo; los cinco primeros meses la CFN -donde Fabricio Correa obtuvo un préstamo- y el Ministerio de Obras Públicas negaron los documentos, pero al fin los conseguimos”.

Destaca un hecho clave: el ex ministro Jorge Marún, cabeza del plan emergente vial Relámpago, informó toda la actividad a la Presidencia y, por ende, dice, a Rafael Correa, “por eso él sabía las actividades del hermano”.

“Hubo favoritismo a Fabricio Correa: el 24 de diciembre del 2008 recibió el 80% de anticipo en la obra Sifón-Limones-Río Alamor”. No tiene nada contra el Presidente -dice-, “ por eso le pido que no nos haga daño”.

“Soy un ciudadano honesto que pide la verdad; en cadenas nacionales nos han insultado, ¿han informado del avance de las investigaciones?”. “Temo ir preso, mi vida cambió, hace un mes fui papá. Mi fe en Dios y la oración me ayudan”. Muestra un video, de Ecuavisa, en el cual el fiscal Galo Chiriboga dijo, en enero, que los veedores no serán acusados y la investigación seguirá...

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