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Publicado el: 12/04/2012

La compra de chalecos tiene responsabilidades penales

Mientras el presidente Rafael Correa defiende la compra de 1,2 millones de chalecos (solo había 155 mil motos matriculadas), la Contraloría General del Estado determinó “indicios de responsabilidad penal” en las dos contrataciones de estos accesorios, hechas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A esta conclusión llegó la Contraloría tras recoger y analizar –en nueve meses– los documentos de la compra de chalecos y placas por $ 7,6 millones, y de descubrir que se había hecho un segundo contrato de chalecos por $ 3,3 millones.

La Contraloría determina indicios de responsabilidad penal –razón por la que el informe fue enviado directamente a la Fiscalía–, porque se violaron las normas de la Ley de Contratación Pública. El artículo 23 de esta ley obliga a que un proceso de compra debe contar con los estudios y diseños “completos, definitivos y actualizados” aprobados y que consten en el plan anual de contrataciones.

La compra de 1,2 millones de chalecos no constaba en el plan de adquisiciones del 2010, según conoció la Contraloría. Tampoco se hicieron los estudios técnicos para sustentar la necesidad de comprar 600 mil chalecos primero, menos aún para adquirir 600 mil más.

El único argumento de la ANT para hacer la compra fue que “el inusitado crecimiento del parque de motocicletas a nivel nacional, por diferentes causas, entre ellas las facilidades de pago y los precios muy reducidos de ciertas marcas, ha ocasionado que muchos ciudadanos hayan optado por este medio de transporte y no hayan cumplido con la obligación legal de matricular, motivo por el cual no se cuenta con una estadística exacta de cuántas motos circulan por la República”.

Según el informe de Contraloría la ANT “no contiene información que muestre un estudio pormenorizado para establecer un total de 600 mil potenciales usuarios”. Hasta el 17 de diciembre del 2011, cuando ya se había firmado el primer contrato de chalecos, la Dirección de Planificación de la ANT señaló que existían 155.276 motos matriculadas ese año, mientras que en el 2010 hubo 117 mil.

De ahí que, para los auditores, el incremento porcentual de motos correspondía al 32%, lo que no obedece a la necesidad planteada por la ANT y que representaría un aumento del 509%. “Por tanto, el criterio expresado por quien creó la necesidad no tiene sustento técnico ni argumento que permita definir el número de placas y chalecos a contratar”, concluye.

Los dos contratos de chalecos los firmó el exdirector de la ANT, Ricardo Antón, junto con el presidente de la empresa IMC (EICA), Yamil Chedraui. Ambos habían trabajado juntos en la antes CTG en Guayas. Chedraui también es pariente de un tío político de Antón.

El martes pasado, Rafael Correa afirmó: “Yo sigo apoyando la gestión de Ricardo Antón”. También señaló que si bien hay 150 mil motos matriculadas, se adquirieron 600 mil chalecos considerando que entre el 2007 y el 2011 se han importado más de medio millón de motos. “Que luego se pidieron más chalecos porque se dijo que se necesitaban dos por moto. Hasta allí no hay irregularidades”, dijo.

¿Quién hizo los pliegos?
Entre las conclusiones de la Contraloría no se pudo establecer quién elaboró los pliegos (condiciones del contrato) para comprar los chalecos.

La documentación analizada señala que el coordinador administrativo de la ANT, Roberto Flores Torres, entregó los pliegos al director jurídico, Gilberto Pino, para que analice las cláusulas que exigía la ANT sobre los chalecos. Sin embargo, no se ha podido precisar quién entregó los pliegos a Flores.

Textuales: Queja de usuario
Fernando Freire:
Motorizado
“Al mes que lo recibí ya se le dañaron las tiras reflectivas. Es responsabilidad del Gobierno”.
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