Juez libera a acusados de crimen organizado
El juez Byron Orejuela ha liberado a Luis Arboleda “alias Godo Lucho”, cabecilla de la banda delictiva de “Los Lobos” y a Jairo Fernando Zambrano, quienes estaban detenidos en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi por delitos de crimen organizado ligados al narcotráfico. Esta decisión ha sido tomada mediante una medida cautelar a favor de los procesados, que ha sido concedida por el juez de Flavio Alfaro (Manabí), y su liberación se ha ejecutado el 31 de marzo de 2023 tras girar las boletas de excarcelación. Sin embargo, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha adelantado que presentará una denuncia contra el juez Orejuela y solicitará la revocatoria de la medida cautelar, alegando que el magistrado no tenía la capacidad para liberar a los procesados.
Luis Arboleda, alias ‘Gordo Lucho’, tiene una larga lista de procesos judiciales por delitos como tráfico de armas y drogas, tenencia de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y homicidio, y se le señala como el presunto responsable del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la Cárcel de El Inca en Quito. Arboleda fue capturado por la policía en febrero de 2022 con más de 50 kilos de droga, pero en abril de ese mismo año fue liberado en una audiencia de revisión de medidas. En diciembre de 2022, las autoridades lo recapturaron por su relación con el crimen de Loza, pero en su contra solo se dictaron medidas alternativas. Finalmente, el 14 de diciembre de 2022, fue arrestado en un operativo antidrogas en Quevedo y estuvo preso hasta su liberación el 31 de marzo de 2023.
Jairo Fernando Zambrano Demera, por su parte, tiene procesos judiciales por delitos como tráfico de drogas, robo, delincuencia organizada y homicidio. Ambos procesados argumentaron vulneraciones al debido proceso y a sus derechos a la libertad y a la integridad física, salud y vida, lo que ha llevado a la concesión de la medida cautelar por parte del juez Orejuela y a la posterior liberación de los detenidos.
Al respecto en un comunicado del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la entidad manifestó su malestar por la situación indicando que: "el Juez Byron Michael Orejuela Giler desnaturaliza las medidas cautelares constitucionales y contraviene normativa expresa, haciendo caso omiso a que dentro de la justicia penal ordinaria existen los mecanismos legales adecuados para dar atención a las alegaciones realizadas por los beneficiarios de la acción constitucional. Por lo que, se está utilizando, una vez más, la justicia constitucional de manera indebida".
Luis Arboleda, alias ‘Gordo Lucho’, tiene una larga lista de procesos judiciales por delitos como tráfico de armas y drogas, tenencia de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y homicidio, y se le señala como el presunto responsable del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la Cárcel de El Inca en Quito. Arboleda fue capturado por la policía en febrero de 2022 con más de 50 kilos de droga, pero en abril de ese mismo año fue liberado en una audiencia de revisión de medidas. En diciembre de 2022, las autoridades lo recapturaron por su relación con el crimen de Loza, pero en su contra solo se dictaron medidas alternativas. Finalmente, el 14 de diciembre de 2022, fue arrestado en un operativo antidrogas en Quevedo y estuvo preso hasta su liberación el 31 de marzo de 2023.
Jairo Fernando Zambrano Demera, por su parte, tiene procesos judiciales por delitos como tráfico de drogas, robo, delincuencia organizada y homicidio. Ambos procesados argumentaron vulneraciones al debido proceso y a sus derechos a la libertad y a la integridad física, salud y vida, lo que ha llevado a la concesión de la medida cautelar por parte del juez Orejuela y a la posterior liberación de los detenidos.
Al respecto en un comunicado del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la entidad manifestó su malestar por la situación indicando que: "el Juez Byron Michael Orejuela Giler desnaturaliza las medidas cautelares constitucionales y contraviene normativa expresa, haciendo caso omiso a que dentro de la justicia penal ordinaria existen los mecanismos legales adecuados para dar atención a las alegaciones realizadas por los beneficiarios de la acción constitucional. Por lo que, se está utilizando, una vez más, la justicia constitucional de manera indebida".
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/CxPnK4c7Xh
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) April 1, 2023
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