Gobierno demandará a exfuncionarios de la década del correísmo por caso Chevron
El secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, señaló este 6 de septiembre que se aplicará sanciones de repetición contra ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa si el caso Chevron tiene un resultado negativo a los intereses del Ecuador.
Por otro lado este 7 de septiembre se conoció el fallo del Tribunal Arbitral de La Haya que declaró a Ecuador como responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Inversión; de haber denegado justicia; y de no brindar un trato justo y equitativo a la petrolera Chevron. La petrolera pidió al tribunal que Ecuador se haga cargo de los $9.500 millones, por indemnización.
Según señala un comunicado de la Secretaría de Comunicación al respecto: "El régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo mediático y político, además empleó fondos públicos para propaganda, como el contrato por $ 6,4 millones con la empresa MCSquared para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow ($ 188 mil) y Danny Glover ($ 330 mil), dentro de la campaña ‘La Mano sucia de Chevron,’ que “manipuló a la opinión pública nacional e internacional”.
“Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos”, manifestó la autoridad. A esto se suma que la Cancillería, liderada en aquel entonces por Ricardo Patiño, suscribió un contrato por $ 2,5 millones con una empresa de comunicación para pagar viáticos y viajes de figuras públicas e internacionales.
Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar gravemente a la economía ecuatoriana.
En contraposición a estas decisiones que afectaron al país, el Secretario General de la Presidencia ratificó que el Gobierno Nacional seguirá protegiendo los intereses nacionales y defendiendo a las comunidades afectadas. Ratificó que esta lucha es una “causa nacional” y que “Ecuador agotará todas las instancias que sean necesarias, para proteger los intereses del pueblo amazónico y ecuatoriano en general”.
En consecuencia, el Ejecutivo solicita al Procurador General del Estado se demande a los exfuncionarios ante cualquier sanción económica al país por el caso Chevron, mediante el Derecho de Repetición que establece la Constitución de la República".
Por otro lado este 7 de septiembre se conoció el fallo del Tribunal Arbitral de La Haya que declaró a Ecuador como responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Inversión; de haber denegado justicia; y de no brindar un trato justo y equitativo a la petrolera Chevron. La petrolera pidió al tribunal que Ecuador se haga cargo de los $9.500 millones, por indemnización.
Según señala un comunicado de la Secretaría de Comunicación al respecto: "El régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo mediático y político, además empleó fondos públicos para propaganda, como el contrato por $ 6,4 millones con la empresa MCSquared para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow ($ 188 mil) y Danny Glover ($ 330 mil), dentro de la campaña ‘La Mano sucia de Chevron,’ que “manipuló a la opinión pública nacional e internacional”.
“Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos”, manifestó la autoridad. A esto se suma que la Cancillería, liderada en aquel entonces por Ricardo Patiño, suscribió un contrato por $ 2,5 millones con una empresa de comunicación para pagar viáticos y viajes de figuras públicas e internacionales.
Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar gravemente a la economía ecuatoriana.
En contraposición a estas decisiones que afectaron al país, el Secretario General de la Presidencia ratificó que el Gobierno Nacional seguirá protegiendo los intereses nacionales y defendiendo a las comunidades afectadas. Ratificó que esta lucha es una “causa nacional” y que “Ecuador agotará todas las instancias que sean necesarias, para proteger los intereses del pueblo amazónico y ecuatoriano en general”.
En consecuencia, el Ejecutivo solicita al Procurador General del Estado se demande a los exfuncionarios ante cualquier sanción económica al país por el caso Chevron, mediante el Derecho de Repetición que establece la Constitución de la República".
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