Fiscalía presentó dictamen en caso Metástasis. Una red de jueces, abogados, políticos facilitando actividades criminales
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado formalmente su dictamen acusatorio en el emblemático caso Metástasis. Este proceso involucra a 37 personas imputadas por su presunta participación en una compleja red criminal vinculada al narcotraficante Leandro Norero. Durante una audiencia realizada el miércoles 11 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, se revelaron detalles sobre los roles y acciones de cada uno de los procesados, incluyendo cuatro personas identificadas como los cabecillas de esta organización criminal.
A continuación, se detallan los cargos específicos para cada uno de los principales implicados:
- Fabián C.: Acusado de ser el encargado de las operaciones financieras de la organización, supervisando el flujo de dinero ilícito.
- Cristian Romero: Considerado el arquitecto detrás de la red de tráfico de influencias y cohecho dentro del sistema judicial.
- Xavier Jordán: Acusado de proporcionar los recursos materiales necesarios para ejecutar los planes de la organización.
- Xavier Novillo: Se le atribuye la coordinación de la red de influencias que permitió que la organización obtuviera favores judiciales.
- Ronny Aleaga: Se le acusa de haber realizado contención política para proteger a la organización frente a las denuncias públicas.
- Wilman Terán: Habría facilitado la compra de decisiones judiciales, asegurando sentencias favorables para la red.
- María V.: Fiscal provincial que habría asesorado a Leandro Norero en varios procesos judiciales.
Estos son solo algunos de los nombres que aparecen en la lista de procesados, los cuales abarcan una amplia gama de profesionales que, supuestamente, utilizaron sus cargos para favorecer a la organización criminal.
El juez Cabrera determinó que no existían causales claras para que se excusara de continuar con el caso y afirmó que "la Ley faculta mi intervención en el conocimiento de la causa". Asimismo, rechazó los argumentos de los acusados que alegaban vicios de procedimiento o falta de oportunidad para la defensa, señalando que la FGE actuó en estricto apego a las normas legales y al debido proceso.
- Johann Marfetán: Se le acusa de manipular la conformación de un tribunal para favorecer a la organización.
- Glenda O.: Habría facilitado el cambio de medidas cautelares para beneficiar a Leandro Norero.
- Pablo Romero: Exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), quien habría gestionado traslados de internos a centros de rehabilitación en beneficio de la red criminal.
La lista continúa, involucrando a jueces, fiscales y policías que, según la FGE, habrían recibido pagos, sobornos o favores a cambio de proteger a la organización y facilitar sus operaciones ilícitas.
El caso Metástasis es un claro ejemplo de cómo las organizaciones criminales pueden influir y corromper a múltiples actores dentro del sistema judicial. Con 37 personas procesadas y acusaciones que van desde tráfico de influencias hasta el lavado de activos, este proceso representa un reto para las autoridades ecuatorianas. La Fiscalía General del Estado ha demostrado su compromiso de llevar adelante el caso, enfrentando intentos de nulidad y cuestionamientos legales que buscan entorpecer la justicia. Queda por ver cómo continuará este proceso y cuál será el destino de los acusados en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.
Foto: Fiscalía Ecuador.
Los principales implicados
De acuerdo con la Fiscalía, Fabián C., Cristian Romero, Xavier Jordán y Xavier Novillo fueron señalados como los líderes de la estructura criminal. Se les acusa de haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, lavado de activos y manipulación del sistema judicial. Junto a ellos, 33 personas más fueron implicadas como cómplices en esta trama de delincuencia organizada.A continuación, se detallan los cargos específicos para cada uno de los principales implicados:
- Fabián C.: Acusado de ser el encargado de las operaciones financieras de la organización, supervisando el flujo de dinero ilícito.
- Cristian Romero: Considerado el arquitecto detrás de la red de tráfico de influencias y cohecho dentro del sistema judicial.
- Xavier Jordán: Acusado de proporcionar los recursos materiales necesarios para ejecutar los planes de la organización.
- Xavier Novillo: Se le atribuye la coordinación de la red de influencias que permitió que la organización obtuviera favores judiciales.
Otros cómplices y sus roles
La Fiscalía ha sido detallada en sus acusaciones, especificando el papel de cada uno de los procesados en la red delictiva. Entre los acusados se encuentran políticos, jueces, fiscales, abogados y funcionarios públicos que habrían facilitado las actividades criminales de la organización.- Ronny Aleaga: Se le acusa de haber realizado contención política para proteger a la organización frente a las denuncias públicas.
- Wilman Terán: Habría facilitado la compra de decisiones judiciales, asegurando sentencias favorables para la red.
- María V.: Fiscal provincial que habría asesorado a Leandro Norero en varios procesos judiciales.
Estos son solo algunos de los nombres que aparecen en la lista de procesados, los cuales abarcan una amplia gama de profesionales que, supuestamente, utilizaron sus cargos para favorecer a la organización criminal.
Desarrollo de la audiencia
La audiencia que inició el 11 de septiembre en el octavo piso de la CNJ estuvo marcada por la presentación de pruebas y el análisis de los roles de los acusados. A las 17:20, la sesión fue suspendida y se programó su continuación para el jueves 12 de septiembre a las 08:30. Durante esta jornada, la Fiscalía y las defensas de los imputados continuarán con sus intervenciones.Suspensión previa y reanudación del proceso
Es relevante mencionar que este proceso judicial se suspendió previamente el 16 de agosto debido a una serie de solicitudes de nulidad presentadas por los acusados. El juez Manuel Cabrera Esquivel reanudó la audiencia el 11 de septiembre, luego de declarar válidas todas las acciones realizadas hasta ese momento por la Fiscalía. Los intentos de los procesados por cuestionar la competencia del juez y la legalidad del proceso no tuvieron éxito.El juez Cabrera determinó que no existían causales claras para que se excusara de continuar con el caso y afirmó que "la Ley faculta mi intervención en el conocimiento de la causa". Asimismo, rechazó los argumentos de los acusados que alegaban vicios de procedimiento o falta de oportunidad para la defensa, señalando que la FGE actuó en estricto apego a las normas legales y al debido proceso.
Acusaciones individuales: un desglose de los cargos
Cada uno de los 37 procesados enfrenta acusaciones detalladas por su participación en la red criminal. Estos son algunos de los más relevantes:- Johann Marfetán: Se le acusa de manipular la conformación de un tribunal para favorecer a la organización.
- Glenda O.: Habría facilitado el cambio de medidas cautelares para beneficiar a Leandro Norero.
- Pablo Romero: Exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), quien habría gestionado traslados de internos a centros de rehabilitación en beneficio de la red criminal.
La lista continúa, involucrando a jueces, fiscales y policías que, según la FGE, habrían recibido pagos, sobornos o favores a cambio de proteger a la organización y facilitar sus operaciones ilícitas.
El futuro del caso
El caso Metástasis ha captado la atención nacional por la magnitud de los involucrados y las implicaciones para el sistema judicial del país. La continuación de las audiencias promete arrojar más luz sobre cómo operaba esta red criminal y las medidas que tomarán las autoridades para sancionar a los responsables. Además, este caso pone de relieve la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema judicial para evitar que redes delictivas como esta se infiltren y corrompan las instituciones.El caso Metástasis es un claro ejemplo de cómo las organizaciones criminales pueden influir y corromper a múltiples actores dentro del sistema judicial. Con 37 personas procesadas y acusaciones que van desde tráfico de influencias hasta el lavado de activos, este proceso representa un reto para las autoridades ecuatorianas. La Fiscalía General del Estado ha demostrado su compromiso de llevar adelante el caso, enfrentando intentos de nulidad y cuestionamientos legales que buscan entorpecer la justicia. Queda por ver cómo continuará este proceso y cuál será el destino de los acusados en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.
Foto: Fiscalía Ecuador.
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