Estos son los asambleístas que habrían pedido dinero a cambio de aprobar Ley de Inversiones

Estos son los asambleístas que habrían pedido dinero a cambio de aprobar Ley de Inversiones
Publicado el: 27/03/2022
Este 26 de marzo del 2022, el presidente Guilermo Lasso envió una comunicación a la Fiscal Diana Salazar, en la que denuncia los nombres de los asambleístas que habrían pedido beneficios económicos para la aprobación de la Ley de Inversiones.

En la comunicación Lasso afirma que "he sido informado que, durante el mes de marzo de 2022, en una reunión de carácter politico mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, asi como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, aquellos legisladores habrian pedido beneficios económicos para si a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley".

Lasso agrega que "Eso es gravisimo, señora Fiscal General, y ante ello no puedo permanecer silente.Primero, porque traicionaria mis obligaciones como Presidente de la República, asi como la confianza que ha depositado en mi el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana. Y segundo, porque callarme constituiria una infracción penal, tipificada en el articulo 277 del Código Orgánico Integral Penal, acorde al cual "La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conoce de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga immediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta dias"[...]"que el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como concusión, sancionada con hasta cinco años de prisión, el que ". las personas que actien en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República...exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sieldos o gratificaciones no debidas...", cumplo con mi obligación moral, politica y legal de poneren su conocimiento lo anterior, a efectos de que en ejercicio de sus competencias inicie las investigaciones que corresponden, con arreglo a la ley".


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