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Publicado el: 27/11/2018

Emiten orden de captura contra estudiante que denunció contratación de funcionario cuestionado

Emiten orden de captura contra estudiante que denunció contratación de funcionario cuestionado
Sara Velástegui, estudiante del sexto semestre de Derecho de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) fue sentenciada a 40 días de prisión el pasado 21 de noviembre del 2018, luego de ser acusada por el rector de su propio centro de estudios por "injurias".

La orden de prisión en contra de la estudiante fue emitida el pasado 21 de noviembre, por el juez de la Unidad Judicial de Contravenciones de Ambato, Sandro Paúl Pérez Sánchez.

Galo Naranjo, es el rector de la UTA quien inició el proceso contra la estudiante luego de que ella publicase en su cuenta de facebook que el ingeniero Paulo Rodríguez Molina, quien, es cuestionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por actos de corrupción, trabaja en el rectorado de la universidad junto a sus autoridades. “Es curioso, porque es la misma persona quien participó para realizar una consultoría en la universidad por $197 mil, y que el día de hoy él, y toda su cúpula, es decir, la doctora Keren Jaramillo, se encuentran trabajando en el rectorado. ¿Desde cuándo van a emitir las sabatinas?, señor rector. Diez años de corruptela no son suficientes para usted”, escribió la estudiante.

Paulo Rodríguez, fue vocal del consejo de la Judicatura, cercano a Gustavo Jalkh hoy cesado de sus funciones tras determinarse un incumplimiento en todos los parámetros evaluados por el CPCCS. Rodríguez llegó a presidir la Judicatura a pesar de ser ingeniero electrónico y no abogado. Según relata Ecuavisa, Rodríguez además es mencionado por irregularidades en contrataciones, que se habrían dado durante la emergencia de la función Judicial, en mayo de 2011, por $304 millones es lo que reveló este 26 de septiembre de 2018 Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura transitorio. Dentro de las obras de emergencia judicial, 5 primos del expresidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de la empresa C&C Constructores que remodeló la Corte Provincial de Guayaquil por $20,8 millones.

Ante lo absurdo del caso se han pronunciado a favor de la estudiante la asambleísta Jeannine Cruz, Julio César Trujillo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Fundamedios, solicitando al rector Naranjo a desistir de la causa.





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