Diego García exgobernador de Imbabura, puesto por Rafael Correa, es condenado por peculado
El pasado jueves 12 de septiembre de 2024, el Tribunal Penal de Pichincha emitió un veredicto contundente en contra de Diego García Pozo, exgobernador y exprefecto de la provincia de Imbabura. Tras una exhaustiva investigación y un juicio que se extendió por varios meses, García fue condenado a un año de prisión por ser considerado el autor directo del delito de peculado. Esta sentencia representa una victoria clave en la lucha contra la corrupción en Ecuador, pero también deja al descubierto las complejas redes de malversación de fondos públicos que siguen afectando al país.
Sin embargo, los cimientos de su carrera política comenzaron a tambalearse cuando salieron a la luz las irregularidades cometidas durante su gestión como prefecto. A partir de ese momento, las denuncias y acusaciones en su contra no hicieron más que acumularse, conduciendo finalmente a un juicio por peculado.
Según los testimonios y documentos presentados en el juicio, García ordenó la contratación de seis guardias de seguridad, quienes operaban en turnos rotativos las 24 horas del día, cubriendo incluso fines de semana y feriados. Esta guardianía, financiada con fondos públicos, generó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano por un monto total de $182,636.11.
Durante la primera semana de audiencias, la Fiscalía presentó 12 testigos, entre los que se encontraban los mismos guardias contratados, funcionarios de la Prefectura de Imbabura y expertos contables que confirmaron el mal uso de los fondos públicos. A esto se sumaron informes documentales emitidos por la Contraloría General del Estado, así como pericias realizadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que evidenciaron las transacciones fraudulentas realizadas durante la administración de García.
Entre los documentos presentados por la Fiscalía, se destacaron los roles de pago de los guardias, que confirmaban la relación laboral directa con la Prefectura, a pesar de que su trabajo estaba destinado a la protección personal de García y su familia. Los informes financieros también revelaron cómo los recursos destinados a proyectos provinciales fueron desviados para costear los servicios de seguridad privada, afectando gravemente el presupuesto público.
La sentencia emitida contra Diego García marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Ecuador. No obstante, queda la interrogante de si esta condena es suficiente para frenar la malversación de fondos públicos en el país. A pesar de la condena de un año de prisión, muchos críticos consideran que las sanciones deben ser más severas para disuadir a otros funcionarios de caer en prácticas corruptas.
Además, el caso de García ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos. La corrupción sigue siendo un problema estructural en muchas provincias de Ecuador, donde las autoridades locales a menudo operan con poca transparencia y escasa rendición de cuentas.
Foto: Gobierno Provincial de Imbabura
El Ascenso y Caída de Diego García
Diego García comenzó su carrera política en 2007 cuando fue nombrado gobernador de Imbabura por el entonces presidente Rafael Correa. Su influencia política se consolidó en 2009, cuando fue elegido prefecto de Imbabura. No obstante, tras un mandato que dejó más sombras que luces, perdió la reelección en 2014. A pesar de su derrota, García mantuvo su presencia en la política ecuatoriana. Fue nuevamente designado gobernador y, en 2017, alcanzó un escaño como asambleísta por el partido Alianza PAIS, lo que parecía sellar su regreso triunfal a la esfera pública.Sin embargo, los cimientos de su carrera política comenzaron a tambalearse cuando salieron a la luz las irregularidades cometidas durante su gestión como prefecto. A partir de ese momento, las denuncias y acusaciones en su contra no hicieron más que acumularse, conduciendo finalmente a un juicio por peculado.
Peculado: Un Delito que Sacude a Imbabura
El delito de peculado, tal y como lo define el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, ocurre cuando un funcionario público utiliza indebidamente fondos estatales en beneficio propio o de terceros. En el caso de Diego García, la Fiscalía presentó pruebas irrefutables que demostraron que el exfuncionario utilizó recursos públicos de la Prefectura de Imbabura para costear seguridad privada en su residencia personal, ubicada en Ibarra.Según los testimonios y documentos presentados en el juicio, García ordenó la contratación de seis guardias de seguridad, quienes operaban en turnos rotativos las 24 horas del día, cubriendo incluso fines de semana y feriados. Esta guardianía, financiada con fondos públicos, generó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano por un monto total de $182,636.11.
La Investigación y Juicio: Un Proceso Lleno de Obstáculos
El proceso judicial contra Diego García comenzó en noviembre de 2023, cuando la Fiscalía decidió llamarlo a juicio. La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo en mayo de 2024 en el Complejo Judicial Norte de Quito, y fue ahí donde la Fiscalía desplegó una serie de pruebas contundentes que demostraban las irregularidades cometidas por el exfuncionario.Durante la primera semana de audiencias, la Fiscalía presentó 12 testigos, entre los que se encontraban los mismos guardias contratados, funcionarios de la Prefectura de Imbabura y expertos contables que confirmaron el mal uso de los fondos públicos. A esto se sumaron informes documentales emitidos por la Contraloría General del Estado, así como pericias realizadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que evidenciaron las transacciones fraudulentas realizadas durante la administración de García.
Entre los documentos presentados por la Fiscalía, se destacaron los roles de pago de los guardias, que confirmaban la relación laboral directa con la Prefectura, a pesar de que su trabajo estaba destinado a la protección personal de García y su familia. Los informes financieros también revelaron cómo los recursos destinados a proyectos provinciales fueron desviados para costear los servicios de seguridad privada, afectando gravemente el presupuesto público.
La sentencia emitida contra Diego García marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Ecuador. No obstante, queda la interrogante de si esta condena es suficiente para frenar la malversación de fondos públicos en el país. A pesar de la condena de un año de prisión, muchos críticos consideran que las sanciones deben ser más severas para disuadir a otros funcionarios de caer en prácticas corruptas.
Además, el caso de García ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos. La corrupción sigue siendo un problema estructural en muchas provincias de Ecuador, donde las autoridades locales a menudo operan con poca transparencia y escasa rendición de cuentas.
Foto: Gobierno Provincial de Imbabura
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