Cosurca y Megamaq la batalla legal pasa a la fiscalía
Con catorce procesos que se tramitan en tres ciudades del país, las compañías Cosurca y Megamaq mantienen una batalla legal paciente por la terminación unilateral de cinco contratos públicos en el año 2009.
Tras encausar acciones de protección infructuosas para suspender los efectos de esa medida, las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, ahora actúan en la Fiscalía General del Estado.
En esa institución denunciaron los días 13 y 27 de mayo pasado al ex gerente general de Hidrolitoral, Cristóbal Punina (Guayaquil), y al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz (Quito), por un presunto fraude de seguros.
Según la acusación presentada, Cosurca y Megamaq no incumplieron sus obligaciones contractuales, porque el fundamento para haber declarado la terminación unilateral de los contratos fue el artículo 62, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referido a las inhabilidades generales.
Por lo tanto, sostiene la denuncia, “no existe causa para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato”, y, a sabiendas de ello, los funcionarios “obligaron ilegalmente” a las aseguradoras a cancelar los valores afianzados.
El monto pagado suma $ 3’471.484,18 por las garantías de cinco contratos, dos suscritos por Cosurca, uno por Megamaq y dos por los consorcios Puentes y Vías y Amazónico integrados por esas compañías.
Las aseguradoras reaccionaron y, Seguros Oriente, por citar un ejemplo, inició el juicio 2009-2488 contra las compañías del Consorcio Puentes y Vías (Cosurca y Megamaq) para que le cancelen el dinero entregado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La demanda la planteó el representante legal de la aseguradora, Julio Moreno Espino, en el juzgado vigésimo tercero de lo Civil de Pichincha el 3 de diciembre de 2009.
Apelaciones negadas
Según expresa Joffre Campaña, abogado de las empresas, “si hubiera justicia en el país”, con las cinco denuncias ingresadas en la Fiscalía, “no hay vueltas que dar” y lo que procede es iniciar la instrucción fiscal de los acusados.
Por otra parte, el desenlace adverso que tuvieron las acciones de protección planteadas en 2009 y 2010 por las empresas: tres de Cosurca en Loja y dos de Megamaq en Pichincha, no perturba a Campaña.
En esos casos, los recursos de apelación fueron negados, pero él afirma que las demandas no buscaban que los magistrados sacaran a las empresas del registro de contratistas incumplidos. “Sabemos que no lo van a hacer. Los jueces en su mayoría y salvo excepciones son obedientes del poder. Pero esto determina que se han agotado todas las acciones internas y como el tiempo pasará, los gobiernos pasarán, vendrán otros y esos tendrán que responder ante la Contraloría”.
Sesenta millones
Tras salir a la luz en EXPRESO, que ejecutaba contratos públicos en el gobierno de su hermano, Fabricio Correa reconoció su participación en ese grupo de compañías al que denominó “el holding”.
Un año después, el empresario sostiene, sonriente, que no es dueño de Megamaq, ni de Cosurca, pero señala que “siquiera le va a costar 60 millones de dólares al Estado la terminación de los contratos”.
Otro contrato entró en esa lista el 28 de junio pasado: el del sifón Limones, suscrito con Predesur. “Se lo terminaron a Cosurca cuando faltaban 15 días para terminar la obra y estaba hecho el 90 y pico por ciento”, indica.
El monto de $ 60’000.000 tiene que ver con los daños causados a las contratistas, dice Campaña, tras citar 4 juicios de indemnización iniciados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja en septiembre de 2009, que “están en los primeros pininos”.
Lograr su objetivo no lo apremia, pues asegura tener la paciencia de un productor de árboles de teca. “Hay que esperar y cosechar. El tiempo se encargará”.
Tras encausar acciones de protección infructuosas para suspender los efectos de esa medida, las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, ahora actúan en la Fiscalía General del Estado.
En esa institución denunciaron los días 13 y 27 de mayo pasado al ex gerente general de Hidrolitoral, Cristóbal Punina (Guayaquil), y al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz (Quito), por un presunto fraude de seguros.
Según la acusación presentada, Cosurca y Megamaq no incumplieron sus obligaciones contractuales, porque el fundamento para haber declarado la terminación unilateral de los contratos fue el artículo 62, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referido a las inhabilidades generales.
Por lo tanto, sostiene la denuncia, “no existe causa para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato”, y, a sabiendas de ello, los funcionarios “obligaron ilegalmente” a las aseguradoras a cancelar los valores afianzados.
El monto pagado suma $ 3’471.484,18 por las garantías de cinco contratos, dos suscritos por Cosurca, uno por Megamaq y dos por los consorcios Puentes y Vías y Amazónico integrados por esas compañías.
Las aseguradoras reaccionaron y, Seguros Oriente, por citar un ejemplo, inició el juicio 2009-2488 contra las compañías del Consorcio Puentes y Vías (Cosurca y Megamaq) para que le cancelen el dinero entregado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La demanda la planteó el representante legal de la aseguradora, Julio Moreno Espino, en el juzgado vigésimo tercero de lo Civil de Pichincha el 3 de diciembre de 2009.
Apelaciones negadas
Según expresa Joffre Campaña, abogado de las empresas, “si hubiera justicia en el país”, con las cinco denuncias ingresadas en la Fiscalía, “no hay vueltas que dar” y lo que procede es iniciar la instrucción fiscal de los acusados.
Por otra parte, el desenlace adverso que tuvieron las acciones de protección planteadas en 2009 y 2010 por las empresas: tres de Cosurca en Loja y dos de Megamaq en Pichincha, no perturba a Campaña.
En esos casos, los recursos de apelación fueron negados, pero él afirma que las demandas no buscaban que los magistrados sacaran a las empresas del registro de contratistas incumplidos. “Sabemos que no lo van a hacer. Los jueces en su mayoría y salvo excepciones son obedientes del poder. Pero esto determina que se han agotado todas las acciones internas y como el tiempo pasará, los gobiernos pasarán, vendrán otros y esos tendrán que responder ante la Contraloría”.
Sesenta millones
Tras salir a la luz en EXPRESO, que ejecutaba contratos públicos en el gobierno de su hermano, Fabricio Correa reconoció su participación en ese grupo de compañías al que denominó “el holding”.
Un año después, el empresario sostiene, sonriente, que no es dueño de Megamaq, ni de Cosurca, pero señala que “siquiera le va a costar 60 millones de dólares al Estado la terminación de los contratos”.
Otro contrato entró en esa lista el 28 de junio pasado: el del sifón Limones, suscrito con Predesur. “Se lo terminaron a Cosurca cuando faltaban 15 días para terminar la obra y estaba hecho el 90 y pico por ciento”, indica.
El monto de $ 60’000.000 tiene que ver con los daños causados a las contratistas, dice Campaña, tras citar 4 juicios de indemnización iniciados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja en septiembre de 2009, que “están en los primeros pininos”.
Lograr su objetivo no lo apremia, pues asegura tener la paciencia de un productor de árboles de teca. “Hay que esperar y cosechar. El tiempo se encargará”.
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