Caso Plaga destapa como jueces y abogados liberaban criminales a cambio de sobornos y falsificación de documentos
La corrupción en las instituciones penitenciarias de Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, tal como lo reveló un testigo protegido en el caso Plaga. Este escándalo, que involucra a funcionarios judiciales y abogados, ha sacado a la luz un sistema organizado para la liberación de reos peligrosos a cambio de grandes sumas de dinero. Las acusaciones incluyen la falsificación de certificados médicos y documentos judiciales, con el objetivo de otorgar beneficios penitenciarios a criminales, incluidos femicidas y miembros de grupos delictivos.
Revelaciones del caso Plaga: Un sistema corrupto al descubierto
El 2 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia para recibir el testimonio anticipado de Omar Israel J. B., un abogado y exfuncionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Este testimonio, clave para desentrañar el esquema de corrupción, ha detallado cómo se manipularon los procesos judiciales para facilitar la salida de reos de las cárceles mediante métodos fraudulentos.
Omar Israel, quien trabajaba en el área jurídica de la cárcel de Turi, relató que su función consistía en revisar los expedientes de los presos y enviarlos a los jueces correspondientes. Durante su trabajo, detectó inconsistencias en las carpetas de varios reos, quienes pertenecían a peligrosos grupos delictivos. Según su testimonio, dichas irregularidades beneficiaban directamente a estos individuos, permitiéndoles obtener medidas cautelares ilícitas que les facilitaban la salida de prisión.
El precio de la libertad: Sumas millonarias y distribución de sobornos
De acuerdo con la Fiscalía, las medidas cautelares y otros recursos jurídicos irregulares tenían un costo que oscilaba entre los 30.000 y 40.000 dólares. Este dinero se distribuía entre los jueces involucrados y los abogados responsables de gestionar los trámites fraudulentos. Uno de los principales implicados en este esquema es Lenin Vimos, un abogado señalado como cabecilla de la red criminal que operaba dentro del sistema judicial.
Entre los años 2022 y 2023, muchos reos, incluidos miembros de poderosas organizaciones criminales (GDO) y femicidas, lograron salir en libertad bajo estas medidas cautelares ilícitas. Según Omar Israel, la corrupción en las cárceles y el sistema judicial era tan extendida que incluso los presos más peligrosos pudieron evadir la justicia mediante pagos a funcionarios y jueces corruptos.
El rol de los jueces y la falsificación de documentos
El testigo protegido también reveló que el proceso para liberar a los reos incluía la falsificación de documentos judiciales y certificados médicos. Los jueces emitían boletas de libertad que, en ocasiones, no incluían los códigos QR necesarios para su validación. En estos casos, los abogados, como Xavier A., utilizaban páginas web (tanto gratuitas como pagadas) para crear documentos falsos que incluían códigos QR, simulando ser oficiales.
En otros casos, las boletas se enviaban directamente a los correos institucionales de los funcionarios encargados de la verificación. Si estas no cumplían con los requisitos legales, se editaban utilizando herramientas de diseño gráfico para modificar nombres y detalles, facilitando la salida de presos bajo justificaciones médicas falsas, como enfermedades crónicas, entre ellas, VIH.
Coacción a los funcionarios y el miedo como herramienta
El testimonio de Omar Israel no solo detalla la corrupción judicial, sino también la presión ejercida sobre los agentes penitenciarios. Según el testigo, los policías de la cárcel de Turi eran amenazados para que no retrasaran la validación de las boletas de libertad. "Les decían que tendrían problemas si se demoraban", explicó el testigo protegido, lo que evidencia la coerción dentro del sistema penitenciario.
La red de abogados y jueces corruptos
La implicación de abogados y jueces en esta red de corrupción es vasta. Omar Israel confesó que, tras dejar su puesto en el SNAI en diciembre de 2022, se asoció con Xavier A., un abogado que también estaba involucrado en actividades ilegales. Ambos mantuvieron reuniones con el magistrado de Portoviejo, Banny Molina, quien en ese momento ya estaba siendo procesado por la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. Molina ofreció medidas cautelares por 25.000 dólares, asegurando que la jueza Gina Z., de Montecristi, las emitiría sin inconvenientes.
Arrepentimiento y confesión del testigo
En su testimonio, Omar Israel expresó su arrepentimiento por haber sido parte de esta trama criminal. Aclaró que los hechos en los que estuvo involucrado ocurrieron a partir de enero de 2023, cuando ya no formaba parte del SNAI, y aceptó la culpa que le correspondía. Asimismo, pidió disculpas a las personas que resultaron afectadas por sus acciones.
Revelaciones del caso Plaga: Un sistema corrupto al descubierto
El 2 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia para recibir el testimonio anticipado de Omar Israel J. B., un abogado y exfuncionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Este testimonio, clave para desentrañar el esquema de corrupción, ha detallado cómo se manipularon los procesos judiciales para facilitar la salida de reos de las cárceles mediante métodos fraudulentos.
Omar Israel, quien trabajaba en el área jurídica de la cárcel de Turi, relató que su función consistía en revisar los expedientes de los presos y enviarlos a los jueces correspondientes. Durante su trabajo, detectó inconsistencias en las carpetas de varios reos, quienes pertenecían a peligrosos grupos delictivos. Según su testimonio, dichas irregularidades beneficiaban directamente a estos individuos, permitiéndoles obtener medidas cautelares ilícitas que les facilitaban la salida de prisión.
El precio de la libertad: Sumas millonarias y distribución de sobornos
De acuerdo con la Fiscalía, las medidas cautelares y otros recursos jurídicos irregulares tenían un costo que oscilaba entre los 30.000 y 40.000 dólares. Este dinero se distribuía entre los jueces involucrados y los abogados responsables de gestionar los trámites fraudulentos. Uno de los principales implicados en este esquema es Lenin Vimos, un abogado señalado como cabecilla de la red criminal que operaba dentro del sistema judicial.
Entre los años 2022 y 2023, muchos reos, incluidos miembros de poderosas organizaciones criminales (GDO) y femicidas, lograron salir en libertad bajo estas medidas cautelares ilícitas. Según Omar Israel, la corrupción en las cárceles y el sistema judicial era tan extendida que incluso los presos más peligrosos pudieron evadir la justicia mediante pagos a funcionarios y jueces corruptos.
El rol de los jueces y la falsificación de documentos
El testigo protegido también reveló que el proceso para liberar a los reos incluía la falsificación de documentos judiciales y certificados médicos. Los jueces emitían boletas de libertad que, en ocasiones, no incluían los códigos QR necesarios para su validación. En estos casos, los abogados, como Xavier A., utilizaban páginas web (tanto gratuitas como pagadas) para crear documentos falsos que incluían códigos QR, simulando ser oficiales.
En otros casos, las boletas se enviaban directamente a los correos institucionales de los funcionarios encargados de la verificación. Si estas no cumplían con los requisitos legales, se editaban utilizando herramientas de diseño gráfico para modificar nombres y detalles, facilitando la salida de presos bajo justificaciones médicas falsas, como enfermedades crónicas, entre ellas, VIH.
Coacción a los funcionarios y el miedo como herramienta
El testimonio de Omar Israel no solo detalla la corrupción judicial, sino también la presión ejercida sobre los agentes penitenciarios. Según el testigo, los policías de la cárcel de Turi eran amenazados para que no retrasaran la validación de las boletas de libertad. "Les decían que tendrían problemas si se demoraban", explicó el testigo protegido, lo que evidencia la coerción dentro del sistema penitenciario.
La red de abogados y jueces corruptos
La implicación de abogados y jueces en esta red de corrupción es vasta. Omar Israel confesó que, tras dejar su puesto en el SNAI en diciembre de 2022, se asoció con Xavier A., un abogado que también estaba involucrado en actividades ilegales. Ambos mantuvieron reuniones con el magistrado de Portoviejo, Banny Molina, quien en ese momento ya estaba siendo procesado por la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. Molina ofreció medidas cautelares por 25.000 dólares, asegurando que la jueza Gina Z., de Montecristi, las emitiría sin inconvenientes.
Arrepentimiento y confesión del testigo
En su testimonio, Omar Israel expresó su arrepentimiento por haber sido parte de esta trama criminal. Aclaró que los hechos en los que estuvo involucrado ocurrieron a partir de enero de 2023, cuando ya no formaba parte del SNAI, y aceptó la culpa que le correspondía. Asimismo, pidió disculpas a las personas que resultaron afectadas por sus acciones.
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