Caso 30-S: 84 uniformados con prohibición de salir del país
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 84 uniformados por presuntamente paralizar los servicios en la Base Área de Quito, el 30 de septiembre del 2010 (30-S).
Un comunicado de la Fiscalía indica que el juez Décimo Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, David Jacho, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prohibición de ausentarse del país como medida sustitutiva, debido a que los sospechosos garantizan su arraigo laboral y familiar, puesto que integran la Fuerza Pública.
La instrucción fiscal durará 90 días a partir del 26 de marzo, tiempo en el cual se recopilarán elementos de convicción que sustentarían una posible imputación. Finaliza el comunicado.
A puerta cerrada se realizó ayer la audiencia de formulación de cargos en contra de 84 miembros de la fuerza pública, quienes están en calidad de sospechosos del presunto delito de sabotaje a servicios públicos, como consecuencia de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), cuando procedieron a tomarse la pista de la cabecera norte del viejo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
La audiencia tuvo lugar en el Juzgado Décimo Cuarto de Garantías Penales de Pichincha y el fiscal encargado de la investigación es Iván Ron Aguirre, a quien le tomó 30 meses realizar la indagación previa de esta supuesta infracción, que es sancionada con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años.
Los ahora procesados son 54 militares de la FAE, 17 policías en servicio activo y 14 en servicio pasivo. Entre los involucrados hay personal de tropa, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y otros, para quienes se dispuso la prohibición de ausentarse del país, como única medida cautelar.
A última hora, el fiscal de la causa, Iván Ron, remitió un oficio al Juzgado haciendo conocer que por un error se hizo constar el nombre del general de la FAE, Fabián Maya Lara, por lo que solicitó que este oficial sea excluido de las personas ahí nominadas, pues contra él no formulará ningún tipo de cargos.
El Fiscal recordó que el 30-S se suscitó una supuesta insurrección de elementos policiales, a propósito del advenimiento de ciertas reformas legales, que transformarían algunas disposiciones jurídicas inherentes a ascensos, condecoraciones y otros detalles de índole salarial de policías y militares.
Esto originó acciones como la toma del Regimiento Quito No. 1 y las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre, lo cual trajo como consecuencia el cierre temporal del aeropuerto y esto, a su vez, implicó la obstaculización del libre movimiento y tránsito de pasajeros y mercancías a nivel nacional e internacional.
Caso de La Recoleta sigue en indagación
° El fiscal Iván Ron también tiene a su cargo la investigación de los hechos ocurridos en la plaza de La Recoleta, contigua al ministerio de Defensa Nacional, en donde un grupo de militares protestaron durante la revuelta del 30-S que el Gobierno interpretó como un intento de Golpe de Estado. La indagación previa de este caso se inició en octubre de 2010 y aún no ha concluido.
Un comunicado de la Fiscalía indica que el juez Décimo Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, David Jacho, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prohibición de ausentarse del país como medida sustitutiva, debido a que los sospechosos garantizan su arraigo laboral y familiar, puesto que integran la Fuerza Pública.
La instrucción fiscal durará 90 días a partir del 26 de marzo, tiempo en el cual se recopilarán elementos de convicción que sustentarían una posible imputación. Finaliza el comunicado.
A puerta cerrada se realizó ayer la audiencia de formulación de cargos en contra de 84 miembros de la fuerza pública, quienes están en calidad de sospechosos del presunto delito de sabotaje a servicios públicos, como consecuencia de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), cuando procedieron a tomarse la pista de la cabecera norte del viejo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
La audiencia tuvo lugar en el Juzgado Décimo Cuarto de Garantías Penales de Pichincha y el fiscal encargado de la investigación es Iván Ron Aguirre, a quien le tomó 30 meses realizar la indagación previa de esta supuesta infracción, que es sancionada con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años.
Los ahora procesados son 54 militares de la FAE, 17 policías en servicio activo y 14 en servicio pasivo. Entre los involucrados hay personal de tropa, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y otros, para quienes se dispuso la prohibición de ausentarse del país, como única medida cautelar.
A última hora, el fiscal de la causa, Iván Ron, remitió un oficio al Juzgado haciendo conocer que por un error se hizo constar el nombre del general de la FAE, Fabián Maya Lara, por lo que solicitó que este oficial sea excluido de las personas ahí nominadas, pues contra él no formulará ningún tipo de cargos.
El Fiscal recordó que el 30-S se suscitó una supuesta insurrección de elementos policiales, a propósito del advenimiento de ciertas reformas legales, que transformarían algunas disposiciones jurídicas inherentes a ascensos, condecoraciones y otros detalles de índole salarial de policías y militares.
Esto originó acciones como la toma del Regimiento Quito No. 1 y las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre, lo cual trajo como consecuencia el cierre temporal del aeropuerto y esto, a su vez, implicó la obstaculización del libre movimiento y tránsito de pasajeros y mercancías a nivel nacional e internacional.
Caso de La Recoleta sigue en indagación
° El fiscal Iván Ron también tiene a su cargo la investigación de los hechos ocurridos en la plaza de La Recoleta, contigua al ministerio de Defensa Nacional, en donde un grupo de militares protestaron durante la revuelta del 30-S que el Gobierno interpretó como un intento de Golpe de Estado. La indagación previa de este caso se inició en octubre de 2010 y aún no ha concluido.
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Tags: Quito