Cárcel por injuriar a los Alvarado
El exempleado de la empresa de casinos Invermun, Jaime Solórzano, fue sentenciado ayer a tres meses de prisión correccional por delito de ofensas a funcionarios públicos, en este caso a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, hombres fuertes del gobierno de Rafael Correa.
La sentencia incluye el pago de daños y perjuicios, que deberán ser fijados en otra acción legal que queda a discreción de los demandantes Fernando y Vinicio Alvarado, y el asambleísta Juan Carlos Cassinelli.
La audiencia de juzgamiento tuvo lugar en el Tribunal Noveno de Garantías Judiciales de Pichincha, cuyos jueces autorizaron la instalación de dicha audiencia pese a que el procesado no contó con la mayoría de testigos que había propuesto para ratificar su inocencia.
Desacato
La sentencia del Tribunal solo estará en firme a los tres días que la misma haya sido notificada por escrito a las partes y que éstas no hayan hecho uso de los recursos que la ley le franquea.
Jaime Solórzano fue acusado de desacato, a raíz de una declaración juramentada que hizo en Guayaquil, en la que manifestó que Vinicio Alvarado recibía coimas de la empresa Invermun, para gestionar el funcionamiento de los casinos.
El delito de desacato se comete por calumniar, injuriar, insultar o amenazar a una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
La sentencia incluye el pago de daños y perjuicios, que deberán ser fijados en otra acción legal que queda a discreción de los demandantes Fernando y Vinicio Alvarado, y el asambleísta Juan Carlos Cassinelli.
La audiencia de juzgamiento tuvo lugar en el Tribunal Noveno de Garantías Judiciales de Pichincha, cuyos jueces autorizaron la instalación de dicha audiencia pese a que el procesado no contó con la mayoría de testigos que había propuesto para ratificar su inocencia.
Desacato
La sentencia del Tribunal solo estará en firme a los tres días que la misma haya sido notificada por escrito a las partes y que éstas no hayan hecho uso de los recursos que la ley le franquea.
Jaime Solórzano fue acusado de desacato, a raíz de una declaración juramentada que hizo en Guayaquil, en la que manifestó que Vinicio Alvarado recibía coimas de la empresa Invermun, para gestionar el funcionamiento de los casinos.
El delito de desacato se comete por calumniar, injuriar, insultar o amenazar a una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
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