Audiencia de Crnel.Tapia, con amplio despliegue de AP
Con la noticia del resquebrajamiento en su estado de salud, y un intercambio de insultos y gestos entre simpatizantes de PAIS y su familia fue suspendida ayer, a las 19:00, la audiencia de juzgamiento del exjefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, acusado, junto a cinco policías más, de atentado a la seguridad interna del Estado.
A su salida de la Corte de Justicia de Quito, Tapia manifestó que sufrió una descompensación respiratoria en la tarde, pero el presidente del Segundo Tribunal Penal de Pichincha hizo que un médico lo atienda y le proporcione oxígeno.
Ayer el canciller Ricardo Patiño; el ministro del Interior, José Serrano; el gobernador del Guayas, Roberto Cuero y asambleístas de Alianza PAIS madrugaron para instalarse en los alrededores de la Corte, donde a las 09:00 se inició la audiencia contra los seis policías.
El objetivo de los oficialistas era desactivar la protesta de los familiares de los implicados en los hechos del 30 de septiembre y, según ellos, evitar que los jueces dejen sin sanción a los responsables de la toma de la Asamblea Nacional.
La presencia de oficialistas y familiares de los detenidos obligó a los jueces del Segundo Tribunal Penal a declarar la audiencia como reservada.
A más de Tapia, quien está acusado como autor del delito de atentado a la seguridad interna del Estado, están implicados como encubridores Marco Tibán, Javier Noboa y Carlos Tasinchana; y, cómplice Patricio Simancas. Además de Mario Flores.
Mientras avanzaba la audiencia, los familiares de los policías con carteles y gritos pedían la libertad y la declaratoria de inocencia. En otro extremo, los representantes del Gobierno, encabezados por Patiño, con radioparlante, exigían sentencia acusatoria para quienes califican como “los golpistas”. Seremos “vigilantes del proceso (...) Que se pague por los muertos”, dijo el canciller.
La esposa de Tapia, Yolanda Cortez, no dejaba de gritar la inocencia de su esposo y de denunciar la injerencia del Gobierno en el caso. Dijo que la semana pasada el ministro Serrano dispuso a los intendentes que movilicen gente a los exteriores de la Corte para presionar por una sanción.
Pero la estrategia del oficialismo se extendió hasta la presidencia de la Asamblea. Fernando Cordero (AP) insistió en su versión de que existen sectores que quieren dejar impune el 30-S, pese a que ese día el país estuvo a punto de perder la democracia. Cordero ratificó que Tapia es el responsable del cierre de la Asamblea y la agresión contra los legisladores.
Lo que fue contradicho en parte por la vicepresidenta de la Legislatura, Irina Cabezas, quien ayer aceptó que fue ella, la que suspendió la sesión de ese 30 de septiembre. “Me ratifico en ello porque no había seguridad para los legisladores”, dijo Cabezas
Cordero, quien recordó que no estuvo en el país, aseguró que en los videos se evidencia que ese día fue “monstruoso” y que a nombre de ser policía y anunciar “huelga de brazos caídos” se quiso interferir en el trabajo de la Asamblea.
Aclaró que los videos presentados son de comunicadores y no de la policía, cuyos miembros encapuchados borraron tres meses de grabaciones del legislativo para eliminar las pruebas.
“Ventajosamente por la tecnología desde otro edificio les grabamos a control remoto y le pudimos presentar al fiscal las pruebas de que estaban borrando. El coronel Tapia dice que nos hemos inventado”, dijo.
Ayer rindieron, por pedido de la Fiscalía, su versión siete personas, entre ellos los legisladores de PAIS, Carlos Velasco, Pedro de la Cruz e Irina Cabezas. Está previsto que la audiencia se reanude hoy a las 08:30.
Detalles
Reservada
La sala de audiencias del Palacio de Justicia (capacidad de 500 personas) quedó vacía tras la declaratoria de diligencia reservada.
Testigos
De los casi 200 testigos convocados por la Fiscalía y los abogados de los acusados, unos 80 se inscribieron para declarar.
Seguridad
Los 200 simpatizantes de PAIS colocaron en la calle costales de yute, simulando los féretros de los muertos del 30 de septiembre, mientras más de 50 familiares de Rolando Tapia portaban pancartas con su fotografía y gritaban consignas por su inocencia. Ambos grupos fueron separados por miembros policiales, como prevención de incidentes.
“Suspendí la sesión y me ratifico en ello porque no había seguridad... además, se intentaba... pedir amnistía”.
Irina Cabezas
ASAMBLEÍSTA PAIS
A su salida de la Corte de Justicia de Quito, Tapia manifestó que sufrió una descompensación respiratoria en la tarde, pero el presidente del Segundo Tribunal Penal de Pichincha hizo que un médico lo atienda y le proporcione oxígeno.
Ayer el canciller Ricardo Patiño; el ministro del Interior, José Serrano; el gobernador del Guayas, Roberto Cuero y asambleístas de Alianza PAIS madrugaron para instalarse en los alrededores de la Corte, donde a las 09:00 se inició la audiencia contra los seis policías.
El objetivo de los oficialistas era desactivar la protesta de los familiares de los implicados en los hechos del 30 de septiembre y, según ellos, evitar que los jueces dejen sin sanción a los responsables de la toma de la Asamblea Nacional.
La presencia de oficialistas y familiares de los detenidos obligó a los jueces del Segundo Tribunal Penal a declarar la audiencia como reservada.
A más de Tapia, quien está acusado como autor del delito de atentado a la seguridad interna del Estado, están implicados como encubridores Marco Tibán, Javier Noboa y Carlos Tasinchana; y, cómplice Patricio Simancas. Además de Mario Flores.
Mientras avanzaba la audiencia, los familiares de los policías con carteles y gritos pedían la libertad y la declaratoria de inocencia. En otro extremo, los representantes del Gobierno, encabezados por Patiño, con radioparlante, exigían sentencia acusatoria para quienes califican como “los golpistas”. Seremos “vigilantes del proceso (...) Que se pague por los muertos”, dijo el canciller.
La esposa de Tapia, Yolanda Cortez, no dejaba de gritar la inocencia de su esposo y de denunciar la injerencia del Gobierno en el caso. Dijo que la semana pasada el ministro Serrano dispuso a los intendentes que movilicen gente a los exteriores de la Corte para presionar por una sanción.
Pero la estrategia del oficialismo se extendió hasta la presidencia de la Asamblea. Fernando Cordero (AP) insistió en su versión de que existen sectores que quieren dejar impune el 30-S, pese a que ese día el país estuvo a punto de perder la democracia. Cordero ratificó que Tapia es el responsable del cierre de la Asamblea y la agresión contra los legisladores.
Lo que fue contradicho en parte por la vicepresidenta de la Legislatura, Irina Cabezas, quien ayer aceptó que fue ella, la que suspendió la sesión de ese 30 de septiembre. “Me ratifico en ello porque no había seguridad para los legisladores”, dijo Cabezas
Cordero, quien recordó que no estuvo en el país, aseguró que en los videos se evidencia que ese día fue “monstruoso” y que a nombre de ser policía y anunciar “huelga de brazos caídos” se quiso interferir en el trabajo de la Asamblea.
Aclaró que los videos presentados son de comunicadores y no de la policía, cuyos miembros encapuchados borraron tres meses de grabaciones del legislativo para eliminar las pruebas.
“Ventajosamente por la tecnología desde otro edificio les grabamos a control remoto y le pudimos presentar al fiscal las pruebas de que estaban borrando. El coronel Tapia dice que nos hemos inventado”, dijo.
Ayer rindieron, por pedido de la Fiscalía, su versión siete personas, entre ellos los legisladores de PAIS, Carlos Velasco, Pedro de la Cruz e Irina Cabezas. Está previsto que la audiencia se reanude hoy a las 08:30.
Detalles
Reservada
La sala de audiencias del Palacio de Justicia (capacidad de 500 personas) quedó vacía tras la declaratoria de diligencia reservada.
Testigos
De los casi 200 testigos convocados por la Fiscalía y los abogados de los acusados, unos 80 se inscribieron para declarar.
Seguridad
Los 200 simpatizantes de PAIS colocaron en la calle costales de yute, simulando los féretros de los muertos del 30 de septiembre, mientras más de 50 familiares de Rolando Tapia portaban pancartas con su fotografía y gritaban consignas por su inocencia. Ambos grupos fueron separados por miembros policiales, como prevención de incidentes.
“Suspendí la sesión y me ratifico en ello porque no había seguridad... además, se intentaba... pedir amnistía”.
Irina Cabezas
ASAMBLEÍSTA PAIS
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