Decreto de Rafael Correa «maquilló» la deuda, concluyó auditoría
El Decreto Ejecutivo 1218, suscrito por Rafael Correa el 20 de octubre de 2016, fue determinante para ocultar obligaciones estatales y reducir la deuda interna de tal manera que el saldo total quede por debajo del límite máximo (40% del PIB) establecido en la ley.
Esa es una de las conclusiones del equipo de la Contraloría que ayer leyó -en una audiencia pública, en Quito- sus observaciones sobre el examen especial realizado "a la legalidad, fuentes y usos" de la deuda pública, entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.
El decreto de Correa dispuso que el techo de endeudamiento se fije con los estados consolidados, dejando de lado importantes obligaciones internas.
Los auditores encontraron, por ejemplo, que a fines del 2016 la deuda estaba cercana al 40% del PIB y que tras el Decreto 1218 este porcentaje se ubicó en cerca del 27%.
Al 31 de diciembre de ese año, no obstante, el porcentaje de endeudamiento real estuvo en el 52,5%, señalaron los auditores en la lectura del borrador.
Alexis Mera tomó nota. Aunque la sesión empezó a las 10:24, el abogado del expresidente llegó a las 11:30, pues antes había estado en la Fiscalía por el caso Singue. Cuando entró, más de uno se codeaba y sacaba los ojos, señalándolo en silencio, aunque nadie -con excepción de un par de conocidos- intentó saludarlo. En la sala también estuvieron los veedores de la deuda, autoridades de Contraloría, periodistas y "los convocados"; es decir, los involucrados en las supuestas irregularidades.
Luego de la lectura del borrador, el contralor subrogante, Pablo Celi, describió más "agravios" detectados: reformas legales "que permitieron un manejo discrecional", la exclusión de las preventas petroleras, la declaración unilateral de reservada y secreta de las operaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y la participación de Petroecuador como "gestor de crédito".
Los notificados como sujetos de la auditoría tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. Luego se procederá a redactar el informe final y las responsabilidades civiles, administrativas y penales. (I)
Fuente: eluniverso.com
Esa es una de las conclusiones del equipo de la Contraloría que ayer leyó -en una audiencia pública, en Quito- sus observaciones sobre el examen especial realizado "a la legalidad, fuentes y usos" de la deuda pública, entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.
El decreto de Correa dispuso que el techo de endeudamiento se fije con los estados consolidados, dejando de lado importantes obligaciones internas.
Los auditores encontraron, por ejemplo, que a fines del 2016 la deuda estaba cercana al 40% del PIB y que tras el Decreto 1218 este porcentaje se ubicó en cerca del 27%.
Al 31 de diciembre de ese año, no obstante, el porcentaje de endeudamiento real estuvo en el 52,5%, señalaron los auditores en la lectura del borrador.
Alexis Mera tomó nota. Aunque la sesión empezó a las 10:24, el abogado del expresidente llegó a las 11:30, pues antes había estado en la Fiscalía por el caso Singue. Cuando entró, más de uno se codeaba y sacaba los ojos, señalándolo en silencio, aunque nadie -con excepción de un par de conocidos- intentó saludarlo. En la sala también estuvieron los veedores de la deuda, autoridades de Contraloría, periodistas y "los convocados"; es decir, los involucrados en las supuestas irregularidades.
Luego de la lectura del borrador, el contralor subrogante, Pablo Celi, describió más "agravios" detectados: reformas legales "que permitieron un manejo discrecional", la exclusión de las preventas petroleras, la declaración unilateral de reservada y secreta de las operaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y la participación de Petroecuador como "gestor de crédito".
Los notificados como sujetos de la auditoría tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. Luego se procederá a redactar el informe final y las responsabilidades civiles, administrativas y penales. (I)
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