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Publicado el: 19/12/2013
Sistema de más buscados tiene fallas

Sintió una descarga que le sacudió todo el cuerpo. La mujer se quedó sin palabras. El abogado que la ayudaba a tramitar un crédito hipotecario en el Biess le avisó que estaba enjuiciada por un intento de asalto en Loja.

Sus nombres y apellidos: Blanca Nimia Calva Vega constaban en el listado de los más buscados. Su cabeza tenía un precio.

Así, el 9 de agosto pasado, empezó la traumática experiencia para esta mujer de 50 años, jefa de hogar, que crió y educó sola a sus tres hijos en Quito, mientras estudiaba una carrera universitaria, obtenía una licenciatura y una maestría en trabajo social. "Fue un 'shock' enterarme que tenía una orden de prisión porque supuestamente intenté robar el local de Servipagos, en Loja", relató Blanca a este Diario en la cárcel de esa ciudad, donde estuvo encerrada cuatro meses.

El 23 de julio del 2012, cuatro armados intentaron llevarse 270 000 dólares, que guardias de Tevcol retiraban, pasadas las 17:00. Una mujer, que aparentaba tener menos de 35 años; embarazada, blanca y alta (aprox 1,72 cm) abrió fuego con una metralleta. Eso inició un tiroteo en el que murieron un guardia y un asaltante.

Dos de los delincuentes fueron capturados, pero la líder escapó, a pesar de haber sido herida de bala, según testigos. El relato de uno de los detenidos, Arturo Suárez, esclarece que una mujer embarazada, llamada Catherine, lo contrató para el atraco en Guayaquil, el 18 de julio. Cuatro días después viajó a Loja y fue recibido por la misma mujer, que lo llevó a alojarse en el hotel San Luis. Ella no se hospedó ahí. Tampoco él se registró.

El delito de Blanca Calva fue estar en el lugar y sitio equivocados. Ella se alojó, el 22 de julio, en el hostal San Luis; llegó a las 23:30, luego de viajar todo el día desde Quito por tierra en su auto Trooper. Iba con su hija Melanie, su hermana Luz, y sus dos sobrinos.

Estaban de vacaciones y decidieron visitar a su padre anciano José Calva, en Zumbi (Zamora Chinchipe), pero la noche les sorprendió en Loja. Ocuparon las habitaciones 209 y 310. Calva y sus sobrinos se registraron con sus números de cédula.

Nacida en Loja, desde muy temprana edad viajó a Quito para estudiar y trabajar. Formó una familia pero su esposo la abandonó con sus tres hijos. Con esfuerzo se abrió camino como trabajadora social del Hospital Eugenio Espejo, donde era la responsable de atender los casos críticos referidos por la Presidencia de la República.

Visitaba a su padre luego de muchos años. Llegaron a Zumbi, el lunes 23 de julio, a las 17:20. A la misma hora se producía el intento de robo en Loja.

Este medio estuvo en esa parroquia y recogió seis testimonios de familiares y vecinos que ratificaron que vieron llegar a Blanca Calva y sus parientes. Se alojaron en la casa de su padre y su madrastra Mercedes, donde permanecieron una semana.

El lunes 6 de agosto volvió a su trabajo y retomó sus actividades de coordinación con la funcionaria de la Presidencia, Miriam Rodas, a través de correos electrónicos.

Sin embargo, el juicio en su contra la vinculaba como autora del robo. En la audiencia de flagrancia, 24 horas después, el juez, el fiscal y el defensor público certificaron que se encontraba junto a los detenidos Arturo Suárez y Patricio Vargas. Ella estaba ausente.

Pero ese no es el único cabo suelto. La acusación fiscal se basó en la versión ambigua de Suárez. A él le mostraron una fotografía, usada durante todo el proceso, del récord policial de Blanca para que la reconociera como Catherine. Aunque tuvo dudas, en el acta de la audiencia se recogió su testimonio como una acusación fehaciente. En una versión posterior, revisada por EL COMERCIO entre las 2 108 fojas del caso, sostuvo que su declaración fue cambiada, pues no estaba seguro que fuera la misma mujer.

Por cerca de un año Calva continuó con su vida normal, ajena al juicio. La Policía siguió su pista pero no la detuvo. Más de 15 agentes ingresaron al sistema de información policial y realizaron 37 consultas en su ficha de identidad.

Al enterarse que estaba enjuiciada, llamó a sus parientes y amigos. "Un abogado me dijo que era un delito muy grave y que mejor me ocultara. No lo hice, eso significaría aceptar que participé en el asalto". Más bien, concretó una cita con el ministro del Interior, José Serrano, para denunciarle lo ocurrido.

El encuentro duró 20 minutos. "Le conté al Ministro mi espantosa situación y le entregué documentos de descargo", relató durante el juicio. Seis días más tarde fue detenida a la salida de su trabajo por ocho agentes. Este Diario pidió en varias ocasiones, desde hace un mes, una entrevista con Serrano; pero tres de sus asesores dijeron que no se pronunciaría.

Calva fue condenada a 25 años de cárcel por robo agravado en octubre. El Tribunal Tercero de Garantías Penales la sentenció, basado en versiones de los guardias de Tevcol que se contradecían con lo que afirmaron las cajeras de Servipagos, sobre la cabecilla de la banda. La Fiscalía no practicó una prueba científica (exámenes de ADN, huellas dactilares...) para confirmar su identidad, pese a que la Policía se incautó de las armas usadas por los atracadores y detectó huellas de sangre de la asaltante en la camioneta donde huía.

El 5 de diciembre pasado la sala penal de la Corte Provincial de Loja anuló el juicio contra Calva. En una expedita y contundente resolución, los ministros Leonardo Bravo, Francisco Segarra y Wilson Condoy detallaron que este caso es "una muestra de lo que no debe ocurrir jamás" en la justicia. Se violentaron todos los derechos constitucionales de la procesada, quien fue enjuiciada sin estar presente ni ser notificada; la Fiscal fue negligente al no realizar una investigación integral (ella sostuvo que cumplió el debido proceso); los jueces no fueron imparciales y el defensor público no la defendió.

Blanca recuperó la libertad y volvió al trabajo donde tuvo el apoyo de sus compañeros durante el juicio; ellos destacan su calidad humana y profesionalismo. "Quiero que se siente un precedente. Nada reparará el daño moral y psicológio que le causaron a mi familia".

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Las violaciones al debido proceso

1. El inicio del juicio.  El juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja realizó la audiencia de flagrancia, el 24 de julio del 2012, señalando que Blanca Calva Vega estaba presente, aunque estaba ausente.

2. La acusación.  Fue involucrada por la Fiscalía con base en el registro del hostal San Luis en Loja, donde se hospedó con su hermana, su hija y dos sobrinos, el 22 de julio. Y en la versión de uno de los asaltantes detenidos quien dijo, sin ninguna prueba, que se hospedó ahí.

3. No fue detenida. Desde cuando fue enjuciada y ordenada su prisión laboró normalmente en el hospital Eugenio Espejo de Quito. La Policía sabía donde vivía y laboraba.

4. La nulidad.  La Corte provincial anuló el juicio por violaciones a la Ley y la Constitución. Estableció, entre otras cosas, que Blanca Calva no pudo defenderse y que la Fiscalía realizó una investigación parcial, sesgada.

5. Ordenan juicios.  Los ministros de la Corte Leonardo Bravo, Francisco Segarra y Wilson Condoy dispusieron el inicio de juicios administrativos y establecieron que una de las juezas del Tribunal se parcializó con la parte acusadora.

 
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