Comisión 30s habría recibido dinero por su informe, que según la ley, debía ser gratuito
El hoy fiscal Carlos Baca Mancheno, habría solicitado dinero directamente a la SENAIN en el año 2014.
Según información publicada por el periodista Fernando Villavicencio "Contraloría señala que el 28 de febrero de 2014, “mediante solicitud de fondos N° 231” y el 7 de marzo de 2014, mediante solicitud 007, se efectuó el pago de $ 16.500,00 a los miembros de la Comisión 30s, por concepto de sueldos correspondientes al mes de febrero de 2014, con un monto de $ 5.500,00 para cada uno. Los beneficiarios fueron “WALDO”, “OBAN” y “CATO”, seudónimos que corresponden a Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán; hecho que se contrapone al decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa en junio de 2013, que establece que los miembros de la Comisión 30-S “ejercerán el cargo de manera gratuita”. Dice contraloría: “habiéndose provocado por parte del Secretario de Inteligencia una disposición arbitraria de fondos provenientes de gastos especiales al autorizar el pago de los sueldos para los miembros de la Comisión 30-S”.
El 24 de octubre y 5 de diciembre de 2014, la contraloría solicitó a Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, justificar las observaciones encontradas, este respondió que la C30s “no manejó gastos especiales, así como tampoco solicitó ni recibió la asignación de fondos de gastos especiales, y menos dispuso de gasto o pago con recursos de esa naturaleza-ni de ninguna otra- correspondientes a la Secretaría de Inteligencia”.
La Contraloría en su informe concluye que “no corresponde la afirmación” de los miembros de esa comisión “ya que fueron beneficiarios del pago injustificado de los sueldos del mes de febrero de 2014 por sus actividades desempeñadas en la Comisión”. El organismo de control señala directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.
El organismo de control señaló directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.
La contraloría dijo que la C30s no formaba parte del Sistema Nacional de Inteligencia “razón por la que no correspondía la asignación de gastos especiales”.
Baca aseguró que los gastos para financiar las actividades de la comisión estuvieron a cargo de la Secretaría”, señaló además que los documentos de respaldo de los pagos efectuados debían ser requeridos a la Secretaría de Inteligencia pues esta era la autoridad autorizada del gasto".
En esa época Mancheno formó parte de la denominada Comisión 30s, que se dedicaría supuestamente a investigar con seriedad los sucesos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, día en el que se realizó un paro de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en protesta por una ley, aprobada un día antes en la Asamblea Nacional, que quitaba beneficios a estos sectores.
Carlos Baca Mancheno, Óscar Bonilla y Diego Guzmán elaboraron un informe en el que implicaban, sin mayores argumentos, a actores políticos de oposición, creando una historia en la que se establecía que el 30s existió un intento de golpe de Estado en contra de Rafael Correa.
El informe de la Comisión 30s fue ridiculizado por varios sectores de la ciudadanía que vieron en esto un manejo político a favor del régimen autoritario de Correa.
Pero hay más. Según el informe de Focus "El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889. Esta información es parte de un examen especial reservado con indicios de responsabilidad penal a la Secretaría de Inteligencia que la Contraloría General del Estado envió al ex fiscal General Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016".
Según información publicada por el periodista Fernando Villavicencio "Contraloría señala que el 28 de febrero de 2014, “mediante solicitud de fondos N° 231” y el 7 de marzo de 2014, mediante solicitud 007, se efectuó el pago de $ 16.500,00 a los miembros de la Comisión 30s, por concepto de sueldos correspondientes al mes de febrero de 2014, con un monto de $ 5.500,00 para cada uno. Los beneficiarios fueron “WALDO”, “OBAN” y “CATO”, seudónimos que corresponden a Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán; hecho que se contrapone al decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa en junio de 2013, que establece que los miembros de la Comisión 30-S “ejercerán el cargo de manera gratuita”. Dice contraloría: “habiéndose provocado por parte del Secretario de Inteligencia una disposición arbitraria de fondos provenientes de gastos especiales al autorizar el pago de los sueldos para los miembros de la Comisión 30-S”.
El 24 de octubre y 5 de diciembre de 2014, la contraloría solicitó a Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, justificar las observaciones encontradas, este respondió que la C30s “no manejó gastos especiales, así como tampoco solicitó ni recibió la asignación de fondos de gastos especiales, y menos dispuso de gasto o pago con recursos de esa naturaleza-ni de ninguna otra- correspondientes a la Secretaría de Inteligencia”.
La Contraloría en su informe concluye que “no corresponde la afirmación” de los miembros de esa comisión “ya que fueron beneficiarios del pago injustificado de los sueldos del mes de febrero de 2014 por sus actividades desempeñadas en la Comisión”. El organismo de control señala directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.
El organismo de control señaló directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.
La contraloría dijo que la C30s no formaba parte del Sistema Nacional de Inteligencia “razón por la que no correspondía la asignación de gastos especiales”.
Baca aseguró que los gastos para financiar las actividades de la comisión estuvieron a cargo de la Secretaría”, señaló además que los documentos de respaldo de los pagos efectuados debían ser requeridos a la Secretaría de Inteligencia pues esta era la autoridad autorizada del gasto".
En esa época Mancheno formó parte de la denominada Comisión 30s, que se dedicaría supuestamente a investigar con seriedad los sucesos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, día en el que se realizó un paro de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en protesta por una ley, aprobada un día antes en la Asamblea Nacional, que quitaba beneficios a estos sectores.
Carlos Baca Mancheno, Óscar Bonilla y Diego Guzmán elaboraron un informe en el que implicaban, sin mayores argumentos, a actores políticos de oposición, creando una historia en la que se establecía que el 30s existió un intento de golpe de Estado en contra de Rafael Correa.
El informe de la Comisión 30s fue ridiculizado por varios sectores de la ciudadanía que vieron en esto un manejo político a favor del régimen autoritario de Correa.
Según portal Focus, el actual fiscal Baca Mancheno y demás miembros de la "Comisión 30s" recibieron bajo seudónimos, pagos injustificados de 5.500 dólares c/u por parte de la SENAIN pic.twitter.com/iivIO2LLg2
— Ecuador Transparente (@ecuadortr) 12 de enero de 2018
Pero hay más. Según el informe de Focus "El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889. Esta información es parte de un examen especial reservado con indicios de responsabilidad penal a la Secretaría de Inteligencia que la Contraloría General del Estado envió al ex fiscal General Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016".
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Tags: 30s senain fernando villavicencio