Gran hermano: Fiscalía acusa a veedores
Para la fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, los cuatro veedores ciudadanos que presentaron el informe que ratificó las irregularidades en los presuntos contratos de Fabricio Correa con el Estado, cometieron un delito de falso testimonio.
Por eso, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo deberán acudir a una audiencia de formulación de cargos que se realizará mañana, a las 14:20, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha. Los acusados aseguran que son víctimas de una persecución política por parte del Gobierno, a través de la Fiscalía.
En febrero del 2011, ellos presentaron un informe en el cual llegaron a tres conclusiones. Primero, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los presuntos contratos que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Segundo, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Y, tercero, que los montos de los contratos ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.
Esta veeduría fue solicitada a mediados del 2009 por el presidente Correa, con el objetivo de vigilar la cancelación de los contratos que mantenía su hermano con el Estado. Esto se dio luego de la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, escrito por los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes fueron condenados en un juicio, hoy archivado, por daño moral.
“Pero el informe final de la veeduría le disgustó (a Correa)”, dice su titular Pablo Chambers. El 31 de marzo del 2011, a un mes de presentarse el informe, el Presidente denunció a los cuatro veedores ante la Fiscalía, por un presunto delito de fe pública.
Casi un año después, este organismo encontró responsabilidades en los acusados. “Se ha alcanzado la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir imputación a los ciudadanos, por presunto delito de falso testimonio”, dice la jueza Bayas, en un oficio remitido a la sala de sorteos de la Función Judicial el 12 de abril. Pero los acusados critican que la Fiscal haya llegado a esta conclusión, cuando en la etapa de indagación ellos mantuvieron una reunión de apenas 20 minutos con dos de sus asistentes.
Sin embargo, los cuatro veedores fueron citados por Bayas en dos ocasiones, en las que ellos no acudieron argumentando que su trabajo fue la recopilación de los informes de entidades del Estado. Pero al tercer llamado (29 de febrero del 2012), sí lo hicieron. Fue cuando Bayas no los pudo atender. Los cuatro veedores presentaron nuevamente el informe, se ratificaron en las conclusiones. También entregaron un CD, en donde presuntamente el presidente Correa reconoce -en una entrevista a Canal Uno- que sí conocía de los contratos.
“Por haber dado una declaración de unos 20 minutos, ellos (la Fiscalía) ya cuentan con argumentos para acusarnos”, dice Gerardo Portilla. Chambers añadió que ellos no se van a defender, porque quien tiene que defenderlos es el Presidente, que es quien los nombró. “Esta es una forma de evitar que las personas hablen, no hay cómo decir lo que uno ve. Si (Correa) nos quiere llevar a la cárcel, que lo haga”.
El juez Quinto de Garantías Penales, Raúl Martínez, dijo que en la audiencia de mañana conocerá los antecedentes y la formulación de cargos que haga la Fiscalía. También escuchará al denunciante (Correa) a través de su abogado Gutemberg Vera.
Portilla lamentó que “mientras los que denunciamos estos contratos somos perseguidos, los denunciados siguen contratando”.
http://www.elcomercio.com/politica/Gran-Hermano-Fiscalia-acusa-veedores_0_688731310.html
Por eso, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo deberán acudir a una audiencia de formulación de cargos que se realizará mañana, a las 14:20, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha. Los acusados aseguran que son víctimas de una persecución política por parte del Gobierno, a través de la Fiscalía.
En febrero del 2011, ellos presentaron un informe en el cual llegaron a tres conclusiones. Primero, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los presuntos contratos que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Segundo, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Y, tercero, que los montos de los contratos ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.
Esta veeduría fue solicitada a mediados del 2009 por el presidente Correa, con el objetivo de vigilar la cancelación de los contratos que mantenía su hermano con el Estado. Esto se dio luego de la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, escrito por los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes fueron condenados en un juicio, hoy archivado, por daño moral.
“Pero el informe final de la veeduría le disgustó (a Correa)”, dice su titular Pablo Chambers. El 31 de marzo del 2011, a un mes de presentarse el informe, el Presidente denunció a los cuatro veedores ante la Fiscalía, por un presunto delito de fe pública.
Casi un año después, este organismo encontró responsabilidades en los acusados. “Se ha alcanzado la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir imputación a los ciudadanos, por presunto delito de falso testimonio”, dice la jueza Bayas, en un oficio remitido a la sala de sorteos de la Función Judicial el 12 de abril. Pero los acusados critican que la Fiscal haya llegado a esta conclusión, cuando en la etapa de indagación ellos mantuvieron una reunión de apenas 20 minutos con dos de sus asistentes.
Sin embargo, los cuatro veedores fueron citados por Bayas en dos ocasiones, en las que ellos no acudieron argumentando que su trabajo fue la recopilación de los informes de entidades del Estado. Pero al tercer llamado (29 de febrero del 2012), sí lo hicieron. Fue cuando Bayas no los pudo atender. Los cuatro veedores presentaron nuevamente el informe, se ratificaron en las conclusiones. También entregaron un CD, en donde presuntamente el presidente Correa reconoce -en una entrevista a Canal Uno- que sí conocía de los contratos.
“Por haber dado una declaración de unos 20 minutos, ellos (la Fiscalía) ya cuentan con argumentos para acusarnos”, dice Gerardo Portilla. Chambers añadió que ellos no se van a defender, porque quien tiene que defenderlos es el Presidente, que es quien los nombró. “Esta es una forma de evitar que las personas hablen, no hay cómo decir lo que uno ve. Si (Correa) nos quiere llevar a la cárcel, que lo haga”.
El juez Quinto de Garantías Penales, Raúl Martínez, dijo que en la audiencia de mañana conocerá los antecedentes y la formulación de cargos que haga la Fiscalía. También escuchará al denunciante (Correa) a través de su abogado Gutemberg Vera.
Portilla lamentó que “mientras los que denunciamos estos contratos somos perseguidos, los denunciados siguen contratando”.
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