Activistas van a juicio acusados por terrorismo
En la audiencia se los acusó de querer desestabilizar el estado
Ayer, el juez Décimo de Garantías Penales resolvió llamar a juicio a 10 activistas sociales acusados de pertenecer al Grupo de los Combatientes Populares
Fadua Tapia , de 18 años, tiene nueve meses de embarazo y será juzgada por terrorismo organizado en calidad de autor, al igual que otros nueve activistas políticos.
Ayer, poco después de las 08:30 llegó agarrada del brazo de su madre al auditorio del Palacio de Justicia de Quito, lugar donde se realizó la audiencia preparatoria de juicio y la presentación del dictamen del fiscal José Luis Jaramillo.
Leonardo Tipán, juez décimo de Garantías Penales, resolvió procesar a los jóvenes como presuntos autores de terrorismo organizado (establecido en el art. 160 numeral 1 del Código Penal), tras la audiencia que duró seis horas y media.
Del auditorio, Cristina Campaña, de 23 años, Pablo Andrés Castro (24), Víctor Hugo Vinueza (48), César Zambrano (23), Luis Merchán (24), Luis Gallegos (30), Cristhian Gómez (25), Yesenia Heras (28) y Héctor Estupiñán (27), todos procesados, fueron sacados por media docena de guías penitenciarios sin que se les permitiera hablar con la prensa y fueron trasladados de nuevo a la prisión.
En la audiencia, que fue declarada reservada, Jaramillo defendió la tesis de que los 10 activistas son parte de una organización terrorista que tenía como objetivo la toma del poder por medio de las armas.
Una decena de amigos y allegados a los activistas sociales se plantaron afuera del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Quito. Con pancartas, camisetas impresas con los rostros de los acusados y un repertorio de consignas pedían la liberación de todos los que fueron detenidos en el operativo efectuado la tarde del 3 de marzo pasado por la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).
Los policías, junto con un grupo táctico, allanaron una vivienda ubicada en el sur de Quito a las 16:40, pero los detenidos fueron llevados pasadas las 22:00 a la Policía Judicial.
En la audiencia, el fiscal aseguró que la evidencia era contundente. Celulares, computadoras, pericias en los correos electrónicos y páginas web con supuestos mensajes subversivos; un libro de reclutamiento y formación ideológica demostraría la existencia de una organización al margen de la ley con fines políticos.
Al grupo también se lo relacionó con detonaciones de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca en noviembre y diciembre pasado.
Sin embargo, uno de los cuatro abogados de la defensa, Gonzalo Realpe, dijo que la Fiscalía no ha logrado probar cómo se iba a tomar el poder por las armas, al presentar como evidencia un arma de fuego que se encontró en casa de Fadua Tapia, que era herencia de su abuelo y que no puede ser accionada por el avanzado estado de oxidación.
González también explicó que debería existir la evidencia de productos químicos con los que se habrían preparado las supuestas bombas para que se configure el delito de terrorismo, que se penaliza con cuatro a ocho años de cárcel.
El defensor señaló que cuando las bombas fueron detonadas los panfletos estaban firmados por la organización N15 o Noviembre 15.
“Cómo se relacionan panfletos del N15 con el Grupo de Combatientes Populares (GCP), al que el fiscal dice que mis defendidos pertenecen”, recalcó.
Sin embargo, Jaramillo sostuvo su acusación en que mediante las investigaciones se determinó que la supuesta célula terrorista recibía financiamiento económico de otras organizaciones políticas y legalmente establecidas.
“Se encontraron cheques con valores económicos. Estas organizaciones serían su fuente de financiamiento”, aseguró el fiscal sin detallar sus nombres. Jaramillo explicó que tras la investigación en correos, páginas web, perfiles en facebook e información de los computadores se establecieron planes y diseños para la elaboración de bombas y que estos diseños se relacionan con los artefactos que fueron detonadas. El funcionario dijo que se hallaron protocolos de adiestramiento y formación, así como reclutamiento de miembros para el GCP, técnicas subversivas, eliminación de objetivos, elaboración de bombas y artefactos explosivos, utilización de armas de fuego y ejecución de operaciones tácticas.
Para los familiares y amigos de los jóvenes, el grupo está procesado por pensar diferente y por ser activistas políticos contrarios al pensamiento del Gobierno y porque planeaban ser parte de las marchas del 8 y 20 de marzo pasado.
“Son presos políticos, no delincuentes. Mi hermano (Víctor Hugo Vinueza) desde joven ha liderado procesos democráticos, ha sido presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador y ha estado en las Juventudes Cristianas”, explicó Ramiro Vinueza.
Desde Guayaquil viajó Rosa Romo, madre de Royce Gómez, para acompañarlo en la diligencia, que a su criterio estuvo amañada y sin independencia judicial.
En su ciudad de origen, Romo dejó a su nieta de cinco años, hija de Gómez, que no sabe que su padre está detenido. “Le dijimos que está trabajando en otra ciudad, pero siempre pregunta por su papi”, dijo. (SO)
"Cómo se hace terrorismo sin armas y sin financiamiento"
Carlos Tapia, padre de Fadua Tapia, una de las procesados. Es hermano de Pablo Tapia, asesinado junto al diputado Jaime Hurtado.
Entrevista
¿Cómo se ha desarollado el embarazo de su hija durante el arresto domiciliario?
Mi hija estaba embarazada de cuatro meses cuando fue detenida. Al principio se dispuso que la custodiaran cuatro policías, dos hombre y dos mujeres. Una de las policías tenía la orden de no despegarse de ella (Fadua) y le tuvimos que poner un sofá en el interior del dormitorio para que pase las primeras noches.
¿Durante el arresto Fadua pudo salir a los chequeos médicos?
Era un problema conseguir los permisos. Algunas citas las perdimos Desde el 16 de julio pasado que le cambiaron el arresto por la presentación cada 15 días en el juzgado los controles médicos se normalizaron.
¿Cuando le toca dar a luz?
Ya está de nueve meses, en unas semanas más y vemos a la bebé. Todavía no sabemos si llamarla, pero va hacer una bendición.
¿Cómo van hacer con las presentaciones en la juzgado cuando le toque dar a luz?
Estamos preocupados porque por ahora parece parto normal, pero no sabemos si tenga complicaciones. Ojalá no.
¿Cómo está el ánimo de su hija al verse acusada?
Yo le siento aparentemente fuerte, pero está reprimiendo. Quiere demostrar su fortaleza, que yo sé que la tiene, es una luchadora, pero siempre es una angustia que la vida penda de un hilo, de una decisión judicial.
¿Ha recibido atención psicológica?
Ya son dos meses que asiste a una terapia que la ha ayuda mucho. Ahora está más animada porque puede salir a tomar un jugo y conversar sin tener un policía encima.
¿Por qué cree que la acusan de terrorista?
Por pensar diferente, por querer protestar y decir que las cosas en este país no están tan bien como nos quieren hacer pensar. Recuerde que la detuvieron antes de las marchas del 8 y 20 de marzo. ¿La fiscalía la acusa de querer tomarse el poder con las armas?
¿Con qué armas?, ¿con un cuchillo de cocina que se llevaron en uno de los allanamientos que hizo la Fiscalía? El fiscal debe probar que los muchachos tenían armas o planeaban comprarlas.
Ayer, el juez Décimo de Garantías Penales resolvió llamar a juicio a 10 activistas sociales acusados de pertenecer al Grupo de los Combatientes Populares
Fadua Tapia , de 18 años, tiene nueve meses de embarazo y será juzgada por terrorismo organizado en calidad de autor, al igual que otros nueve activistas políticos.
Ayer, poco después de las 08:30 llegó agarrada del brazo de su madre al auditorio del Palacio de Justicia de Quito, lugar donde se realizó la audiencia preparatoria de juicio y la presentación del dictamen del fiscal José Luis Jaramillo.
Leonardo Tipán, juez décimo de Garantías Penales, resolvió procesar a los jóvenes como presuntos autores de terrorismo organizado (establecido en el art. 160 numeral 1 del Código Penal), tras la audiencia que duró seis horas y media.
Del auditorio, Cristina Campaña, de 23 años, Pablo Andrés Castro (24), Víctor Hugo Vinueza (48), César Zambrano (23), Luis Merchán (24), Luis Gallegos (30), Cristhian Gómez (25), Yesenia Heras (28) y Héctor Estupiñán (27), todos procesados, fueron sacados por media docena de guías penitenciarios sin que se les permitiera hablar con la prensa y fueron trasladados de nuevo a la prisión.
En la audiencia, que fue declarada reservada, Jaramillo defendió la tesis de que los 10 activistas son parte de una organización terrorista que tenía como objetivo la toma del poder por medio de las armas.
Una decena de amigos y allegados a los activistas sociales se plantaron afuera del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Quito. Con pancartas, camisetas impresas con los rostros de los acusados y un repertorio de consignas pedían la liberación de todos los que fueron detenidos en el operativo efectuado la tarde del 3 de marzo pasado por la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).
Los policías, junto con un grupo táctico, allanaron una vivienda ubicada en el sur de Quito a las 16:40, pero los detenidos fueron llevados pasadas las 22:00 a la Policía Judicial.
En la audiencia, el fiscal aseguró que la evidencia era contundente. Celulares, computadoras, pericias en los correos electrónicos y páginas web con supuestos mensajes subversivos; un libro de reclutamiento y formación ideológica demostraría la existencia de una organización al margen de la ley con fines políticos.
Al grupo también se lo relacionó con detonaciones de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca en noviembre y diciembre pasado.
Sin embargo, uno de los cuatro abogados de la defensa, Gonzalo Realpe, dijo que la Fiscalía no ha logrado probar cómo se iba a tomar el poder por las armas, al presentar como evidencia un arma de fuego que se encontró en casa de Fadua Tapia, que era herencia de su abuelo y que no puede ser accionada por el avanzado estado de oxidación.
González también explicó que debería existir la evidencia de productos químicos con los que se habrían preparado las supuestas bombas para que se configure el delito de terrorismo, que se penaliza con cuatro a ocho años de cárcel.
El defensor señaló que cuando las bombas fueron detonadas los panfletos estaban firmados por la organización N15 o Noviembre 15.
“Cómo se relacionan panfletos del N15 con el Grupo de Combatientes Populares (GCP), al que el fiscal dice que mis defendidos pertenecen”, recalcó.
Sin embargo, Jaramillo sostuvo su acusación en que mediante las investigaciones se determinó que la supuesta célula terrorista recibía financiamiento económico de otras organizaciones políticas y legalmente establecidas.
“Se encontraron cheques con valores económicos. Estas organizaciones serían su fuente de financiamiento”, aseguró el fiscal sin detallar sus nombres. Jaramillo explicó que tras la investigación en correos, páginas web, perfiles en facebook e información de los computadores se establecieron planes y diseños para la elaboración de bombas y que estos diseños se relacionan con los artefactos que fueron detonadas. El funcionario dijo que se hallaron protocolos de adiestramiento y formación, así como reclutamiento de miembros para el GCP, técnicas subversivas, eliminación de objetivos, elaboración de bombas y artefactos explosivos, utilización de armas de fuego y ejecución de operaciones tácticas.
Para los familiares y amigos de los jóvenes, el grupo está procesado por pensar diferente y por ser activistas políticos contrarios al pensamiento del Gobierno y porque planeaban ser parte de las marchas del 8 y 20 de marzo pasado.
“Son presos políticos, no delincuentes. Mi hermano (Víctor Hugo Vinueza) desde joven ha liderado procesos democráticos, ha sido presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador y ha estado en las Juventudes Cristianas”, explicó Ramiro Vinueza.
Desde Guayaquil viajó Rosa Romo, madre de Royce Gómez, para acompañarlo en la diligencia, que a su criterio estuvo amañada y sin independencia judicial.
En su ciudad de origen, Romo dejó a su nieta de cinco años, hija de Gómez, que no sabe que su padre está detenido. “Le dijimos que está trabajando en otra ciudad, pero siempre pregunta por su papi”, dijo. (SO)
"Cómo se hace terrorismo sin armas y sin financiamiento"
Carlos Tapia, padre de Fadua Tapia, una de las procesados. Es hermano de Pablo Tapia, asesinado junto al diputado Jaime Hurtado.
Entrevista
¿Cómo se ha desarollado el embarazo de su hija durante el arresto domiciliario?
Mi hija estaba embarazada de cuatro meses cuando fue detenida. Al principio se dispuso que la custodiaran cuatro policías, dos hombre y dos mujeres. Una de las policías tenía la orden de no despegarse de ella (Fadua) y le tuvimos que poner un sofá en el interior del dormitorio para que pase las primeras noches.
¿Durante el arresto Fadua pudo salir a los chequeos médicos?
Era un problema conseguir los permisos. Algunas citas las perdimos Desde el 16 de julio pasado que le cambiaron el arresto por la presentación cada 15 días en el juzgado los controles médicos se normalizaron.
¿Cuando le toca dar a luz?
Ya está de nueve meses, en unas semanas más y vemos a la bebé. Todavía no sabemos si llamarla, pero va hacer una bendición.
¿Cómo van hacer con las presentaciones en la juzgado cuando le toque dar a luz?
Estamos preocupados porque por ahora parece parto normal, pero no sabemos si tenga complicaciones. Ojalá no.
¿Cómo está el ánimo de su hija al verse acusada?
Yo le siento aparentemente fuerte, pero está reprimiendo. Quiere demostrar su fortaleza, que yo sé que la tiene, es una luchadora, pero siempre es una angustia que la vida penda de un hilo, de una decisión judicial.
¿Ha recibido atención psicológica?
Ya son dos meses que asiste a una terapia que la ha ayuda mucho. Ahora está más animada porque puede salir a tomar un jugo y conversar sin tener un policía encima.
¿Por qué cree que la acusan de terrorista?
Por pensar diferente, por querer protestar y decir que las cosas en este país no están tan bien como nos quieren hacer pensar. Recuerde que la detuvieron antes de las marchas del 8 y 20 de marzo. ¿La fiscalía la acusa de querer tomarse el poder con las armas?
¿Con qué armas?, ¿con un cuchillo de cocina que se llevaron en uno de los allanamientos que hizo la Fiscalía? El fiscal debe probar que los muchachos tenían armas o planeaban comprarlas.
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