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Publicado el: 22/07/2011
Organismos internacionales deploran condena a directivos de El Universo
La condena a tres directivos y un ex editorialista de un diario ecuatoriano demandados por el presidente Rafael Correa generó el jueves airadas críticas de organizaciones de defensa de la libertad de información y grupos de prensa en el mundo.

Human Rights Watch (HRW) lamentó hoy como un "golpe a la libertad de expresión" la condena al diario ecuatoriano "El Universo" y advirtió de que la decisión judicial "viola" las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Ecuador, al que llamó a abolir sus leyes sobre difamación.

"La condena criminal de los críticos al presidente (Rafael Correa) es un gran revés para la libertad de expresión en Ecuador", alertó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

"Castigar a un periodista y a los directores de un periódico por "ofender" al presidente tendrá seguramente un impacto muy negativo en los medios y en el debate público de Ecuador", señaló.

A juicio de HRW, las condenas a los directivos y periodista del rotativo deberían ser revocadas en una apelación al ser "incompatibles con la libertad de expresión tal como la garantizan la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" de las que, recordó la organización de derechos humanos, Ecuador es "signatario".

"En el interés de promover el vibrante debate público necesario en una sociedad democrática, los organismos internacionales de derechos humanos han criticado desde hace tiempo el uso de cargos criminales por difamación en respuesta a acusaciones que involucren a funcionarios públicos", recordó HRW.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó hoy su "preocupación" por la condena contra el periódico "El Universo" de Ecuador y advirtió de que la sentencia tiene un "notable efecto intimidatorio y de autocensura" que afecta a "toda" la sociedad ecuatoriana.

La decisión judicial "es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana", advirtió el organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Relatoría para la Libertad de Expresión recordó hoy que "la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión".

En el caso del diario "El Universo", para la Relatoría "no hay un interés social imperativo que justifique" el uso del derecho penal y su utilización "resulta innecesaria y desproporcionada". Asimismo, insistió, "puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público".

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) deploró la sentencia, que calificó de "acoso judicial", en un comunicado difundido desde París. "Este acoso judicial pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas que busca acallar los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el presidente (Rafael) Correa", dijo.

El ex editor Emilio Palacio y los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez, del diario El Universo, fueron sentenciados el miércoles por un juzgado de Guayaquil a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares en una demanda por injurias presentada por Correa, debido a una columna que lo criticaba.

"Aún si Palacio sostuvo una posición extrema, rechazamos la condena", agregó RSF, que abogó por "despenalizar los delitos de prensa" en Ecuador y consideró la decisión "inoportuna" pues fue adoptada "en pleno debate sobre la futura Ley de Comunicación".

Palacio escribió, en un artículo publicado el 6 de febrero, que "el Dictador debería recordar" que "en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente". El artículo se refería a acciones en el marco de una rebelión policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se refirió a la sentencia como "un grave zarpazo" a la libertad de información, según estimó su presidente Gonzalo Marroquín, quien se solidarizó con los periodistas de El Universo.

El gobierno de Rafael Correa "continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por ley o por vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos", acusó Marroquín en un comunicado.

La SIP, organización de dueños y editores de medios de comunicación con sede en Miami y criticada duramente por Correa en diversas oportunidades, mostró asmimismo su extrañeza por " la rapidez del proceso que culminó en la condena " , e instó a " instancias superiores " de justicia a revertir la decisión que fue apelada por los periodistas.

En la querella, presentada el 21 de marzo, Correa pidió tres años de cárcel para los cuatro acusados y una indemnización de 80 millones de dólares.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) , una red de medios y periodistas con sede en Viena, dijo estar " escandalizado " con la sentencia, que consideró " desproporcionada " y " excesiva " .

"Estamos escandalizados por el veredicto y lo condenamos. Es desproporcionado con respecto al "delito" cometido", declaró su directora, Alison Bethel McKenzie, recalcando que un procedimiento ante una jurisdicción civil "habría sido más conforme con los parámetros internacionales".

"La naturaleza excesiva de la sentencia demuestra la necesidad de eliminar en América Latina como en el resto del mundo las leyes penales arcaicas e ilegítimas contra la difamación", añadió la directiva del IPI, red que se proclama dedicada a "salvaguardar la libertad de prensa, de opinión y de expresión".

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se sumó a las críticas diciendo que la condena era "una decisión preocupante que no guarda relación con la supuesta infracción o delito", por tratarse de una opinión editorial "que en modo alguno podría significar un acto delictivo".

"La sentencia revela lo acertadas que estaban las dudas sobre la independencia de ciertos sectores del poder judicial de Ecuador", dijo Ricardo Uceda, director ejecutivo de IPYS, una sociedad latinoamericana de periodistas basada en Lima y con presencia en Ecuador.
 
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