¿Hay infiltración criminal en empresas de seguridad privada en Ecuador?

¿Hay infiltración criminal en empresas de seguridad privada en Ecuador?
Publicado el: 07/02/2026
En Ecuador, el auge del crimen organizado ha impulsado el crecimiento de las empresas de seguridad privada, pero evidencias crecientes revelan que estas firmas estarían siendo infiltradas por delincuentes, sirviendo tanto a intereses legítimos como ilícitos. Un informe de InSight Crime destaca cómo narcotraficantes y pandilleros utilizan estas compañías para camuflar operaciones criminales.

Un caso emblemático es el de Carlos Joel G.C., alias "Carlitos", un narcotraficante de Guayaquil que lideraba una de las organizaciones más sofisticadas del país. Según el Ministerio del Interior, Carlitos empleaba vehículos blindados de sus empresas de seguridad registradas para transportar cocaína a camaroneras, desde donde lanchas rápidas la llevaban a buques en los puertos.

Estas empresas legales permitían que sus actividades pasaran desapercibidas ante las autoridades, ilustrando la vulnerabilidad del sector. InSight Crime analiza cómo la expansión de la industria, impulsada por la ineficacia de las medidas gubernamentales, ha facilitado esta infiltración.

El sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente ante la persistente ola criminal, pese a la "mano dura" del presidente Daniel Noboa. Aunque los homicidios han bajado ligeramente, delitos como extorsión y secuestro siguen en aumento, dejando a empresas y ciudadanos "abandonados", según un líder empresarial anónimo de Guayaquil, segura InsighCrime.

En 2023, los ecuatorianos gastaron US$922 millones en servicios de seguridad privada, un incremento desde los US$745 millones de 2016. El número de nuevas firmas saltó de 134 en 2022 a 194 en 2023, según investigaciones de Connectas y Vistazo, llenando vacíos en vigilancia y protección.

El gobierno ha recurrido a estas empresas para reforzar su estrategia. En julio, la Policía Nacional lanzó un programa de intercambio de información y vigilancia con el sector privado, tras la revisión de la Ley de Seguridad en febrero. Además, se flexibilizaron normas sobre armas, reduciendo impuestos del 300% al 30% en junio, facilitando arsenales más grandes.

Sin embargo, esta expansión atrae a criminales que evaden condenas para registrar empresas. Stalin Rolando Olivero Vargas, alias "El Marino", líder de los Lagartos, poseía una firma pese a estar en la lista de buscados, legalizando 76 armas, según Connectas.

Junior Roldán, alias "JR", exlíder de los Choneros asesinado en 2023, usaba una empresa registrada a nombre de familiares para lavar dinero y proyectar influencia, incluso colaborando en eventos públicos con gobiernos locales, reporta Primicias.

Los delincuentes también se hacen pasar por guardias para extorsionar negocios en Guayaquil, cobrando "mensualidades" como si fueran servicios legítimos, advierte César Llaguno de Segura EP. Además, hay riesgos como robos de depósitos de armas, como un incidente en Durán donde guardias mataron a colegas para saquear arsenales.

Funcionarios y líderes del sector sospechan que el problema es generalizado, con "más de una docena" de empresas vinculadas a grupos criminales, infiltrando incluso consejos de seguridad municipales y utilizando vigilancia oficial para evadir capturas, según InSight Crime.

Puede leer el informe competro de InSight Crime aquí

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