Consejeros correístas del Consejo de Participación Ciudadana habrían interpretado/manipulado sentencia de Corte Constitucional
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a las decisiones controvertidas de sus vocales y las consecuencias legales que podrían enfrentar. El organismo, parece atrapado en una maraña de disputas políticas, interpretaciones legales y tensiones institucionales que han debilitado su credibilidad.
Cuatro vocales del CPCCS decidieron devolver a Raúl González Carrión su puesto como superintendente de Bancos, basándose en una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional (CC). Además, tomaron una decisión aún más polémica: nombrar un nuevo superintendente para el período 2027-2032. Sin embargo, la Corte ha señalado que estas acciones no se ajustan a lo resuelto en su fallo, dejando abierta la posibilidad de sanciones, incluida la destitución de los vocales involucrados.
La controversia sobre la Superintendencia de Bancos lleva años gestándose. Desde 2022, este cargo ha sido objeto de disputas legales y políticas que han dificultado la estabilidad institucional. Actualmente, la entidad cuenta con una autoridad subrogante, ya que ni Raúl González ni Roberto Romero han logrado asumir formalmente el cargo.
El origen del conflicto radica en una sentencia emitida por la Corte Constitucional el 5 de diciembre de 2024. Esta resolución favoreció a Raúl González al señalar que los fallos judiciales anteriores desnaturalizaron la acción de protección presentada en su contra. No obstante, la Corte aclaró que su decisión no puede alterar situaciones jurídicas consolidadas, como los procesos de selección posteriores.
A pesar de esta aclaración, los vocales del CPCCS interpretaron que González tenía un "derecho adquirido". Según Augusto Verduga, la sentencia validaba la designación de González por encima de cualquier expectativa legítima de otros candidatos, como Roberto Romero. Esta postura generó una profunda división entre los vocales del Consejo, reflejada en las votaciones internas.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación penal contra los vocales que apoyaron las decisiones cuestionadas. Entre los posibles delitos figuran la usurpación de funciones y el incumplimiento de decisiones legítimas. El 24 de enero de 2025, las oficinas del CPCCS en Quito fueron allanadas, y varios dispositivos electrónicos, incluido el teléfono del consejero Verduga, fueron incautados.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha activado un proceso de seguimiento para evaluar el cumplimiento de su sentencia. Este procedimiento podría culminar con la destitución de los vocales responsables si se confirma que desobedecieron el fallo.
El CPCCS no es ajeno a los conflictos internos. Desde su creación, ha sido escenario de disputas entre distintas fuerzas políticas que buscan controlar el nombramiento de autoridades clave. La elección de superintendentes de Bancos es solo el capítulo más reciente de una larga serie de controversias.
En el pasado, la institución enfrentó la destitución de siete de sus vocales por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Estos antecedentes subrayan la fragilidad del CPCCS y la dificultad para consolidar su rol como garante de la participación ciudadana.
La actual crisis plantea interrogantes sobre el futuro del CPCCS y su capacidad para cumplir con su mandato. La intervención de la Corte Constitucional y la Fiscalía podría tener repercusiones significativas, no solo para los vocales involucrados, sino también para la percepción pública del organismo.
Además, queda pendiente resolver quién asumirá finalmente la Superintendencia de Bancos y bajo qué condiciones.
Foto: Allanamiento a oficinas CPCCS, Fiscalía Ecuador
Cuatro vocales del CPCCS decidieron devolver a Raúl González Carrión su puesto como superintendente de Bancos, basándose en una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional (CC). Además, tomaron una decisión aún más polémica: nombrar un nuevo superintendente para el período 2027-2032. Sin embargo, la Corte ha señalado que estas acciones no se ajustan a lo resuelto en su fallo, dejando abierta la posibilidad de sanciones, incluida la destitución de los vocales involucrados.
La controversia sobre la Superintendencia de Bancos lleva años gestándose. Desde 2022, este cargo ha sido objeto de disputas legales y políticas que han dificultado la estabilidad institucional. Actualmente, la entidad cuenta con una autoridad subrogante, ya que ni Raúl González ni Roberto Romero han logrado asumir formalmente el cargo.
El origen del conflicto radica en una sentencia emitida por la Corte Constitucional el 5 de diciembre de 2024. Esta resolución favoreció a Raúl González al señalar que los fallos judiciales anteriores desnaturalizaron la acción de protección presentada en su contra. No obstante, la Corte aclaró que su decisión no puede alterar situaciones jurídicas consolidadas, como los procesos de selección posteriores.
A pesar de esta aclaración, los vocales del CPCCS interpretaron que González tenía un "derecho adquirido". Según Augusto Verduga, la sentencia validaba la designación de González por encima de cualquier expectativa legítima de otros candidatos, como Roberto Romero. Esta postura generó una profunda división entre los vocales del Consejo, reflejada en las votaciones internas.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación penal contra los vocales que apoyaron las decisiones cuestionadas. Entre los posibles delitos figuran la usurpación de funciones y el incumplimiento de decisiones legítimas. El 24 de enero de 2025, las oficinas del CPCCS en Quito fueron allanadas, y varios dispositivos electrónicos, incluido el teléfono del consejero Verduga, fueron incautados.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha activado un proceso de seguimiento para evaluar el cumplimiento de su sentencia. Este procedimiento podría culminar con la destitución de los vocales responsables si se confirma que desobedecieron el fallo.
El CPCCS no es ajeno a los conflictos internos. Desde su creación, ha sido escenario de disputas entre distintas fuerzas políticas que buscan controlar el nombramiento de autoridades clave. La elección de superintendentes de Bancos es solo el capítulo más reciente de una larga serie de controversias.
En el pasado, la institución enfrentó la destitución de siete de sus vocales por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Estos antecedentes subrayan la fragilidad del CPCCS y la dificultad para consolidar su rol como garante de la participación ciudadana.
La actual crisis plantea interrogantes sobre el futuro del CPCCS y su capacidad para cumplir con su mandato. La intervención de la Corte Constitucional y la Fiscalía podría tener repercusiones significativas, no solo para los vocales involucrados, sino también para la percepción pública del organismo.
Además, queda pendiente resolver quién asumirá finalmente la Superintendencia de Bancos y bajo qué condiciones.
Foto: Allanamiento a oficinas CPCCS, Fiscalía Ecuador
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