Juicio político contra Mario Godoy: El testimonio del juez Carlos Serrano y las presiones en el Consejo de la Judicatura
En el panorama político ecuatoriano, el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha captado la atención nacional desde finales de 2025. Este proceso, impulsado principalmente por asambleístas del correísmo, ha revelado presuntas irregularidades en el sistema judicial, incluyendo presiones indebidas sobre jueces y fallos en la protección de funcionarios. El 6 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión con la comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Su testimonio, calificado como "demoledor" por varios analistas, no solo ratificó denuncias previas, sino que expuso vulnerabilidades en la administración de justicia en Ecuador.
El juicio político fue iniciado por asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Viviana Veloz, Raúl Chávez y otros, acusando a Godoy de incumplimiento de funciones. El proceso se formalizó en la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez de Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó un cronograma que culminará el 15 de febrero de 2026 con un informe motivado. Este informe recomendará si proceder con la censura y destitución de Godoy o archivar el caso.
Entre los hechos clave que impulsaron el juicio se encuentran no solo las presiones judiciales, sino también incidentes violentos. Serrano reportó un coche bomba cerca del Complejo Judicial Norte en Quito, donde tenía su oficina, y amenazas en un restaurante frecuentado por él. Estos eventos, según el juez, estaban vinculados a sus decisiones en casos sensibles como Euro 2024, relacionado con narcotráfico y lavado de activos. Además, Serrano criticó la falta de apoyo del Consejo de la Judicatura, que retiró su esquema de seguridad sin ofrecer alternativas adecuadas, dejándolo "completamente desprotegido".
El contexto político es crucial: el correísmo ve en este juicio una oportunidad para exponer supuestas alianzas entre Godoy y el oficialismo de ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa. Analistas como Rafael Oyarte han afirmado que Godoy "ha hecho méritos suficientes para ser censurado", aunque cuestionan si las acusaciones formales son las más sólidas. Por su parte, bloques como Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) han anunciado su apoyo a la censura, sumando potencialmente 68 votos, pero se necesitan 101 para destituir a Godoy.
Serrano no escatimó en detalles sobre las consecuencias de rechazar estas presiones. Mencionó el retiro abrupto de su protección policial, ordenado por el Consejo de la Judicatura, lo que lo dejó expuesto a amenazas. "Me sentí completamente desprotegido", afirmó, agregando que esta decisión no se relacionaba con sus amenazas personales, sino con una orden para teletrabajar en otro caso, el Triple A, involucrando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por comercio irregular de combustibles.
Además, Serrano lanzó críticas directas a Mario Godoy, presente en la audiencia: "Nunca se puso de mi lado como víctima". El juez denunció que, pese a las evidencias de riesgos, el Consejo no actuó con diligencia, permitiendo que "delincuentes de cuello blanco" influyeran en el sistema judicial. Este testimonio fue descrito por la asambleísta Viviana Veloz como "lapidario", fortaleciendo las acusaciones de que Godoy incumplió su deber de proteger la integridad de los jueces.
Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Godoy intentó desacreditar a Serrano, pero analistas como Ismael Quintana señalan que esto solo resaltó la "inoperancia" del Consejo ante presiones externas. Serrano también expresó temor por su vida, reconociendo que las amenazas persisten incluso en el extranjero.
El cronograma continúa: el 8 de febrero de 2026, Godoy presentará sus pruebas de descargo en una sesión presencial. Previamente, el 5 de febrero, se recibieron testimonios de Henry Gaibor, quien negó las presiones, aunque Serrano lo contradijo directamente. La Comisión ha enfrentado críticas por supuestos bloqueos, como la insistencia del correísmo para que Serrano compareciera pese a obstáculos iniciales.
Otros escenarios incluyen posibles mociones de archivo o informes divididos (mayoría y minoría), dependiendo de los votos en la Comisión. Además, eventos paralelos como la suspensión de 30 días al asambleísta Andrés Castillo de ADN por agresiones verbales podrían afectar el quórum en el Pleno, donde se decidirá el destino de Godoy a finales de febrero.
Políticamente, revela divisiones: el correísmo busca desmantelar supuestas alianzas oficialistas, mientras ADN defiende a Godoy, generando sospechas de "pactos oscuros". Ciudadanos y expertos, como Ramiro García, critican la postura de ADN por priorizar lealtades sobre la verdad.
Sobre el juez Serrano: En diciembre de 2022, el abogado azuayo Carlos Patricio Serrano Lucero fue designado por el pleno del Consejo de la Judicatura, bajo la presidencia de Fausto Murillo, como uno de los catorce jueces integrantes de la recién creada Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito y jurisdicción nacional sobre 44 tipos penales específicos. Su destacada puntuación de 86,94 en el concurso público de selección lo posicionó entre los seis magistrados que conformarían los dos tribunales iniciales de esta iniciativa judicial, respaldada por el Gobierno de Guillermo Lasso y la cooperación internacional de países como Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
Foto: Asamblea Nacional. Comparecencia de juez Serrano.
Antecedentes del Juicio Político: De las Denuncias Iniciales a la Formalización del Proceso
El caso contra Mario Godoy se remonta a diciembre de 2025, cuando el abogado Felipe Rodríguez publicó una columna de opinión denunciando presuntas presiones sobre el juez Carlos Serrano. Según Rodríguez, Serrano fue contactado por Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, quien le solicitó "prestar atención" a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, implicado en el caso Euro 2024. Esta denuncia fue ratificada por el propio Serrano, quien alegó que Gaibor actuaba bajo instrucciones superiores, aunque no especificó nombres en ese momento.El juicio político fue iniciado por asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Viviana Veloz, Raúl Chávez y otros, acusando a Godoy de incumplimiento de funciones. El proceso se formalizó en la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez de Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó un cronograma que culminará el 15 de febrero de 2026 con un informe motivado. Este informe recomendará si proceder con la censura y destitución de Godoy o archivar el caso.
Entre los hechos clave que impulsaron el juicio se encuentran no solo las presiones judiciales, sino también incidentes violentos. Serrano reportó un coche bomba cerca del Complejo Judicial Norte en Quito, donde tenía su oficina, y amenazas en un restaurante frecuentado por él. Estos eventos, según el juez, estaban vinculados a sus decisiones en casos sensibles como Euro 2024, relacionado con narcotráfico y lavado de activos. Además, Serrano criticó la falta de apoyo del Consejo de la Judicatura, que retiró su esquema de seguridad sin ofrecer alternativas adecuadas, dejándolo "completamente desprotegido".
El contexto político es crucial: el correísmo ve en este juicio una oportunidad para exponer supuestas alianzas entre Godoy y el oficialismo de ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa. Analistas como Rafael Oyarte han afirmado que Godoy "ha hecho méritos suficientes para ser censurado", aunque cuestionan si las acusaciones formales son las más sólidas. Por su parte, bloques como Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) han anunciado su apoyo a la censura, sumando potencialmente 68 votos, pero se necesitan 101 para destituir a Godoy.
El Testimonio Clave del Juez Carlos Serrano: Presiones, Amenazas y Críticas Directas a Godoy
La comparecencia de Serrano el 6 de febrero de 2026 duró aproximadamente dos horas y se realizó de manera telemática, tras dos intentos fallidos debido a su ausencia del país por motivos de seguridad. Desde el exilio, Serrano declaró: "Fui víctima de la presión de delincuentes de cuello blanco", refiriéndose explícitamente a Henry Gaibor, a quien acusó de ejercer presión directa en el caso Euro 2024. El juez ratificó que Gaibor, considerado "mano derecha" de Godoy, le pidió intervenir en favor del acusado serbio, lo que Serrano interpretó como una interferencia indebida en la independencia judicial.Serrano no escatimó en detalles sobre las consecuencias de rechazar estas presiones. Mencionó el retiro abrupto de su protección policial, ordenado por el Consejo de la Judicatura, lo que lo dejó expuesto a amenazas. "Me sentí completamente desprotegido", afirmó, agregando que esta decisión no se relacionaba con sus amenazas personales, sino con una orden para teletrabajar en otro caso, el Triple A, involucrando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por comercio irregular de combustibles.
Además, Serrano lanzó críticas directas a Mario Godoy, presente en la audiencia: "Nunca se puso de mi lado como víctima". El juez denunció que, pese a las evidencias de riesgos, el Consejo no actuó con diligencia, permitiendo que "delincuentes de cuello blanco" influyeran en el sistema judicial. Este testimonio fue descrito por la asambleísta Viviana Veloz como "lapidario", fortaleciendo las acusaciones de que Godoy incumplió su deber de proteger la integridad de los jueces.
Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Godoy intentó desacreditar a Serrano, pero analistas como Ismael Quintana señalan que esto solo resaltó la "inoperancia" del Consejo ante presiones externas. Serrano también expresó temor por su vida, reconociendo que las amenazas persisten incluso en el extranjero.
Otras Comparecencias y el Desarrollo del Proceso en la Comisión de Fiscalización
La sesión del 6 de febrero no se limitó a Serrano. La Comisión también recibió al juez Christian Fierro y al asambleísta Eckenner Recalde de ADN. Fierro, involucrado en casos anticorrupción, respaldó indirectamente las denuncias al hablar de vulnerabilidades en el sistema judicial. Recalde, por su parte, defendió la gestión de Godoy, argumentando que las acusaciones carecen de pruebas directas.El cronograma continúa: el 8 de febrero de 2026, Godoy presentará sus pruebas de descargo en una sesión presencial. Previamente, el 5 de febrero, se recibieron testimonios de Henry Gaibor, quien negó las presiones, aunque Serrano lo contradijo directamente. La Comisión ha enfrentado críticas por supuestos bloqueos, como la insistencia del correísmo para que Serrano compareciera pese a obstáculos iniciales.
Otros escenarios incluyen posibles mociones de archivo o informes divididos (mayoría y minoría), dependiendo de los votos en la Comisión. Además, eventos paralelos como la suspensión de 30 días al asambleísta Andrés Castillo de ADN por agresiones verbales podrían afectar el quórum en el Pleno, donde se decidirá el destino de Godoy a finales de febrero.
Implicaciones Políticas y Sociales: Hacia una Reforma Judicial en Ecuador
Este juicio político trasciende a Godoy y cuestiona la independencia del poder judicial en Ecuador. En un contexto de creciente influencia del narcotráfico, casos como Euro 2024 y Triple A destacan la necesidad de proteger a jueces de presiones externas. Analistas señalan que una censura a Godoy podría impulsar reformas, como fortalecer protocolos de seguridad y transparencia en el Consejo de la Judicatura.Políticamente, revela divisiones: el correísmo busca desmantelar supuestas alianzas oficialistas, mientras ADN defiende a Godoy, generando sospechas de "pactos oscuros". Ciudadanos y expertos, como Ramiro García, critican la postura de ADN por priorizar lealtades sobre la verdad.
Sobre el juez Serrano: En diciembre de 2022, el abogado azuayo Carlos Patricio Serrano Lucero fue designado por el pleno del Consejo de la Judicatura, bajo la presidencia de Fausto Murillo, como uno de los catorce jueces integrantes de la recién creada Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito y jurisdicción nacional sobre 44 tipos penales específicos. Su destacada puntuación de 86,94 en el concurso público de selección lo posicionó entre los seis magistrados que conformarían los dos tribunales iniciales de esta iniciativa judicial, respaldada por el Gobierno de Guillermo Lasso y la cooperación internacional de países como Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
Foto: Asamblea Nacional. Comparecencia de juez Serrano.
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