Fiscalía ratifica fortaleza del caso Triple A mientras el Tribunal define el futuro judicial de Aquiles Alvarez
El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, afirmó este miércoles 5 de agosto que el denominado caso Triple A continúa firme y cuenta con suficientes elementos probatorios para sostener la acusación en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el resto de los procesados por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.
Durante una entrevista televisiva en Teleamazonas, Alarcón aseguró que la investigación ha superado todas las fases previstas por el proceso penal y rechazó las versiones que sostienen que la causa habría perdido sustento jurídico. Según explicó, la Fiscalía considera que las pruebas incorporadas al expediente son "contundentes" y respaldan plenamente la teoría del caso.
> "El caso Triple A no está caído y no sucederá, porque ya pasamos la etapa preparatoria de juicio y las pruebas son contundentes", manifestó el fiscal encargado.
El titular encargado del Ministerio Público negó esa versión y sostuvo que la actuación de la institución se ha desarrollado conforme al debido proceso y sobre la base de evidencias técnicas y documentales, suficientes para sostener la acusación durante el juicio.
Además, explicó que aunque la denunciante rindió su versión durante la etapa investigativa, la Fiscalía decidió no convocarla nuevamente en la fase de juzgamiento debido a que el expediente ya contenía otros elementos de convicción que respaldaban la acusación.
Mientras Triple A analiza un presunto esquema de comercialización ilegal de hidrocarburos subsidiados, el caso Goleada investiga un supuesto delito de lavado de activos. El fiscal enfatizó que ambas causas siguen procedimientos independientes y poseen fundamentos jurídicos diferentes.
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado sostuvo que logró acreditar la existencia de una presunta estructura que habría desviado y comercializado ilegalmente combustibles subsidiados entre 2020 y 2024.
Según la acusación fiscal, estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a USD 61,5 millones para el Estado ecuatoriano.
La institución también solicitó:
* La disolución y clausura definitiva de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi.
* El pago de una reparación integral a favor del Estado.
* La imposición de las multas previstas en la legislación penal.
* La ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes vinculados a la investigación.
El defensor también denunció un supuesto "ensañamiento institucional" contra el alcalde de Guayaquil y cuestionó la actuación de la Fiscalía, de los jueces y de funcionarios del Gobierno dentro de los procesos penales que enfrenta su cliente.
Con el cierre de la etapa de juzgamiento y las posiciones de ambas partes ya expuestas, el proceso entra en su momento decisivo. La resolución que adopte el Tribunal no solo determinará la responsabilidad penal de los acusados, sino que marcará uno de los fallos judiciales de mayor impacto político y económico en el país durante este año.
Durante una entrevista televisiva en Teleamazonas, Alarcón aseguró que la investigación ha superado todas las fases previstas por el proceso penal y rechazó las versiones que sostienen que la causa habría perdido sustento jurídico. Según explicó, la Fiscalía considera que las pruebas incorporadas al expediente son "contundentes" y respaldan plenamente la teoría del caso.
> "El caso Triple A no está caído y no sucederá, porque ya pasamos la etapa preparatoria de juicio y las pruebas son contundentes", manifestó el fiscal encargado.
Fiscalía rechaza denuncias de persecución política
Alarcón también respondió a los cuestionamientos formulados por la defensa del alcalde guayaquileño, que ha insistido en que la investigación tendría un trasfondo político.El titular encargado del Ministerio Público negó esa versión y sostuvo que la actuación de la institución se ha desarrollado conforme al debido proceso y sobre la base de evidencias técnicas y documentales, suficientes para sostener la acusación durante el juicio.
Además, explicó que aunque la denunciante rindió su versión durante la etapa investigativa, la Fiscalía decidió no convocarla nuevamente en la fase de juzgamiento debido a que el expediente ya contenía otros elementos de convicción que respaldaban la acusación.
Diferencias entre los casos Triple A y Goleada
Durante su intervención, Alarcón aclaró que el caso Triple A y el caso Goleada, ambos relacionados con Aquiles Alvarez, corresponden a investigaciones completamente distintas.Mientras Triple A analiza un presunto esquema de comercialización ilegal de hidrocarburos subsidiados, el caso Goleada investiga un supuesto delito de lavado de activos. El fiscal enfatizó que ambas causas siguen procedimientos independientes y poseen fundamentos jurídicos diferentes.
Tribunal entra en etapa de deliberación
El proceso penal por el caso Triple A ya concluyó la fase de alegatos finales, por lo que el expediente pasó a conocimiento del Tribunal de Juzgamiento, cuyos magistrados deberán emitir la sentencia que definirá la situación jurídica de Aquiles Alvarez y los demás procesados.Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado sostuvo que logró acreditar la existencia de una presunta estructura que habría desviado y comercializado ilegalmente combustibles subsidiados entre 2020 y 2024.
Según la acusación fiscal, estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a USD 61,5 millones para el Estado ecuatoriano.
Fiscalía solicita penas máximas y cierre de empresas
Como parte de su acusación, la Fiscalía pidió al Tribunal que declare culpables a todos los procesados y aplique la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de considerar las agravantes que, a criterio del Ministerio Público, concurren en el caso.La institución también solicitó:
* La disolución y clausura definitiva de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi.
* El pago de una reparación integral a favor del Estado.
* La imposición de las multas previstas en la legislación penal.
* La ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes vinculados a la investigación.
La defensa sostiene que existe un error en la acusación
La estrategia de la defensa de Aquiles Alvarez se centra en cuestionar la base jurídica del proceso. Su abogado, Julio Cueva, sostiene que la Fiscalía fundamentó la acusación en una versión del artículo 265 del COIP que, según argumenta, no se encontraba vigente durante el período en el que habrían ocurrido los hechos investigados.El defensor también denunció un supuesto "ensañamiento institucional" contra el alcalde de Guayaquil y cuestionó la actuación de la Fiscalía, de los jueces y de funcionarios del Gobierno dentro de los procesos penales que enfrenta su cliente.
Otra sentencia se suma al escenario judicial de Alvarez
En paralelo al juicio principal, un tribunal condenó recientemente a Aquiles Alvarez por incumplir la medida cautelar que le obligaba a portar un grillete electrónico como alternativa a la prisión preventiva dentro del mismo caso Triple A.Con el cierre de la etapa de juzgamiento y las posiciones de ambas partes ya expuestas, el proceso entra en su momento decisivo. La resolución que adopte el Tribunal no solo determinará la responsabilidad penal de los acusados, sino que marcará uno de los fallos judiciales de mayor impacto político y económico en el país durante este año.
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