Contraloría destapa red de jueces con patrimonios de lujo que los sueldos no pueden justificar
La Contraloría General del Estado destapa una red de presunto enriquecimiento ilícito en el sistema judicial, donde altos funcionarios no han podido justificar fortunas de hasta tres millones de dólares.
Ecuador enfrenta una de las más graves crisis de confianza en su sistema judicial tras revelarse que 57 jueces y 2 fiscales no han podido justificar el origen de sus patrimonios, muchos de ellos millonarios. Así lo denunció el contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el 7 de julio de 2025.
La revelación forma parte de una estrategia de auditoría patrimonial agresiva emprendida por la Contraloría desde noviembre de 2023, cuando Torres asumió el cargo. Hasta la fecha, ya se han emitido 110 informes técnicos sobre funcionarios del sistema judicial, de los cuales 59 contienen indicios de responsabilidad penal (IRP) por enriquecimiento ilícito.
El trabajo de la Contraloría ha sido respaldado por herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, las cuales cruzan información entre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, deudas, inversiones, así como los patrimonios de cónyuges e hijos menores de edad. Gracias a esta tecnología, se han detectado discrepancias alarmantes en los informes patrimoniales jurados de los funcionarios judiciales.
Pero la lupa del control estatal no se detiene ahí. La estrategia ha comenzado a extenderse a otros organismos públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas.
No obstante, anunció la implementación de auditorías forenses especializadas y el fortalecimiento de unidades de auditoría interna, muchas de las cuales habían sido eliminadas durante gobiernos anteriores. Estas medidas buscan recuperar el control y profesionalismo del sistema de control estatal.
“Había directores que llevaban más de 15 años en los mismos cargos, enquistados en la estructura institucional”, denunció. En respuesta, se ha iniciado un proceso de depuración interna, con despidos, denuncias penales y reformas administrativas para evitar que se repitan estos hechos.
Con esta medida, la Contraloría espera promover una cultura de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
El contralor dejó claro que, aunque la Fiscalía General del Estado es la encargada de formular cargos penales, su entidad realiza un seguimiento continuo de los casos remitidos. “No nos quedamos de brazos cruzados; hacemos presión para que los expedientes no se archiven”, aseguró.
Sin embargo, varios legisladores mostraron su preocupación por la lentitud del sistema judicial, ya que algunos casos con presunto enriquecimiento ilícito llevan años sin resolución ni avances significativos. Ante esta situación, pidieron que se publique un estado procesal actualizado de cada uno de los expedientes.
Ecuador enfrenta una de las más graves crisis de confianza en su sistema judicial tras revelarse que 57 jueces y 2 fiscales no han podido justificar el origen de sus patrimonios, muchos de ellos millonarios. Así lo denunció el contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el 7 de julio de 2025.
La revelación forma parte de una estrategia de auditoría patrimonial agresiva emprendida por la Contraloría desde noviembre de 2023, cuando Torres asumió el cargo. Hasta la fecha, ya se han emitido 110 informes técnicos sobre funcionarios del sistema judicial, de los cuales 59 contienen indicios de responsabilidad penal (IRP) por enriquecimiento ilícito.
Millones sin justificar: ¿de dónde provienen?
“Estamos hablando de jueces que no pueden justificar montos de uno, dos o hasta tres millones de dólares”, declaró Torres. Aclaró que si bien pueden existir errores menores, como ingresos no declarados por valores bajos, los casos investigados exceden por mucho los márgenes de error aceptables y evidencian ingresos imposibles de justificar con sus salarios legales.El trabajo de la Contraloría ha sido respaldado por herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, las cuales cruzan información entre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, deudas, inversiones, así como los patrimonios de cónyuges e hijos menores de edad. Gracias a esta tecnología, se han detectado discrepancias alarmantes en los informes patrimoniales jurados de los funcionarios judiciales.
Auditorías en marcha y más escándalos por venir
Además de los informes ya emitidos, la Contraloría mantiene 60 auditorías adicionales en ejecución, mientras que siete nuevos exámenes han sido abiertos en el segundo semestre de 2025. Las provincias con mayor número de irregularidades detectadas son Pichincha, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.Pero la lupa del control estatal no se detiene ahí. La estrategia ha comenzado a extenderse a otros organismos públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas.
Un Estado desbordado y sin suficientes auditores
Durante su intervención ante la Asamblea, Torres fue enfático en señalar las limitaciones estructurales que enfrenta su institución. “Contamos con apenas 700 auditores para supervisar más de 3.400 entidades del Estado”, indicó. Esta falta de personal impide la ejecución de auditorías en tiempo real, lo que da espacio para que actos de corrupción queden impunes por años.No obstante, anunció la implementación de auditorías forenses especializadas y el fortalecimiento de unidades de auditoría interna, muchas de las cuales habían sido eliminadas durante gobiernos anteriores. Estas medidas buscan recuperar el control y profesionalismo del sistema de control estatal.
Corrupción interna en la Contraloría: los vacunadores
Una de las denuncias más graves provino de la propia institución de control. Torres admitió que, al llegar a la Contraloría, encontró “vacunadores”: funcionarios que extorsionaban a entidades auditadas para manipular o archivar informes a cambio de sobornos.“Había directores que llevaban más de 15 años en los mismos cargos, enquistados en la estructura institucional”, denunció. En respuesta, se ha iniciado un proceso de depuración interna, con despidos, denuncias penales y reformas administrativas para evitar que se repitan estos hechos.
Nueva herramienta: auditoría judicial
Entre las reformas propuestas destaca la creación de la auditoría judicial, un mecanismo que no evalúa las sentencias judiciales en sí, sino aspectos administrativos como cumplimiento de plazos, productividad de los jueces y tiempos procesales. Esta auditoría contará con el respaldo de la Corte Nacional de Justicia y asistencia técnica internacional.Con esta medida, la Contraloría espera promover una cultura de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
El contralor dejó claro que, aunque la Fiscalía General del Estado es la encargada de formular cargos penales, su entidad realiza un seguimiento continuo de los casos remitidos. “No nos quedamos de brazos cruzados; hacemos presión para que los expedientes no se archiven”, aseguró.
Sin embargo, varios legisladores mostraron su preocupación por la lentitud del sistema judicial, ya que algunos casos con presunto enriquecimiento ilícito llevan años sin resolución ni avances significativos. Ante esta situación, pidieron que se publique un estado procesal actualizado de cada uno de los expedientes.
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