Cambio de sexo y peculado: la polémica historia del alcalde de Pujilí procesado por resunto peculado
El proceso judicial que enfrenta el alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera fue enviado a prisión preventiva tras ser procesado por presunto peculado, en el marco de la investigación conocida como caso “Ornato Municipal”. La decisión fue tomada el sábado 9 de agosto de 2025 por un juez que dispuso su reclusión en una cárcel para mujeres, debido a que el alcalde figura como mujer en su cédula de identidad tras un cambio de sexo registrado en octubre de 2024.
Entre las obras bajo sospecha figuran también el cementerio municipal, trabajos de ornamentación urbana y otras construcciones en varias comunidades de Pujilí. Las denuncias fueron presentadas por el exvicealcalde y una funcionaria del GAD Municipal Intercultural de Pujilí, quienes alertaron sobre presuntas adjudicaciones irregulares y uso indebido de recursos.
En los 20 allanamientos realizados se incautaron computadores, teléfonos celulares, memorias externas, comprobantes de depósitos, documentos y otros elementos que aportarían a la investigación. Estos indicios fueron sumados a informes de vigilancia, resoluciones de adjudicación, movimientos bancarios y un examen especial de la Contraloría General del Estado que, según la Fiscalía, evidenciaría pagos de contratistas a proveedores personales del alcalde por adquisiciones realizadas antes de su posesión.
Otros siete procesados recibieron medidas cautelares menos gravosas, como la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante Fiscalía y la prohibición de enajenar bienes. Además, se ordenó la retención de sus cuentas bancarias mientras dure la investigación.
Foto: Ministerio del Interior.
Antecedentes del caso y presuntas irregularidades
La investigación se centra en una serie de contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, fecha en que Arroyo Cabrera asumió la alcaldía. Según la Fiscalía, antes de posesionarse oficialmente, el alcalde habría impulsado obras públicas con supuestos recursos privados —como la construcción de iglesias, casas comunales, caminos y el coliseo de Zumbahua— para luego adjudicarlas formalmente con fondos municipales, lo que constituiría un posible intento de justificar gastos previos con dinero público.Entre las obras bajo sospecha figuran también el cementerio municipal, trabajos de ornamentación urbana y otras construcciones en varias comunidades de Pujilí. Las denuncias fueron presentadas por el exvicealcalde y una funcionaria del GAD Municipal Intercultural de Pujilí, quienes alertaron sobre presuntas adjudicaciones irregulares y uso indebido de recursos.
Operativos y detenciones
La madrugada del 7 de agosto de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. En total, 17 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde Arroyo Cabrera y varios funcionarios y contratistas presuntamente implicados.En los 20 allanamientos realizados se incautaron computadores, teléfonos celulares, memorias externas, comprobantes de depósitos, documentos y otros elementos que aportarían a la investigación. Estos indicios fueron sumados a informes de vigilancia, resoluciones de adjudicación, movimientos bancarios y un examen especial de la Contraloría General del Estado que, según la Fiscalía, evidenciaría pagos de contratistas a proveedores personales del alcalde por adquisiciones realizadas antes de su posesión.
Medidas cautelares y proceso judicial
El Juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dispuso prisión preventiva para Arroyo Cabrera y otras nueve personas. Por el cambio de sexo registrado en su documento de identidad, el alcalde cumplirá la medida en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito.Otros siete procesados recibieron medidas cautelares menos gravosas, como la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante Fiscalía y la prohibición de enajenar bienes. Además, se ordenó la retención de sus cuentas bancarias mientras dure la investigación.
Posibles sanciones y marco legal
El caso se tramita bajo el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de diez a trece años de prisión para el delito de peculado, además de sanciones económicas y pérdida de derechos políticos. La instrucción fiscal tendrá un plazo inicial de 90 días, durante el cual se prevé que se recaben más pruebas y testimonios que puedan fortalecer la acusación o la defensa.Foto: Ministerio del Interior.
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