40 meses de prisión para exjuez que liberó de manera irregular a delincuente.
La justicia ecuatoriana emitió una sentencia ejemplar contra Patricio Javier V. C., exjuez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, quien fue condenado a 40 meses de prisión por conceder de manera irregular un indulto presidencial decretado durante la administración de Guillermo Lasso. El fallo judicial no solo expone la fragilidad institucional en torno al manejo de los indultos, sino que también refleja el esfuerzo del actual gobierno por desmontar los decretos que, en su momento, generaron controversia.
La Fiscalía General del Estado demostró en audiencia de procedimiento abreviado la responsabilidad del exjuez en el delito de prevaricato, figura que sanciona a los jueces que dictan resoluciones contrarias a la ley. En consecuencia, además de la pena privativa de libertad, la Corte Provincial de Justicia del Guayas impuso:
* Multa de 12 salarios básicos unificados (USD 5.640).
* Pago de una reparación integral de USD 12.000 a favor del Consejo de la Judicatura, entidad considerada víctima dentro del proceso.
* Medidas de reparación inmaterial, como la producción de un video institucional explicando las consecuencias jurídicas de sus actos.
La sentencia marca un precedente al visibilizar cómo el abuso de funciones judiciales puede afectar directamente la aplicación de políticas penitenciarias.
* El solicitante no podía estar condenado por delitos graves como delincuencia organizada.
* El beneficiario debía contar con sentencia ejecutoriada.
Pese a ello, el juez Patricio Javier V. C. concedió el beneficio a Miguel Ángel L., sentenciado a tres años y siete meses de prisión por delincuencia organizada, cuya condena aún no estaba en firme al encontrarse pendiente de apelación.
Este accionar contravenía abiertamente lo estipulado en el decreto y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La medida también se interpretó como un gesto político para distanciar su gestión de los cuestionamientos heredados del periodo de Lasso y recuperar confianza ciudadana en el sistema judicial y carcelario.
* Copia certificada de la sentencia condenatoria contra Miguel Ángel L.
* Providencias emitidas por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
* Documentos que evidenciaban que el indulto se otorgó sin cumplir los requisitos legales.
Ante la solidez del caso, el exjuez reconoció su participación y se acogió al procedimiento abreviado, lo que redujo su condena en un tercio, conforme lo dispone el artículo 635 del COIP.
Este caso también abre el debate sobre la necesidad de reformas más estrictas en los mecanismos de concesión de beneficios presidenciales, de manera que no puedan ser utilizados como resquicio para favorecer a personas vinculadas con delitos de alta peligrosidad.
La Fiscalía General del Estado demostró en audiencia de procedimiento abreviado la responsabilidad del exjuez en el delito de prevaricato, figura que sanciona a los jueces que dictan resoluciones contrarias a la ley. En consecuencia, además de la pena privativa de libertad, la Corte Provincial de Justicia del Guayas impuso:
* Multa de 12 salarios básicos unificados (USD 5.640).
* Pago de una reparación integral de USD 12.000 a favor del Consejo de la Judicatura, entidad considerada víctima dentro del proceso.
* Medidas de reparación inmaterial, como la producción de un video institucional explicando las consecuencias jurídicas de sus actos.
La sentencia marca un precedente al visibilizar cómo el abuso de funciones judiciales puede afectar directamente la aplicación de políticas penitenciarias.
El indulto presidencial que desató la controversia
El caso se centra en el Decreto Ejecutivo No. 265, firmado el 22 de noviembre de 2021 por el expresidente Guillermo Lasso, cuyo objetivo era otorgar indultos a privados de libertad con enfermedades catastróficas o terminales. Sin embargo, la normativa establecía restricciones claras, entre ellas:* El solicitante no podía estar condenado por delitos graves como delincuencia organizada.
* El beneficiario debía contar con sentencia ejecutoriada.
Pese a ello, el juez Patricio Javier V. C. concedió el beneficio a Miguel Ángel L., sentenciado a tres años y siete meses de prisión por delincuencia organizada, cuya condena aún no estaba en firme al encontrarse pendiente de apelación.
Este accionar contravenía abiertamente lo estipulado en el decreto y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Impacto político: Noboa y la derogación de decretos de Lasso
El escándalo derivado de este indulto irregular fue uno de los motivos que llevaron al presidente Daniel Noboa, en enero de 2025, a derogar varios decretos de su antecesor. La decisión buscaba blindar la política penitenciaria frente a vacíos legales que habían permitido beneficios indebidos a personas vinculadas con estructuras criminales.La medida también se interpretó como un gesto político para distanciar su gestión de los cuestionamientos heredados del periodo de Lasso y recuperar confianza ciudadana en el sistema judicial y carcelario.
Pruebas y procedimiento abreviado
Durante la audiencia, la Fiscal Provincial de Pichincha, Mayra Soria Escobar, presentó pruebas contundentes:* Copia certificada de la sentencia condenatoria contra Miguel Ángel L.
* Providencias emitidas por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
* Documentos que evidenciaban que el indulto se otorgó sin cumplir los requisitos legales.
Ante la solidez del caso, el exjuez reconoció su participación y se acogió al procedimiento abreviado, lo que redujo su condena en un tercio, conforme lo dispone el artículo 635 del COIP.
Un caso que deja lecciones para la justicia ecuatoriana
El proceso contra Patricio Javier V. C. representa una advertencia clara sobre los riesgos de manipular los beneficios penitenciarios con fines contrarios a la ley. Su condena busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la corrupción judicial y reafirmar la importancia de la transparencia en los procesos de indulto.Este caso también abre el debate sobre la necesidad de reformas más estrictas en los mecanismos de concesión de beneficios presidenciales, de manera que no puedan ser utilizados como resquicio para favorecer a personas vinculadas con delitos de alta peligrosidad.
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